El 5 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial la decisión de la secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza de convocar a una audiencia pública para tratar la “Reglamentación de la Evaluación de Impacto Ambiental para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos No Convencionales”. El encuentro se llevó a cabo ayer en el Centro de Convenciones y Exposiciones Theseaurus de Malargüe y contó con la presencia de más de 400 personas y 77 oradores.

La fractura hidráulica, más conocida como fracking, es un procedimiento que consiste en inyectar agua, productos químicos, ácidos corrosivos y arena a miles de metros de profundidad, con la intención de producir microfracturas en la llamada roca madre o en las arenas compactas y extraer los hidrocarburos de yacimientos no convencionales.

Esta actividad ha generado mucho conflicto y rechazo en los sectores ambientalistas que alertan sobre el gran impacto ambiental que conlleva. El ex jefe de gabinete de la secretaría de Ambiente, Eduardo Sosa, aseguró en diálogo con VCF que “las consecuencias ambientales son muchas más de las que se piensan”, entre las que mencionó la contaminación de aguas subterráneas, en algunos casos de fuentes de agua dulce, calentamiento global por la emisión de gases de efecto invernadero y movimientos sísmicos. Justamente el detonante que lo hizo renunciar a su cargo el pasado 12 de diciembre fue la aprobación del fracking por parte del gobierno.

Pese a esas advertencias sobre el daño ambiental, el gobierno decidió arbitrariamente realizar una “prueba piloto” en agosto de este año. En ese marco, se realizó una experiencia de estimulación hidráulica en cuatro pozos petroleros de Malargüe con la autorización de la secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, del departamento General de Irrigación y del municipio de Malargüe.

Los grupos ambientalistas criticaron esta acción por parte del gobierno y denunciaron que se esquivó “todos los procedimientos administrativos convencionales –una audiencia pública y manifestación de impacto ambiental- y que en tan sólo 5 días se autorizó un proyecto petrolero que utilizó la controvertida técnica del fracking”. Esto llegó a la justicia pero no se dictó sentencia y, según explicó Sosa, se le pidió al gobierno que regule la evaluación ambiental de estos proyectos y lo someta a una consulta ciudadana.

Por esto se comenzó a hablar de un vacío legal respecto de la explotación no convencional y, con esta audiencia pública, el gobierno busca firmar un decreto reglamentario. “Dicho vacío legal impulsó la necesidad de redactar una norma que contemple el procedimiento que se debe desarrollar, en forma previa a la ejecución de los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales, para identificar y prevenir las consecuencias que tales proyectos puedan causar al equilibrio ecológico y a la preservación de los recursos naturales existentes en la provincia”, se afirmó en el llamado a la audiencia pública por parte de la secretaría de Ambiente.

Sin embargo, Sosa advirtió que el “decreto tiene muchas deficiencias porque no regula adecuadamente el fracking ni los procesos de autorización para el uso de sustancias tóxicas”. Además, explicó que no hay capacidad en el Estado para controlar y monitorear adecuadamente las operaciones de fracking: “Hay 7 inspectores para toda la provincia, 4 o 5 camionetas y no hay laboratorio propio. Son cientos de pozos los que se tienen que revisar y proyectos de exploración y explotación que se lanzan todos los meses. Estamos evaluando la información que creemos que de buena fe nos entregan las petroleras”.

Eduardo Sosa, quien además perteneció a Oikos Red Ambiental, explicó que hay antecedentes del impacto de esta actividad: “En Estados Unidos se viene explotando a través del fracking desde el año 2005 y ya hay muchísimos casos de contaminación”. Además, hay muchos países en los que está prohibido como Francia, Alemania, Escocia, Irlanda del Norte, Bulgaria y Brasil.

Por último, el ex funcionario señaló que hay países en los que se está analizando “cuidadosamente” cuales son los riesgos antes de aprobar la actividad. “Esa es la diferencia. Acá podríamos aprobarlo después de que se hicieran estudios y se llegara a la conclusión de que es posible y que tiene un impacto tolerable. Esto es lo que no se ha hecho y de ahí viene el conflicto”, concluyó.