La Secretaría de Servicios Públicos de Mendoza analiza el aumento de tarifas para el transporte público urbano, de media y larga distancia. En ese marco, y con una escasa concurrencia en el Espacio Cultural Julio Le Parc, se llevó a cabo la audiencia pública para analizar el costo del kilómetro recorrido y su afectación en el valor del pasaje del transporte, que aumentará a partir del mes que viene.

Desde la Asociación Unida de Transporte del Automotor Mendoza (Autam) y la Sociedad de Transporte Mendoza (STM) propusieron un ajuste del 30%, mientras que el gobierno habló de un 24,8%.

En este sentido, el secretario de servicios públicos, Natalio Mema, declaró ante la prensa: “en promedio el 24,8% es lo que hemos estimado que ha aumentado el costo de prestación de servicios para las empresas” y explicó que “en ese porcentaje entra lo que es el aumento del salario de los choferes por paritaria, el costo del combustible y el de mantenimiento de las unidades”.

Según lo expuesto por ambas partes, es el gobernador de la Provincia quien tendrá la última palabra sobre el porcentaje final del aumento del boleto, que estaría entre los $10 y $11 a partir de febrero.

Quien también estuvo presente en el debate fue el diputado nacional electo en las últimas elecciones, José Ramón. En su exposición cuestionó la nula participación ciudadana de la audiencia: “El gobierno convoca a las empresas que de manera cartelizada le proponen cómo ajustar el valor por cada kilómetro que recorren las unidades”. Al tratarse de un derecho humano, Ramón explicó la importancia de una mayor participación de los usuarios, “sobretodo de uniones vecinales y las personas que viven en lugares más alejados o en el sur de la Provincia”.

Por otro lado, señaló que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ordenó a Cornejo que ponga en funcionamiento el Ente Provincial del Transporte. “Es la única institución en donde es posible que los usuarios podamos participar del proceso de formación del valor de la tarifa, del recorrido y de cómo debe funcionar un servicio público”, explicó.

Al respecto, advirtió que el gobernador de la Provincia no cumplió y “redobló la apuesta”, enviando un proyecto de ley que modifica la ley que instrumenta ese ente de control. Por esta razón, aseguró: “Esta audiencia continúa en los tribunales en el mes de febrero”.

Por último, Ramón realizó una fuerte crítica a las prestadoras del servicio: “Las empresas presentan todas el mismo informe, porque funciona como un cártel, un pequeño grupo de empresas muy grandes que se han apoderado del transporte público de Mendoza”. Y en este sentido también dirigió sus críticas al gobierno, ya que “avala esas presentaciones de las empresas, para que sigan ganando dinero de una manera que está al borde del delito”.

Según explicó el diputado del Partido Intransigente, las empresas pretenden cobrar una tarifa falseando la verdad sobre dos ítems que son los elementos que se tienen en cuenta para definir los costos por kilómetro recorrido: el combustible y la cantidad de personal promedio.

Respecto del combustible sostuvo: “En el año 2008 en los bancos de prueba se resuelve, con el aval de la empresa Mercedes Benz, que los colectivos consumen 34 litros cada 100 kilómetros”. Sin embargo, las empresas prestadoras del servicio de transporte aseguran que en vez de 34 consumen 41 litros cada 100 kilómetros.

En segundo lugar, la cantidad de empleados promedio que se utiliza para una unidad es 3,01, aunque las empresas piden 3,10. “Es otra mentira y otra ilegalidad”, expresó el legislador nacional.

Por lo tanto, al cuestionar estos dos ítems, se pone en juego el costo total del pasaje, que las empresas colocan en $30. De este modo, teniendo en cuenta que el sistema de transporte público cuenta con subsidios nacionales y provinciales, “se están utilizando fondos de la provincia y de la Nación para subsidiar empresas que están mintiendo y falseando la verdad de los datos, que se traduce en muchísimo dinero”, señaló el diputado.

“El gobierno está avalando y protegiendo el poder económico de las empresas y no, como establece el artículo 42 de la Constitución Nacional, el interés económico de los usuarios, que es lo primero que se tiene que resguardar al prestar un servicio público”, concluyó.