“Hace un año se me acercó una persona justamente en un evento por los derechos del niño y me expresó que había chicos que la estaban pasando mal en una institución y que necesitaban ayuda”, contó a VCF la senadora Daniela García. A partir de ahí, se inició una investigación que, en principio, lideró el fiscal Fabricio Sidotti y luego recayó sobre Gustavo Stroppiana, quien se dedicó exclusivamente a la investigación del Instituto Próvolo.

Como explicó uno de los miembros de la querella, Sergio Salinas, un año después, el caso sigue en proceso de investigación y se divide principalmente en tres: personas implicadas como partícipes en hechos de abuso sexual y corrupción de menores, personas que omitieron o encubrieron estos hechos y, por último, la responsabilidad de los profesionales que trabajaban en la institución y tenían menores a su cargo.

En esa línea, las primeras imputaciones y detenciones fueron las de los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho y tres empleados de la institución: Armando Gómez, José Bordón y José Luis Ojeda. Estos aparecían en el relato de las víctimas como protagonistas en los hechos de abuso sexual. En segundo lugar, fueron imputadas las religiosas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez. Luego, con el avance de la investigación, se imputó también a profesionales de la institución.

De este modo, la causa suma, hasta el momento, alrededor de 45 hechos y 18 víctimas que ya declararon. Además, hay 15 imputados, 7 de ellos con prisión preventiva: Nicola Corradi, Horacio Corbacho, Armando Gómez, José Luis Ojeda, Jorge Bordón, Kosaka Kumiko y Graciela Pascual, ex representante legal del instituto.

Oscar Barrera, uno de los abogados de la querella, comentó a VCF que el del Próvolo “es un proceso judicial inédito y muy complejo por las características de las víctimas, la calidad de los victimarios, el tiempo que pasó desde que ocurrieron los hechos, la evolución psicológica y las posibilidades comunicacionales de las víctimas”. Sin embargo, advirtió que hay tiempo para elevar la causa a juicio hasta mayo del año que viene.

Actualidad de la causa:

El pasado 17 de noviembre, mientras se desarrollaba una nueva audiencia por la causa del Próvolo, los abogados defensores de los sacerdotes Corbacho y Corradi presentaron su renuncia. Mediante un escrito, Pablo Kletzl y Clara Cejas aseguraron que no hay motivos relacionados con la causa y que se trata de “razones personales”. De este modo, es muy posible que la defensa de los curas recaiga en defensores oficiales.

Por otro lado, la semana pasada, el equipo de abogados defensores de las religiosas Kumiko y Martínez, liderado por Carlos Varela Álvarez, denunciaron a los peritos e intérpretes que intervienen en la investigación por falsa pericia y falsa interpretación. Es decir, acusan al Cuerpo Médico Forense y a los intérpretes oficiales por falsedad, negar o callar la verdad.

Sergio Salinas, abogado querellante, dijo que esta denuncia a peritos e intérpretes “es ridícula desde el punto de vista jurídico porque eso ya está resuelto por la jueza de garantías, la primera cámara del crimen y la octava cámara del crimen” y agregó: “Es una mera estrategia de la defensa como un manotazo de ahogado, pero duele muchísimo porque hablan de las víctimas con mucha soltura y les generan muchas crisis internas”.

Por otro lado, Oscar Barrera afirmó: “La defensa ha atacado el elemento central que es la comunicación de los chicos sordos con los oyentes y con la causa. Además atacaron los informes psicológicos, que son la base probatoria de cualquier delito sexual de menores”. Respecto del futuro que pueda tener esa denuncia en la causa, aseguró que “los argumentos de manipulación son elementos defensivos que van a caer” y que “los intérpretes están avalados por la causa mediante resoluciones judiciales y han trabajado con mucha seriedad”.

Por último, en un pronunciamiento firmado por familiares de las víctimas del caso Próvolo y diferentes asociaciones aseguraron que “ha habido diversos intentos de desprestigiar a los intérpretes de lengua de señas, quienes acompañan y dan voz a las víctimas, impulsando una campaña mediática sin consecuencias legales. El verdadero objeto de esta campaña es deslegitimar el testimonio de las víctimas ante la sociedad y golpear una vez más a quienes fueron tantas veces vulnerados”.


Pronunciamiento de los familiares de las víctimas:

En la concentración que tuvo lugar el día de ayer en la legislatura provincial se leyó un pronunciamiento del colectivo por la restitución de derechos de sobrevivientes del Próvolo, al que también adhirieron diversas asociaciones de personas con discapacidad. En él se expresaron los reclamos y exigencias de familiares de víctimas del Próvolo, entre las que se encuentran: “La eliminación del concordato entre la iglesia católica y el Estado argentino con la derogación de la ley 17.032”, “que se establezca un dispositivo interdisciplinario de atención integral para los sobrevivientes y su núcleo familiar primario”, “garantizar los medios económicos para la participación de los sobrevivientes y sus familias en todas las instancias judiciales” y “que se ponga en completa vigencia la ley 7.393 de lengua de señas y que la DGE garantice su enseñanza tanto en las escuelas especializadas como en las escuelas comunes”.

El Próvolo no es un caso aislado

Como es sabido, las denuncias por abuso sexual y corrupción de menores en el marco del Caso Próvolo no son un hecho aislado: el cura Corradi (82) fue denunciado en la década del 80 en Verona y más adelante en La Plata y su nombre aparece en una lista de 130 acusados que entregaron en el Vaticano.

En paralelo a la investigación judicial, la Iglesia Católica inició una investigación enmarcada en el derecho canónico, avalado por el concordato firmado en 1966, un acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina. En este contexto, la institución eclesiástica envió primero a Dante Simón y Juan Martínez y luego al comisario apostólico e interventor del Próvolo Alberto Bochatey.

El sistema de encubrimiento que tiene lugar en la iglesia católica es analizado por el representante de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico en Argentina, Carlos Lombardi, quien aseguró que ese sistema se mantiene hasta la actualidad: “A nivel eclesiástico, no ha cambiado nada. El arzobispado de Mendoza, la comisión que mandó Bergoglio para venir a investigar y el comisario apostólico prometieron ayuda con la justicia estatal y no han colaborado en una coma”.

Además, recordó que el sistema de encubrimiento eclesiástico ha sido destacado por la ONU: “Hay nueve exhortaciones que la ONU le hizo a la santa sede y esta no cumplió. Es más, todas las medidas tomadas por la Conferencia Episcopal Argentina tienden a blindar la institución, no a proteger a las víctimas”.

Por último, explicó que el Caso Próvolo llegó a la justicia en Mendoza porque se inició una investigación penal y porque hay “cierta connivencia entre el poder político y el poder religioso. El Próvolo además de ser un establecimiento educativo es un instituto religioso, regentado por sacerdotes, y además había un albergue. Por lo tanto, hay un entrecruzamiento de responsabilidad, no solamente de las autoridades del Próvolo, sino también del arzobispado de Mendoza y del Estado”.