El proyecto del oficialismo para ampliar de 7 a 9 el número de miembros de la Suprema Corte de Justicia sigue dando que hablar. Luego de su aprobación en la Cámara de Senadores, estaba previsto para el día de ayer su tratamiento en diputados. Sin embargo, al radicalismo no le dieron los números y Jorge Albarracín (UCR), presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, pidió un cuarto intermedio y lo postergó al menos una semana.

Es que dos de los aliados del radicalismo en el frente Cambia Mendoza, Guillermo Pereyra (Frente Renovador) y Marcos Niven (PD), aseguraron que votarían en contra de la reforma del funcionamiento de la Corte. Mientras que Pablo Priore (PRO) se reunió con miembros del radicalismo y, aunque admitió que “lo menos simpático del proyecto es la ampliación de 7 a 9 de los integrantes de la Corte”, aseguró que hay predisposición para acompañar el proyecto.

La reforma que propone el oficialismo no tuvo mayores complicaciones en la Cámara de Senadores pero no corre con la misma suerte en diputados. Si bien el frente Cambia Mendoza cuenta con 25 de los 48 diputados, sin los votos de Niven y de Guillermo Pereyra el radicalismo tendría 23 votos a favor y 25 en contra. El hecho es que si Niven votara a favor del proyecto el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés (UCR), podría desempatar. Con este escenario, el radicalismo decidió postergar una semana más el tratamiento para poder negociar con los aliados del frente Cambia Mendoza, decisión que generó mucho malestar en los diputados del Partido Justicialista.

El massista Guillermo Pereyra ya había manifestado su postura y, desde que se conoció el proyecto, aseguró que no lo acompañaría. Marcos Niven, en cambio, intentó hacer algunas modificaciones para dar garantía de que “no haya vínculos políticos”. Sin embargo, según explicaron desde el PD, el oficialismo no aceptó ninguna de las propuestas y el diputado demócrata decidió votar en contra del proyecto.

Además de la opinión del legislador, se difundió un comunicado firmado por la Coalición Cívica, el partido FE, el PD y el Frente Renovador, donde expresan el rechazo al proyecto de reforma del Máximo Tribunal. En este comunicado, que lleva el título “Los remedios pueden ser peores que las enfermedades”, aseguran que “los problemas de demora de la administración de justicia se solucionan con otras modificaciones legales, no con sumar más integrantes a la Suprema Corte. Si no fuera así, ¿cuántos miembros debería tener el más alto tribunal de justicia de la Argentina? ¿cincuenta? ¿cien?”, se preguntaron.

En este sentido, agregaron: “La ampliación de los miembros de los Superiores Tribunales de Justicia ha respondido la mayoría de las veces, en la Nación, en las provincias y también en el orden internacional, al propósito de socavar la independencia del poder judicial, logrando cortes adictas y concentrando autoritariamente el poder”.

Lo mismo hizo el Partido Demócrata que, luego de ser criticado por el radicalismo, publicó un comunicado sentando su posición: “Se dijo que no hicimos ningún aporte, cuando fue la postura del partido radical la de no hacer ningún cambio al proyecto presentado, a pesar de pedidos y sugerencias de nuestra parte. Creemos que el Poder Judicial requiere reformas de orden jurídico y organizativo, pero no que respondan al orden político”. Además, aclararon: “El hecho de que demócratas ocupen cargos de Gobierno no es ningún condicionante para acompañar proyectos que creemos inconvenientes para el funcionamiento de las instituciones y la sociedad en general”.

El PD argumentó su posición mediante el acuerdo programático firmado por los distintos partidos políticos que conforman Cambia Mendoza. En él se señala que la acción del gobierno del Frente girará sobre ejes como “el cumplimiento irrestricto de la Constitución de la Nación y de la Constitución de Mendoza” y el “cumplimiento irrestricto del orden republicano en todas sus notas, especialmente la división de poderes y la independencia del poder judicial”.

De este modo, el Partido Demócrata, aliado del oficialismo, se suma a una serie de cuestionamientos que desde la oposición se le ha hecho al radicalismo asegurando que esta reforma va contra el carácter republicano de la Constitución y que es una forma más de intromisión del Poder Ejecutivo en los demás poderes.