La imagen del presidente Macri se ha visto sensiblemente disminuida. En el día de ayer publicamos en VCF que el índice de confianza del gobierno (ICG) para el presente mes de abril es de 2,07 puntos, equivalente a 41,4%. Lo que representa, una abrupta caída respecto a la confianza que la gente le tenía en marzo de 2018 (2,32 puntos, 46,4 por ciento).

Sin embargo, el Ejecutivo no pretende dar marcha atrás en las medidas que están preocupando a la mayoría de la sociedad, sino más bien, la apuesta es barajar y dar de nuevo. Tras el bochorno ocurrido en el Congreso la semana pasada luego de que el oficialismo impidiera el tratamiento de un proyecto de ley para congelar tarifas, y que la cúpula de Cambiemos propusiera como alternativa a los aumentos el ahorro, el Presidente no tuvo mejor idea que trasladar responsabilidades a las provincias. Así es como el Ejecutivo envió a la Cámara Alta un proyecto de ley para bajar los impuestos que se adicionan a los servicios públicos.

Según el texto del proyecto, "las facturas de los servicios públicos esenciales deberán contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado por el usuario, incluyendo solo el impuesto al IVA e Ingreso Brutos, si correspondiera" y "no se podrá incorporar en la facturación cualquier otro cargo, tasa o concepto" a los mencionados.

El proyecto se terminó de definir este martes en la Casa Rosada, en una reunión de la que participaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el presidente de Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el jefe del bloque del Pro en la Cámara Baja, Nicolás Massot, y la vicepresidente Gabriela Michetti.

Los primeros en acompañar la propuesta fueron Vidal y Larreta, a pesar de que la Gobernadora está en una paritaria infinita con los gremios docentes. Por su parte, el Jefe de gobierno de la Ciudad anunció que repartirá a los porteños bombitas led para contribuir a bajar el consumo.

En Mendoza el gobernador Alfredo Cornejo afirmó que los impuestos a los servicios en Mendoza no son significativos, y mandó a aumentar un 78% el agua, comenzando con el 30% desde el 1 de abril, y un aumento del 12% en junio, agosto, octubre y diciembre. Por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas Lisandro Nieri afirmó en diálogo con Radio Mitre que “la reducción de impuestos se da cuando la carga impositiva es exagerada, cuando uno tiene la situación ordenada, tiene poco qué hacer. No vamos a hacer nada en materia impositiva en las facturas”.

En este marco, los gobernadores de las provincias comenzaron a responder en cadena. El gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, señaló en Radio Mitre: “No podemos reducir impuestos que no existen”. Además destacó que “en Salta, como en muchas provincias, no se cobran impuestos provinciales en cabeza del usuario como en Buenos Aires. Por lo tanto, no podemos reducir algo que no existe”.

Por su parte, el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti le sugirió al Ejecutivo bajar el IVA en los servicios públicos, (teniendo en cuenta que es un impuesto regresivo), al tiempo que reclamó extender a todo el país beneficios tarifarios para la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Además, aprovechó para solicitarle al Gobierno que haga extensivos los beneficios que recibe Buenos Aires a todo el país: "Me parece importante que el subsidio y la tarifa social que la Nación le da en el agua y las cloacas a Capital Federal y Gran Buenos Aires, se extiendan a todo el país".

En tanto, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck explicó que no existe "ninguna carga impositiva provincial sobre las tarifas por fuera de las convenidas con Nación". Sin embargo, afirmó que la provincia aportará 4 millones de pesos mensuales para mantener los beneficios de la tarifa social de gas para disminuir el impacto del incremento.
Miguel Lifschitz, gobernador de Santa Fé también pidió la eliminación del IVA: “Es un impuesto nacional, que impacta en un 21 por ciento. Si queremos bajar impuestos el primero que habría que reducir es el IVA a todos los servicios públicos”. Además agregó: “Se intenta trasladar el costo político de las medidas más impopulares y tratar de compartirlo con los gobiernos provinciales que no tenemos ni arte ni parte en este tema, no definimos la tarifa, no hemos sido parte de las discusiones”.

Obviamente el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anunció que su provincia firmará el acuerdo impositivo propuesto por la Nación: "Esta decisión generará la obligación de compartir con Nación el esfuerzo por la tarifa social", señaló el mandatario.

Entonces, ¿Falta voluntad política?

Para responder esta pregunta es necesario entender cómo se distribuyen los ingresos a nivel nacional, y en qué situación económica se encuentran las provincias.

En este marco, es válido mencionar que el Presidente Mauricio Macriaumentó un 167% la coparticipación de la CiudadAutónoma de Buenos Aires y decretó que los fondos que deben transferirse de la Nación a la Ciudad aumenten del 1,4 por ciento del total de los fondos a la suma del 3,75%.

