El gobierno nacional pretende cambiar el perfil de los planes sociales y acentuar las políticas hacia educación y capacitación, poniendo énfasis en estos nuevos requisitos para poder ser beneficiario de este tipo de programas.

La idea planteada desde el Ministerio de Desarrollo Social es apuntar a la finalización de la escolaridad por parte de los beneficiarios. Y, “de paso”, ahorrar 720 millones de pesos dispuestos para poner en funcionamiento estos planes sociales.

En diálogo con VCF los coordinadores provinciales de Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, Adrián Bonada y Guido Peña respectivamente, analizaron esta medida del gobierno nacional y cómo impacta barrio adentro en nuestra provincia.

El nuevo programa planteado desde Casa Rosada tiene dos ejes fundamentales: por un lado, la “Educación Formal Obligatoria”, por lo que los titulares de los planes deberán finalizar sus estudios primarios y secundarios. Por otro lado, la “Formación Integral” y especializarse, ya que el programa contempla cursos de formación superior y/o profesional. “Hacemos futuro” llega a cambiar el perfil de los planes sociales hasta ahora implementados.

Adrián Bonada, coordinador provincial de Barrios de Pie, analizó que “después de la marcha del #21F donde se empieza a abroquelar un frente social que se le para al gobierno y enfrenta las políticas de ajuste. Sale a plantear con una cuestión marketinera de que se va a exigir que los que cobren los planes sociales terminen la escuela”.  Y puntualizó que desde Barrios de Pie “eso lo venimos planteando hace años, esto es una necesidad y como nadie nos escuchaba empezamos a organizar áreas de educación popular y alfabetización. Todavía existen esas áreas”.

Por su parte, desde la CCC analizan que “más del 60% de los que reciben este beneficio no tienen el secundario completo”. Y aseguran que esto se debe a que “la mayoría de los sectores más carenciados de la sociedad no alcanzan a llegar a la educación pública porque se ven forzados a tener que salir a trabajar y generar ingresos desde muy pequeños. No hay condiciones para que una persona de bajos recursos pueda acceder a le educación”.

En tanto, Bonada puntualiza que “lo que busca el gobierno de fondo, es eliminar la dimensión laboral de los planes sociales. Ahí es donde está el gran error, esto tiene dos objetivos: primero, atacar la organización comunitaria, eliminar las cooperativas de trabajo, desfinanciar las unidades productivas y segundo, atacar de frente a las organizaciones sociales que son las que están en los barrios cuando el Estado no llega”.

“Qué es lo que decimos nosotros no es contradictoria una política de educación y capacitación con las políticas laborales de los planes sociales”” asevera Bonada. Entonces, agrega “lo que generamos en los barrios son puestos de trabajo. Obviamente con 4000 nadie puede vivir, porque es un tercio de la canasta total que son casi 17000 pesos”.

El recorte presupuestario está enmascarado bajo estos cambios, asegura Guido Peña de la CCC, “todos los cambios y propuestas que vienen del lado del gobierno son todas negativas”. Y va más allá, “tenemos una ley de Emergencia Social aprobada en el 2016, de la cual solamente se ha ejecutado una tercera parte de la ley. Lo que significa que, en el caso de Mendoza, tenés más de 300 proyectos funcionando de los cuales no hay recursos del estado”.

La guerra a las organizaciones sociales

Parte del planteo realizado por los funcionarios nacionales es la idea de “sacar del medio” a las organizaciones sociales. Desde las organizaciones, el análisis que se hace es que al estar ellos coordinando trabajos en los barrios, el gobierno no puede hacer uso extorsivo de los fondos destinados a los planes.

“El gobierno a través de esto se ahorra 700 millones de pesos que llegaban a los barrios en conceptos de maquinarias, insumos y recursos, para que esas cooperativas de trabajo donde realizan las contraprestaciones por el plan social” asegura Bonada, que entiende que ese es uno de los términos esenciales para comprender la situación.

“El gobierno nacional plantea que nos quiere sacar de medio, que quiere eliminar los punteros políticos y que en las organizaciones sociales somos todos corruptos” sostiene el coordinador provincial de Barrios de Pie. Mientras que desafía “habría que contarle al gobierno nacional que lo que más ha crecido en los barrios son los punteros del PRO. Y la política utilizada como herramienta de extorsión contra los más pobres por parte del gobierno nacional”.

Guido Peña analiza que “el gobierno no apunta al puntero político, el puntero es parte del gobierno que apunta a aquellas organizaciones sociales que vienen levantando los derechos sociales y que están de pie contra las políticas de ajuste del gobierno”. Entonces, manifiesta “hoy claramente las organizaciones sociales somos un obstáculo para el gobierno que quiere avanzar con las políticas de ajuste”.

“Todo este ‘endurecimiento’ de las reglas siempre es para los más pobres, los más ricos lavan la plata, la sacan, la meten. Tienen cuentas en Andorra y no hay ningún problema” considera Bonada. Y sostiene que “los más pobres terminan siendo siempre el foco de la agresión del gobierno y del disciplinamiento más duro. Son firmes con los pobres y flojos con los poderosos”.

Finalmente, Peña asegura que “este tipo de políticas habla claramente de que el gobierno lo único que hace es ponerse de pie en una pelea cara a cara contra los más pobres. Uno de los dos va a tener que dar el knock out”.