Diego Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señaló que el gobierno, en lugar de intentar determinar qué pasó con el asesinato de Rafael Nahuel, “lo único que mencionó es la existencia de grupos violentos”; y agregó que la “decisión deliberada de construir un enemigo” interno, “justifica cualquier cosa”.

Morales destacó en este diálogo con  que una de las preocupaciones sobre el caso Nahuel, es que el gobierno, que es “el órgano que tiene que controlar a las fuerzas de seguridad, lo único que hace es transcribir la versión” de la Prefectura.

Sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al Ejecutivo nacional le traslado de Milagro Sala a prisión domiciliaria, sostuvo que “no hay mucho margen en términos de responsabilidad internacional” y si no lo hace, va a quedar “registrado como un gobierno que incumple los acuerdos internacionales”.

-¿Cuáles son los principales aspectos que analizan sobre lo ocurrido con Rafael Nahuel el sábado?

-Hay dos elementos que nos están preocupando. Por un lado, el gobierno nacional decidió presentar una versión de los hechos que era una transcripción casi calcada del parte que habían elaborado las propias fuerzas de seguridad. Hay fórmulas bastante genéricas en esa comunicación que hace el Ejecutivo nacional donde se indica que en el marco del rastrillaje del día sábado se produce un enfrentamiento e identifica en la escena la presencia de diez personas que al grito de guerra amenazaban funcionarios de la Prefectura, y en ese contexto escuchan un estruendo que hacen las armas de fuego y por eso reaccionan disparando con sus propias armas de fuego. Ése es el relato del gobierno; y creemos que un relato de lo sucedido tiene que ser parte de una investigación, puede ser administrativa o judicial, pero si es administrativa tiene que partir de un sumario, donde se cotejen distintas informaciones, donde se contrasten ciertos elementos a partir de declaraciones, no solo de las fuerzas que participaron sino también de otras personas que hayan estado en el lugar; lo que no sucedió en este caso. Y el lunes el gobierno vuelve a ratificar esta idea diciendo que los funcionarios policiales actúan en función de los hechos que describen, que para el poder Ejecutivo nacional es la verdad. Por lo tanto no hay mucha discusión que se pueda llevar adelante si el propio poder Ejecutivo nacional, que es el órgano que tiene que controlar a las fuerzas de seguridad, lo único que hace es transcribir la versión de estos funcionarios. La segunda cuestión que estamos marcando tiene que ver con la identificación de grupos minúsculos violentos, pero que no pueden precisar, no pueden presentar información concreta acerca de cuál es la violencia que ejercen, porque pareciera ser que el dato es la ocupación de tierras pero eso puede ser parte de una reivindicación territorial, de una protesta, de cierta trayectoria de reivindicaciones por parte de comunidades mapuches.

-¿Cree que luego de la conferencia de prensa quedó claro de que el Estado va a responder con represión y de que se deja de lado el consenso de no utilizar armas de fuego en manifestaciones?

-Nosotros hicimos dos cosas, presentamos un pedido de informes acerca de cuál sería la normativa sobre la cual se van a apoyar estas declaraciones. Y en segundo lugar, lamentablemente los episodios de Santiago y ahora de Rafael, confirman algo que sugiere que esa va a ser la respuesta. Y ese es otro dato que nos preocupa. En la declaraciones públicas los funcionarios hicieron esa afirmación y queremos saber cuáles son los elementos normativos sobre la cual se van a apoyar, porque en principio hay una resolución que establece cuáles son las reglas de comportamiento de las autoridades policiales en el contexto de manifestaciones y a la vez hay otras obligaciones en el marco de los convenios internacionales de derechos humanos que exigen que la utilización de la fuerza debe ser el último recurso, y es necesario preservar la vida, la integridad física y la libertad.

-En el adelanto del informe anual del CELS hablaron de la construcción de un enemigo interno, ¿Cree que con estos hechos se reconfirma esto?

