La denuncia de la empresa Pluspetrol por un incendio intencional en un pozo petrolero derivó en allanamientos a casas de Balsa Las Perlas, Cipolletti y Neuquén, en las que viven referentes de una multisectorial de agrupaciones que exige la liberación de Facundo Jones Huala, buscando elementos vinculados a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

Los procedimientos se desarrollaron esta mañana en las viviendas de personas que habían participado el día anterior de una actividad frente al juzgado federal exigiendo la libertad y no extradición de Jones Huala.  

Una de las casas allanadas fue la de Eduardo París, un ex concejal del Partido Intransigente, declarado ciudadano ilustre en Cipoletti. Su abuelo fue el primer intendente que tuvo la ciudad. Se considera un militante en toda circunstancia, fue preso político en la última dictadura militar, y afirma: “Debatí políticamente aún en la mesa de tortura, no me callé en el 76 cuando me soltaron y menos ahora”.

Además, es tío de Nadia Carla París, “militante en la defensa de causas abandonadas por la justicia”, activa participante de manifestaciones por la aparición de Daniel Solano, un trabajador golondrina de Tucumán desaparecido en Choele Choel, Río Negro, por la policía local cuando trabajaba para Expofrut. También se sumó a los reclamos por la aparición de Sergio Ávalos, visto por última vez en el boliche Las Palmas en Neuquén. Hasta el 2014, su causa fue tratada como una averiguación de paradero, pero un dictamen de la Procuradora General de la Nación la caratuló como “desaparición forzada”.

Nadie es una firme manifestante en la causa por Luciano Arruga, ya que además su pareja está vinculada familiarmente con el joven asesinado por la policía bonaerense. En los últimos meses participó activamente de las manifestaciones por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

La persecución tras la familia surge cuando Nadia se suma a una manifestación en la Universidad Nacional de Comahue, que realizaban diez trabajadores de limpieza que iban a ser despedidos. En ese momento intervino el rectorado, Nadia fue amenazada, y le advirtieron que “si no se dejaba de joder” le quitarían la matrícula. Desde ese momento, fue involucrada en la ley antiterrorista, y le fabricaron una causa por malversación de bienes públicos, a pesar de estar defendiendo una situación involucrada en la política universitaria.

Luego, surgió el conflicto con Jones Huala, quien fue absuelto por el juez Otranto en septiembre, debido a las irregularidades que se dieron en todo el proceso de investigación. El lonko fue encarcelado nuevamente a pedido del juez Villanueva del juzgado Federal N° 2, por la misma causa por la que había sido absuelto. Según Eduardo, “esto es parte de un arreglo entre el gobierno argentino y el chileno para poder extraditarlo”.

“En mi caso he cuestionado estas fallas y he apoyado a estas personas. Para perseguirnos, la policía inventó la excusa de que habíamos realizado atentados. La persona que dirige la confederación mapuche afirmó es tan absurda la forma en que se hicieron los atentados que se permite sospechar que no sean reales sino una fábula de los aparatos interesados en hacer recaer en alguien la responsabilidad de cosas”, afirmó París.

Por otra parte, explicó que lo que está sucediendo en Río Negro, Chubut y Neuquén es “una vulneración continua de los derechos de aquellas personas que habitan tierras y que paisanos del norte quieren ocupar para plantar lo que tengan ganas. Hay bosques naturales devastados por la soja, y una persecución de aquellos que se han enfrentado a los patrones de estancia”.

La persona que solicitó los allanamientos es el fiscal Jerez de Neuquén, al juez Piedra Buena de garantías de Neuquén que a su vez solicitó a la jueza de garantías de Río Negro, Carusso, la autorización para hacer los allanamientos en Balsa de las Perlas, donde vive Nadia, y en Cipoletti, en la casa de Eduardo y su hermano.  

“Mi hermano tiene 74 y yo 76 años. Los allanamientos los hace la policía de Río negro, en mi caso se comportaron correctamente, hubo trato cordial y respetuoso. De mi casa se llevaron un rifle 22 que compré hace muchos años después del proceso militar cuando quedé sin trabajo, y me dediqué a cazar vizcachas y venderlas. De aquella época me quedó, se lo regalé a mi hijo y lo tenía archivado en un altillo. Es un arma que hace años no es usada y una computadora nueva de hace tres meses que es con la que yo trabajo”.

“En el caso de mi sobrina el allanamiento fue mucho más violento.  Se llevaron herramientas de la militancia, entre otras cosas. Armaron la causa para sacarse de encima a una militante que les jode la vida, porque es muy activa, no tiene ningún sueldo pero ha estado al pie del cañón defendiendo los derechos conseguidos”, afirmó Eduardo.

“El fiscal ha expresado que somos una rama de la RAM, que no tengo ninguna duda de que es un sicario de los intereses que están explotando estos bienes, para sacar tierras que tienen adjudicadas los mapuches regionales para que puedan explotar los recursos naturales y el petróleo. Los mapuches hace más de 20 años están ahí y la Constitución Nacional dice que después de ese período de tiempo las tierras le corresponden a quien las habita”.   

Uno de los empresarios más poderosos del Sur, es Benetton. Eduardo cuenta que la impunidad es total, y que incluso el empresario ha cortado el paso de un río en Aluminé utilizado por los habitantes del lugar para realizar actividades con canoa y kayak. “Estamos peleando contra la invasión de la extranjería pirata que tiene como aliados a esta camada de jueces y fiscales corruptos, son los traidores de la historia del futuro”.