El pasado miércoles otra trabajadora acusó penalmente a Alejandro Jofré por abuso sexual y, de este modo, el subsecretario de Trabajo acumuló, en la misma semana, tres denuncias judiciales por el mismo delito. Las acusaciones fueron realizadas en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y el caso, que quedó bajo secreto de sumario, será investigado por la fiscal Cecilia Bignert. Al funcionario se lo acusó de delito sexual “simple” dado por “tocamientos”.

Además, según un diario local, hay 5 consultas ante la Dirección de la Mujer pero que no han sido ratificadas en sede judicial. Es que, al parecer, estos tres casos nos serían aislados. En el testimonio de una de las denunciantes en un diario local se hace referencia a que por lo menos 11 mujeres habrían pasado por la misma situación en reiteradas ocasiones. Por esto, se especula que habrá nuevas presentaciones en los próximos días.

El funcionario negó los hechos argumentando que casi no tiene contacto con las mujeres que trabajan en la Subsecretaría y que, cuando sea necesario, se defenderá ante la justicia. De parte del gobierno nadie más hizo referencia a este caso.

La situación es paradójica porque la Subsecretaría de Trabajo y Empleo es el organismo que recepciona las llamadas por violencia en el ámbito laboral. El mismo Jofré, cuando se puso en marcha el 0800 para recibir denuncias de ese tipo, afirmó a canal Siete: “La violencia laboral es el acoso, hostigamiento que sufren los empleados por parte de sus propios compañeros y de cualquier persona dentro de la estructura jerárquica. Genera un efecto no deseado que es que esa persona empieza a sufrir una afectación física a raíz de esa exclusión”.

Por esto, Ana María Vega del colectivo Ni Una Menos, en diálogo con VCF, calificó la situación de Jofré como “doblemente grave” ya que, por un lado, “el Estado es el que tiene que garantizarnos a las mujeres nuestros derechos y la posibilidad de no ser acosadas y abusadas y, por otro lado, porque la institución que nos tenía que defender tiene al frente a alguien que ejerce violencia, es decir, se desarticula toda posibilidad de defensa. Por este motivo se pide la renuncia”.

Además, advirtió que la violencia laboral es una violencia que está “muy escondida” y “hay muchas mujeres que sufren este tipo de violencia en repetidas ocasiones pero no se animan a denunciar por perder el trabajo. Entonces son sometidas a distintos tipos de acoso y abuso por parte de los varones y no tienen donde ir a denunciar, o no se animan”.

Sin embargo, el subsecretario de Trabajo no es el único denunciado por violencia de género en la gestión de Cornejo. El colectivo Ni Una Menos indicó que “el Gobierno de Mendoza está plagado de funcionarios varones denunciados por violencia de género” y advirtió que Jofré “es uno más en la lista” integrada por: Jaime Correas (director general de escuelas), el fiscal Fernando Giunta, Marcelo D´Agostino (subsecretario de Justicia), el Fiscal de Instrucción Gustavo Fehlmann, Rubén Giachi (ex ministro de Salud), Marcelo Esquivel (director de la Policía de Mendoza), Gabriel “Turco” Mendoza (Director General de Gestión Social en Godoy Cruz), el juez penal Rafael Escot y Julio Fonzalida (titular de la ANSES en Gral. Alvear).

Por esta razón, desde el colectivo manifiestan que “hay un enorme blindaje mediático para estos casos, en los cuales los acusados de violentarnos están bajo el brazo del gobernador. Blindaje que además llega al poder judicial de la mano del juez Valerio y del procurador Alejandro Gullé para asegurarse una justicia misógina e impermeable a los reclamos de género”. En este sentido, Ana María Vega reclamó: “Cornejo debería hacer que renuncien todos los funcionarios que tienen denuncias por violencia de género y además debería hacer un profundo control en todo su gabinete para ver a quiénes tiene alrededor”.

Sin embargo, desde el gobierno afirmaron que mientras el proceso judicial avanza, y hasta que se esclarezcan los hechos, Jofré quedará en el cargo.