Luego de que se cayeran dos sesiones por falta de quórum propio, la Cámara Alta aprobó la iniciativa del oficialismo que plantea una nueva ley de composición y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, para ampliar el número de sus miembros de 7 a 9. La votación resultó con 20 votos a favor y 14 en contra, uno de ellos de un senador radical.

El proyecto que tiene como autor al senador Juan Carlos Jaliff, establece, entre sus modificaciones más importantes, la ampliación del número de jueces de la Corte de 7 a 9, la división de la Corte en tres salas: Civil y Comercial, Penal y Laboral, por lo cual el presidente tendrá que integrar una de las salas y cumplir funciones jurisdiccionales y la constitución de una Sala de Superintendencia Administrativa, integrada por el presidente del tribunal y dos ministros.

El argumento del gobierno y de los legisladores oficialistas es que esta reforma acelerará los procesos judiciales, ya que “4 de cada 10 argentinos está en algún litigio”, tal como aseguró el senador del oficialismo Marcelo Rubio, quien además es coautor del proyecto. Todos los bloques coincidieron en esta realidad y plantearon la necesidad de un cambio en el funcionamiento del Poder Judicial. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo en que la solución sea agregar 2 miembros a la Corte.

El presidente de la Comisión de Legislación, Marcelo Rubio, fue el informante y enmarcó este proyecto en un paquete de leyes que se vienen sancionando hace 2 años y que “han buscado darle mayor eficiencia a la justicia”. En este sentido, aseguró que “se estudiaron muchas alternativas con el fin de darle mayor funcionalidad a la Corte” y que la opción viable fue la creación de una nueva Sala. En la actualidad, existen dos Salas con tres jueces cada una, por lo que, de aprobarse el proyecto, existirían tres salas especializadas: Civil y Comercial, Penal y Laboral.

“Pretendemos mejorar el acierto y calidad de las resoluciones judiciales y dar mayor legitimidad a la ciudadanía”, aclaró Rubio y aseguró que con esta reforma “se genera mayor eficiencia y rapidez, aumentando el número de decisores”. En la misma línea se expresó Adrián Reche del Frente Cambia Mendoza, quien coincidió en que “la saturación de la Corte es real”, por lo que este proyecto busca “una justicia más cercana a la comunidad”.

Sin embargo, desde los bloques opositores rechazaron los argumentos del oficialismo. Las críticas estuvieron dirigidas en primer lugar a la falta de diálogo en el tratamiento del proyecto, que a pocos días de ser presentado, ya logró media sanción. En este sentido, la senadora Ana Sevilla (FpV- PJ) aseguró que “no lo pusieron en discusión. No hemos podido aportar” y Gustavo Arenas, del mismo bloque, afirmó que este proyecto “carece de legitimidad política, porque no tiene el apoyo de las demás fuerzas”.

Sin embargo, el principal motivo de oposición a la reforma es la certeza de los demás bloques de que, con la excusa de darle mayor dinamismo al Poder Judicial, se está aumentando el poder político del Ejecutivo. “Lejos de buscar agilidad, se busca una justicia adicta”, afirmó Noelia Barbeito (FIT) y, en respuesta a Adrián Reche, advirtió: “No buscan una justicia cercana a la comunidad sino cercana al gobernador”.

Por su parte, Patricia Fadel, jefa del bloque del PJ, afirmó: “Nosotros opinamos como bloque que el aumento de jueces de cualquier tribunal tiene poco efecto sobre la eficacia”. Y agregó: el gobernador “tiene mayoría en el Senado de la Provincia, tiene mayoría en la Cámara de Diputados, tiene la mayoría de los intendentes, le falta la mayoría en la Corte, por eso es este proyecto”. “Esto llevaría a la homogeneización de los tres poderes el Estado en manos de un mismo partido”, concluyó.

Es decir, todos los miembros de las demás fuerzas dudaron de que la ampliación de la corte y la creación de una nueva sala realmente destrabe y de solución al “cuello de botella” que representa la Corte Suprema de Mendoza. “Nadie en su sano juicio creería que dos jueces más solucionarían el problema”, expresó la senadora María José Ubaldini.

“El problema es de gestión, por lo que habría que mejorar la gestión”, aclaró Sevilla. Y fue la primera, pero no la única, que recordó el antecedente nacional de ampliación de la Corte en el gobierno de Menem: “Se están dando los mismos argumentos de agilidad y eficacia que se utilizaron en los ´90 cuando se ampliaron los miembros de la Suprema Corte de la Nación. Creemos que es un error y esto quedó demostrado en el caso nacional, donde hubo una modificación y se volvió a reducir el número de miembros porque no hubo ningún cambio en la celeridad”.

Por otro lado, la semana pasada dos miembros del oficialismo decidieron faltar a la sesión y pidieron más tiempo para “analizar el proyecto”. Tildados de “radicales díscolos”, este martes asistieron a la legislatura y votaron divididos: Raúl Ferrer votó en contra y Walter Soto acompañó el proyecto.

“Nadie me ha presionado ni obligado a hacer nada, tengo autonomía para poder decidir qué es mejor para los mendocinos y en este caso creo que este proyecto contribuye al bienestar”, aseguró Soto argumentando su posición.

Por el contrario, Raúl Ferrer rechazó el proyecto e hizo referencia a la carencia de dictamen y apoyo institucional por parte de universidades de la provincia, por lo que dudó de que la reforma garantice una verdadera solución al problema.

Ahora queda esperar que el proyecto sea tratado en la Cámara de Diputados, donde el mayor signo de pregunta son los legisladores del oficialismo Guillermo Pereyra (Frente Renovador), Marcos Niven (PD) y Pablo Priore (PRO).