Se entiende por Violencia institucional a toda práctica estructural de violación de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad -detención, encierro, custodia, guarda, internación-. Esta práctica involucra tres componentes “necesarios” que son: prácticas específicas (asesinato, aislamiento y tortura) funcionarios públicos (que llevan adelante o prestan aquiescencia) y contexto de restricción de autonomía y libertad (situaciones de detención, internación y de instrucción).

En diálogo con VCF Sebastián Moro, comunicador social y periodista especializado en el tema, detalla que esta violencia puede ser física o psicológica. “Siempre se dijo que la violencia institucional era una continuación de la represión ilegal de la dictadura del 76 al 83 pero en democracia los números según el análisis exhaustivo que se realizó la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, en el Encuentro Nacional Antirrepresivo) hasta 2014/2015 indican, que a nivel nacional se habla de alrededor de 5 mil personas asesinadas en comisarías o cárceles, y en la provincia se estima que hay más de 200 casos”.

Moro indica que el número es mucho más amplio en todo lo que tiene que ver con el maltrato en los organismos del estado, de persecución política en el país en manos de las distintas fuerzas armadas y de seguridad o en los distintos servicios penitenciarios. Además cuestiona que en la en la actualidad, esto se ve agravado debido a la política de mano dura que implementan desde el Ejecutivo: “Con la asunción del gobierno nacional, en sintonía con el provincias se produjo este agravamiento en la persecución de hostilidad política ya sea por el modo de pensar o por la estigmatización política”.

Si bien remarca que este problema nunca se soluciono con el retorno de la democracia, sostiene que el mismo se vio perjudicado por “este gobierno de derecha con fuertes tintes de nazismo, a través de la estigmatización, judicialización y criminalización de la protesta social con el protocolo de la ministra Bullrich y en Mendoza particularmente con lo que ha sido la persecución a la Tupac Amaru y sus referentes”.

El periodista también recordó el hecho ocurrido en diciembre de 2015, como parte de este tipo de acciones del gobierno de Cornejo, en el cual cuatro referentes gremiales fueron judicializados por el gobernador, situación aún no se resuelve. Y añadió: “Hubo graves retrocesos, porque durante los últimos años entre organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y determinadas políticas de gobierno se intentó contrarrestar esta problemática en todos los planos, pero con el discurso de mano dura y la represión de todo aquel que piense diferente o que parezca diferente a los cánones establecidos por el nuevo modelo socioeconómico esto se fue agravando”.

Moro piensa que a esto se le suma la complicidad judicial, que favorece todo tipo de atropello, y la impunidad crónica que hay para los casos. En base a las cifras estimativas, hace hincapié en que “uno de cuarenta hechos de violencia institucional con víctimas fatales llegan a tener juicio y una sentencia correcta sobre quienes han sido los victimarios”. Lo cual preocupa al comunicador, ya que va en aumento debido al aval de los distintos poderes, que lo dejan “en claro en sus discursos y a la complicidad fundamental de los medios de comunicación hegemónicos”.

En este marco, se produce un ensañamiento para con las víctimas y se revierte la carga de culpabilidad. Particularmente en Mendoza, esto se ve ejemplificado según el comunicador, con el nombramiento del juez José Valerio, quien “tiene un largo historial de fallos muy contrarios a las víctimas, y a favor de los policías que ejercen toda clase de abuso policiales”.

“Este año los retrocesos se han visto con el caso de Santiago Maldonado, y la persecución a la comunidad mapuche. El pensamiento es que lo mejor para un pibe que viene de la villa, es estar excluido de toda posibilidad y que sea perseguido sistemáticamente, esto lo vemos en las plazas y en las calle del centro mendocino todos los días” enfatizó.

Sectores marginalizados

Si bien para Moro hay una persecución es generalizada en todos los sectores, cree que sin lugar a dudas las principales víctimas -que vienen siendo las misma que de hace décadas- tiene que ver con los sectores marginados por las distintas crisis económicas. Y denuncia al respecto la presencia de cordones “para que la ciudad blanca no vea a los chicos que no son de su agrado en los principales centros urbanos”. Y sostiene: “Esto se puede ver claramente en el centro, donde hay cordones policiales en todos lados”. Para finalizar, el especialista advierte sobre la situación de impunidad y de abuso al interior que existe en el interior de los barrios y de las villas, “los cuales son mucho más grave de lo que podemos percibir nosotros”.