Este martes un grupo de 34 cóndores fue encontrado muerto en la localidad de Los Molles, en Malargüe, junto a un puma, cabras y ovejas. La noticia fue calificada como “un hecho sin precedentes” por la secretaría de Ambiente y Ordenamiento territorial y, según advirtieron organizaciones ambientales, pone en riesgo la especie.

De acuerdo al comunicado de la Secretaría, un poblador dio aviso del hallazgo y, para investigar lo sucedido, se ordenó un relevamiento. Este fue realizado por un equipo de trabajo conformado por autoridades de Fauna de la provincia, Policía Rural, Fundación Cullunche, Ecoparque Mendoza, Fundación Bioandina Argentina e investigadores del Conicet.

En un área relativamente pequeña, se encontraron muertos 20 cóndores machos y 14 hembras. Sin embargo, según explicó Jennifer Ibarra, veterinaria y referente de la Fundación Cullunche, el mayor problema es que de esos 34, 30 eran adultos: “Un cóndor vive 70 años, cada 2 años tiene una cría y un juvenil tarda no menos de 10 en llegar a la edad reproductiva. Es decir que a la naturaleza le toma entre 20 y 30 años cada cóndor adulto”.

De este modo, la especialista aseguró que, con este hecho, “puede llegar a cambiar la categoría de `especie amenazada´ a `especie en peligro de extinción´, ya que es realmente una catástrofe”. “El caso de Los Molles destaca por su número”, aseguraron desde la secretaría de Ambiente de la provincia y advirtieron que “los cóndores muertos en esta oportunidad superan en mucho los que pueden habitar hoy en Venezuela y representan casi la mitad de los de Ecuador”.

Además, en el lugar se encontraron muertos un puma, cabras y ovejas, lo que da la pauta de que se trata de un caso de envenenamiento. Según indicaron los especialistas, es una costumbre muy arraigada utilizar carbofurán, un agrotóxico muy potente que se utiliza como cebo tóxico para matar pumas y zorros, eliminando así la amenaza de los depredadores. Sin embargo, al ser una especie carroñera, los cóndores también sufren el envenenamiento.

“Esto sucede permanentemente y no sólo en Mendoza, sino en todo el país”, advirtió Ibarra. Cabe recordar que el año pasado murieron 32 cóndores,19 en Jujuy como consecuencia de envenenamiento. En tanto, otros 5 aparecieron sin vida en Malargüe y en tres casos se halló carbofurán tras las pericias toxicológicas.

“Es una práctica muy común, pero es ilegal”, recordó la especialista de Cullunche y denunció que se ha transgredido varias leyes. Es que, en Mendoza el cóndor andino está declarado Monumento Natural Provincial mediante Ley 6599/98 y protegido por la Ley provincial 4602. En tanto, Mendoza adhiere a la Ley Nacional 22421 de Conservación de la Fauna.

Sobre las posibles sanciones, Adrián Garrido, Jefe del Departamento de Fauna Silvestre, expresó que “las multas en una situación como esta, por ejemplar de cóndor, son de 35.000 a 200.000 pesos y se responderá penalmente ya que Mendoza adhiere a la Ley de Fauna a nivel nacional”.

Si bien los resultados de las pericias toxicológicas estarán dentro de unos 15 días, la principal hipótesis de este hecho es que se trata de un caso de envenenamiento y por ello se abrió una causa en la Justicia de Mendoza. Desde el ministerio Público Fiscal informaron que se realizaron allanamientos en dos puestos, uno en Los Molles y otro en El Sosneado, donde se encontró “veneno fosforado”, además de un rifle calibre 22 con mira telescópica.

Por esta razón, el fiscal Javier Giaroli imputó a Nibaldo Baigorria, un puestero que arrienda las tierras para la producción ganadera, por tres delitos: “tenencia ilegal de armas”, “infracción a la Ley de Fauna por depredación y por utilización de medios prohibidos” y por “daño agravado por utilización de sustancias tóxicas”.

Además, pidió la captura de un productor rural de apellido Rojas que, según indicaron, está prófugo. Este hombre sería el dueño de los animales utilizados para envenenar las aves.

Sin embargo, según evaluaron desde la Secretaría y las organizaciones ambientales, el problema de fondo es la falta de regularización y de leyes que permitan determinar cómo llegan estos productos venenosos hasta los usuarios.

Las organizaciones especialistas en temas ambientales, como fundación Cullunche, aseguran que para evitar este tipo de casos es fundamental una ley que garantice la trazabilidad de los agroquímicos. Esto consiste en llevar a cabo un registro de quién compró este tipo de producto, dónde, con qué fin y en qué cantidad.

Estos agrotóxicos no sólo causan la muerte de especies carroñeras, encargadas de mantener la limpieza del ambiente, sino que también contaminan el suelo, el agua y ponen en peligro todas las formas de vida, incluso la humana.