El documento de PCCH, que coordinan el fiscal federal Jorge Auat y Carolina Varsky a partir de la información remitida por los fiscales de todo el país sobre “el estado de las causas y la situación procesal de los imputados por estos delitos a nivel nacional”, se conoció una semana después de que la Justicia le otorgara la domiciliaria al ex policía bonaerense Miguel Etchecolatz, que ahora está preso en su casa de Mar del Plata.

Los datos indican que al 22 de diciembre de 2017 se registran un total de 593 causas en trámite, en las que son (o fueron hasta su fallecimiento) investigados 2979 imputados. Además, existen 393 causas en las que aún no se dictó sentencia, de las cuales 17 se encuentran en etapa de debate oral o plenario –esto último en los casos de juicios que tramitan por escrito bajo la modalidad del anterior Código Procesal Penal de la Nación, pero sólo seis de ellas tienen fijada fecha para que se inicie el debate.

Argentina condenó durante este año que pasó a 198 personas y absolvió a otros 36 imputados en 26 nuevas sentencias En tanto que 98 causas se encuentran listas para que se inicie el juicio, mientras que 278 investigaciones permanecen en etapa de instrucción, así informaron fuentes oficiales.

Respecto de los imputados que no han recibido sentencia, 701 se encuentran procesados, de los cuales 53 fiscales se encuentran apartados temporalmente de la investigación por incapacidad. En tanto que a otras 164 se les dictó falta de mérito, 62 fueron sobreseídos y, a 550 personas resta que se resuelva sus situación procesales, de estas 26 han sido recientemente indagados y 524 tienen pedido de indagatoria pendiente.

Actualmente son 1.305 los imputados libres y 1.038 los detenidos, de estos últimos 599 personas ha fallecido -499, antes de ser sentenciadas, y 100 luego del dictado de su condena o absolución-. Mientras que existen 37 personas que se encuentran prófugas de la Justicia, cabe destacar que es un número levemente inferior respecto de 2016 (44) lo que implica que hubo varias capturas.

Sin dudas lo que más llama la atención es que de los 1038 detenidos, 549 tienen el beneficio de la prisión domiciliaria, es decir que más de la mitad goza de este beneficio. Un caso reciente fue, que desató el repudio de los organismos de derechos humanos y gran parte de la sociedad, el del genocida Miguel Etchecolatz, quien tuvo a su cargo los centros de detención clandestinos que operaban bajo jurisdicción de la policía bonaerense durante la dictadura.

Etchecolatz nunca se arrepintió de sus delitos y en los procesos que afrontó siempre mantuvo una posición desafiante hacia los fiscales y el público que asistía a las audiencias. Entre sus crímenes se incluye el robo del bebé de una pareja de activistas uruguayos. Sin embargo la justicia argentina decretó la salida de prisión y el paso a la situación de reclusión domiciliaria, que le autoriza a pasar a cumplir su condena en su casa, el tribunal fundamentó su decisión por el "frágil estado de salud" del genocida.

En tanto que otras 435 están recluidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) o provincial. A su vez, hay un internado por fuera del SPF y otras 53 personas se encuentran en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad.

Fallo Muiña

Luego de que la Corte Suprema postergara la revisión del fallo que habilitó el cómputo del 2×1 para las condenas a represores. Estaba previsto, tal como había anunciado en el Centro de Información de Judicial (CIJ), que la Corte revisara ése fallo el 19 de diciembre, pero el año culminó sin que el tribunal volviera a pronunciarse sobre el tema.

El polémico fallo, que le concedió el beneficio de la conmutación a la mitad de la pena al represor Luis Muiña, tuvo como correlato la rápida reacción del Congreso, que votó por la no aplicabilidad de ese principio para responsables de delitos de lesa humanidad. Esta sentencia recibió un repudio social gigantesco, porque abría la puerta al reclamo de decenas de condenados por crímenes de la última dictadura cívico-militar. A raíz de ello, este documento señala que durante el 2017 se presentaron 118 planteos al respecto, en los que se solicitaba un nuevo cómputo de pena o la excarcelación.

Según estimó Procuraduría las causas duran un promedio de 5 años y advirtió que "la instancia que mayor tiempo ha tomado hasta el momento es la confirmación de la sentencia por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, con una demora de casi dos años luego de conocidos los fundamentos de la sentencia de TOF".

Por ultimo el informe hace hincapié en que “los responsables del trámite de las causa demoran en conjunto más de cinco años en resolver si una causa se eleva, realizar el juicio, dictar la sentencia y en confirmarla o no en las instancias recursivas posteriores”, y señala la existencia de “cuellos de botella” durante el proceso, los cuales son necesarios resolver.