Así la coparticipación de Capital (3,75%) está sobre la de Chubut (1,38%), Jujuy (2,95%), La Pampa (1,95%), La Rioja (2,15%), Catamarca (2,86%), Río Negro (2,62%), San Luis (2,37%), San Juan (3,51%), Santa Cruz (1,38%), Neuquén (1,54%) y Tierra del Fuego (0,7%).

Por su parte las provincias que aún tienen mayor coparticipación son Córdoba (9,22%), Corrientes (3,86%), Chaco (5,18%), Entre Ríos (5,07%), Formosa (3,78%). También Mendoza (4,33%), Misiones (3,43%), Salta (3,98%), Santa Fe (9,28%), Santiago del Estero (4,29%) y Tucumán (4,94%). La que recibe un mayor porcentaje es la provincia de Buenos Aires, con un 19,93% para el 37% de la población, según la ley 23.548.

Además, el gobierno nacional derogó el decreto de participación que había firmado Cristina Kirchner que disponía el cese de la retención del 15% de los fondos coparticipables que efectuaba el Estado sobre las provincias.

Otro dato que aporta para comprender la situación, es un estudio del Producto Bruto Geográfico realizado por la consultora Abeceb.com. El Producto Bruto Geográfico (PBG) se mide a través de diversos indicadores de ingresos, productivos y fiscales.

Teniendo en cuenta este indicador, el mapa argentino queda así:

Este gráfico permite entender las disparidades a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Por ejemplo, el producto por habitante de la jurisdicción más rica del país, Santa Cruz, es de unas 15 veces el de la más pobre que es Chaco.

Otro índice que ayuda a entender el desequilibrio es el  Índice de Desarrollo Sostenible Provincial (IDSP), un indicador desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). Este índice se compone de variables que apuntan a capturar la dimensión del crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental.

El IDSP puede tomar valores entre 0 y 1. Cuanto más cercanos a 1, mayor es el nivel de desarrollo sostenible. En este sentido, el Pnud destacó: “De acuerdo al IDSP computado en 2016, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabeza el  ranking provincial y a una distancia considerable de las demás provincias, pues presenta los niveles más elevados en las dimensiones de crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental. Luego se identifica un grupo de provincias cuyo IDSP se encuentra por encima del promedio nacional, compuesto por Chubut, Mendoza, San Luis y Neuquén. Por debajo del promedio nacional se sitúa un grupo numeroso de provincias, compuesto por Santa Cruz, Entre Ríos, Río Negro, Buenos Aires, Santa Fe, Misiones, San Juan, Tierra del Fuego, Córdoba, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Jujuy, Corrientes y Salta. Al final del ranking quedan tres provincias cuya situación es más crítica: Formosa, Chaco y Santiago del Estero”.

Y, para seguir sumando con datos, según un informe del FMI consignado posteriormente por la agencia estatal de noticias Télam, el subsidio energético aplicado en el año 2015 representó el 3,25 % de su Producto Bruto Interno (PBI), por debajo del 3,32 % de Chile, del 3,82 % de los Estados Unidos y de 65 países más, entre 152 naciones en las que se incluyó el estudio. Argentina ocupaba en 2015 el puesto número 68, entre 152 países, en cuanto al gasto energético en comparación con su PBI. Por otra parte, si se toman en cuenta los subsidios per cápita, nuestro país se ubica en el lugar número 61.

En el caso del gasto en subsidios por habitante, los USD 413 que empleó Argentina estuvieron por debajo no sólo de los Estados Unidos y Chile sino también de los USD 2334,31 de Rusia, los USD 1669 de República Checa, los USD 1652 de China, los USD 1283 de Canadá, los USD 1260 de Australia, los USD 1113 de Israel, los USD 909 de Bélgica, los USD 684 de Alemania, los USD 635 del Reino Unido, los USD 601 de Grecia, los USD 595 de Holanda, los USD 550 de Nueva Zelanda y los USD 521 de España.

Si se hace la medición con base en la relación con su PBI, el de Argentina es del 3,25 %. Este número es inferior al 20,13 % de China, el 15,98 % de Rusia, el 13,16 % de Sudáfrica, el 12,34 % de India, el 9,13 % de Polonia, el 8,42 % de República Checa, el 6,63 % de Tailandia, el 4,51 % de Turquía, y el 3,94 % de Hungría.

En conclusión, esta es una más del gobierno que aparentemente vive en una tercera dimensión. Intentar imponer una ley impositiva a nivel nacional sin tener en cuenta la situación socioeconómica de cada provincia es un error, fundamentalmente por su inviabilidad.

Por otra parte, los ajustes y desbalances deberán hacerlos las provincias, mientras la Nación no se compromete a retocar el impuesto nacional más regresivo, el IVA.

No es cierto que antes la energía era gratis, pero tampoco es cierto que los subsidios son una anomalía económica, sino que se constituyen como una política económica y energética necesaria para el desarrollo de un país, y mucho más para un país tan desigual como el nuestro.