-Este es punto que volvió a emerger con el caso de Rafael, porque en vez tratar de identificar quienes fueron los responsables del asesinato de Rafael, en vez de intentar de intentar determinar las responsabilidades administrativas al menos ahora y aguardar las responsabilidades judiciales luego, lo único que se mencionó es la existencia de grupos violentos; pero insisto, que no se los puede identificar ni atribuir hechos concretos que sugieran esto. Pero la verdad que sí, hay una decisión también de pensar que la existencia de un enemigo interno justifica cualquier cosa. Si pensamos que ese enemigo interno no existe y a la vez es contrario a la legislación llevar adelante cualquier tipo de esas medidas, ahí hay una decisión deliberada de construir este enemigo.

-¿Está ocurriendo lo mismo que con Santiago Maldonado, que el juez que ordenó el operativo es el mismo que lo investiga?

-Es cierto, nos parece que si hay que investigar un hecho que contiene algunas premisas en las cuales el propio Poder Judicial estaría involucrado en términos de que habilitó una orden. También aparece un dato relevante, que es el mismo juzgado el que está habilitando un marco de negociación. Este marco de negociación tendría que haber sido antes de los sucesos, incluso del desalojo del jueves, pero se habilitó en primer lugar para tratar de determinar cuál era la gravedad o no de los heridos, para que ciertos médicos llegaran al lugar y se llevó adelante una reunión en el marco de la mesa de acuerdo. Tuvo algunas reacciones los días siguientes que muestran que la salida no necesariamente va a ser a través de la criminalización, sino a través de alguna alternativa. Para nosotros puede haber inconvenientes si es el mismo juzgado el que va a investigar el episodio.

-¿Cómo ve la situación de Milagro Sala después de la resolución de la Corte Interamericana?

-No hay mucho margen para el gobierno en términos de responsabilidad internacional. El gobierno federal tiene que decidir si es registrado por la comunidad internacional como un gobierno que incumple los acuerdos internacionales. Porque en definitiva la sentencia de la corte implica el cumplimiento o no de un acuerdo internacional, y eso se aplica para cualquier tipo de acuerdo, sea  económico, fiscal, en materia de seguridad social o en materia de derechos humanos. El gobierno tiene que saber que ante el incumplimiento de esta decisión su condición ante la comunidad internacional es de incumplidor, sabemos lo que esto puede significar para la Argentina; así que el gobierno federal tiene que acatar esa decisión. Luego aparecen estas respuestas que vuelven a delegar la toda la decisión de cumplirla en la provincia de Jujuy cuando esto no es así; el gobierno federal tiene que darle indicaciones precisas a la provincia acerca de la relevancia  de cumplir con el fallo. Esto no parece ser así, solo hay un pase de manos, llega al gobierno federal y se lo trasladan al gobierno provincial. Y el gobierno provincial empieza a decir varias cosas; el fiscal general de la provincia empieza a decir que la Corte Interamericana no sabe nada de lo que pasa en Jujuy, que no tiene funciones de investigación y que los jueces de Jujuy sí. O empiezan a aparecer cuestiones como que ya van a llegar las condenas contra Milagro Sala entonces las decisiones de la Corte van a volverse abstractas. Si las decisiones se tiran todas a la provincia de Jujuy, evidentemente la provincia no quiere confirmar esa decisión y el gobierno federal va a quedar como un incumplidor a nivel internacional, lo cual es muy grave.

-¿Qué aspectos destaca sobre la sentencia del tercer tramo del juicio de la ESMA?

-La justicia en su veredicto condenó a dos pilotos, más allá de las condenas que son muchas, el dato característico de que por primera vez se pueda determinar las responsabilidades penales de aquellos que aportaron su oficio y su conocimiento para permitir la desaparición de personas a través de la utilización de aviones que en el medio del Río de la Plata arrojaban gente me parece que es un dato más que relevante y más que significativo de todo este proceso. Es decir la infraestructura y el conocimiento técnico que puso a disposición el Estado también está siendo evaluado en esta oportunidad y estas condenas confirman eso.