Este anuncio generó inmediatamente el repudio, tanto de la oposición como de referentes de los organismos por la defensa de los derechos humanos, ya que la decisión del gobierno violaría la Ley de Seguridad Interior (24.059), que limita la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interna a "casos excepcionales" y con previa declaración del estado de sitio.

Desde el gobierno justificaron la creación de esta fuerza especial aludiendo a que la misma no implicará modificar la actual legislación que impide que la Fuerzas Armadas actúen en seguridad interna, rol que está exclusivamente bajo la órbita del ministerio de Seguridad y las fuerzas que le competen (Policía Federal, Gendarmería y Prefectura). “De ninguna manera se ha pensado en que el Ejército intervenga en temas de seguridad” declaró Aguad al respecto.

Por otra parte, el exministro de Defensa y actual diputado del FPV, Agustín Rossi evaluó que el anuncio de Aguad "está en los límites de lo que fija la ley" y consideró que el Gobierno avanza hacia "un Estado gendarme, con un aumento del poder represivo que va a traer como consecuencia una mayor violencia institucional". Y cuestionó: "La ley prevé el apoyo logístico y eso ya existe hoy”.

En diálogo con VCF, Follari lamentó la decisión del gobierno y sostuvo que este tipo de ley como la 24.059 ha tenido un alto grado de discusión y consenso en el pueblo argentino, en relación al pasado que vivió nuestro país con la dictadura. “Nadie se había atrevido a modificar esa condición hasta ahora. Es un gobierno conservador que está poniendo a todas las fuerzas de seguridad, en el centro de la vida nacional como supuestos héroes, aún en casos en que han cometido crímenes o ilegalidades enormes”.

El académico espera, que tanto el rechazo de la oposición como de buena parte de la sociedad disuada la creación de esta nueva fuerza y la posibilidad de llevarlas a una condición, que en su momento le significó un gran desprestigio social y una gran ruptura con la sociedad civil.

“Hay que tener en claro que, las fuerzas sirven como defensa desde el punto de vista de cualquier ataque externo de soberanía, y no como fuerzas de seguridad internas. Esto es así porque no sólo la ley lo prohíbe, sino porque también es atentatorio contra las mismas fuerzas y contra la sociedad, ya que están perpetradas para vigilancia extremas -como son las guerras- pero nada tiene que ver con lo que se vive internamente dentro de un país. De manera que esto pone fuertemente en peligro a la población civil” agregó.

Follari precisó que es muy poco lo que se ha avanzado, hasta el momento, en el tema del combate contra el narcotráfico.  Por lo que sospecha que lucha, se utiliza como un pretexto para tener fuerzas de seguridad que a pelen en situaciones políticas. Es decir como respuesta ante los reclamos de los ciudadanos, “parece que la represión fuera la única salida que el gobierno tiene a mano. Este año el ajuste está siendo muy fuerte la cantidad de detenidos, en diversos sitios, también”.

Ejemplificando sus dichos, el doctor en psicología opina que, en un lugar donde un hombre como Chocobar, que mata por la espalda a un delincuente que no tenía un arma en la mano, (lo que sin dudas es un crimen) y luego es felicitado, hasta incluso por el presidente de la nación, demuestran el descontrol de las fuerzas de seguridad. “Incluso hasta son impulsadas a reprimir de cualquier manera, porque los crímenes represivos son felicitados, son premiados, en vez de ser castigados”.

En lo que respecta a la justificación brindada por el titular del ministerio de Defensa, que declaró que este nuevo escenario impulsa “a que las Fuerzas Armadas rediseñen su operación y su despliegue en el territorio para el cuidado de las fronteras, del medio ambiente, del Atlántico Sur y la ciberdefensa”, Follari denunció que  “estamos asistiendo a una política donde esa fuerza está siendo usada para fines distintos a los que corresponden”.

En cuanto a la ilegalidad de la medida, el académico aseguró que desde el gobierno buscarán artilugios legales necesarios para trabajar con la ambigüedad. “Es muy probable que se esté violando la ley, de manera tal que habrá que hacer un cuidadoso estudio de la norma legal que el gobierno pretenda sancionar. En primer lugar debería pasar por el congreso, como es debido y no ser un DNU injustificado, como la mayoría de los que hace este gobierno que actúa dictatorial mente como si el congreso no existiera”.

Para finalizar Follari pone énfasis en la necesidad de control sobre dicho ejercicio de poder y le otorga importancia, no solo al dictado de la ley sino también a la aplicación de esta. E insiste que la misma “debiera ser con comisiones legislativas donde estén todas las fuerzas políticas  (no sólo legislativas, sino también de la sociedad civil), de manera tal que podamos tener garantía de que esto funciona normalmente y no de una manera al servicio de la represión”. Y añade: “Como es altamente esperable, que efectivamente esa sea su función, seguramente se buscará estar lo más lejos posible de cualquier tipo control. Por lo que es de suma importancia una fuerte atención social y una fuerte denuncia si esto se complementa” concluyó.