Luego de que se conociera un proyecto de reforma del decreto reglamentariode la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 que tiene en carpeta el gobierno de Macri, más de 50 organizaciones de profesionales de la salud, usuarios y docentes se pronunciaron en contra. Por este motivo, firmaron un comunicado solicitando al Ejecutivo que no firme este decreto y aseguraron: “Esta nueva reglamentación resulta una clara contradicción con los principios de esa ley y con los derechos y las directrices emanadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas”.

“En el día de ayer se conoció un proyecto de reforma del decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental Nº26.657 por el cual se pretende dar un giro rotundo en la política de salud mental que tuvo como marco aquella ley sancionada con grandes acuerdos y valorada como ley modelo por los organismos internacionales de protección de derechos humanos”, aseguró el comunicado. Por otro lado, destaca que la reforma se intenta hacer mediante un decreto impulsado por el ministerio de Salud de la Nación, evitando la intervención del Congreso de la Nación en el debate.

Al respecto, José Alberto Muñoz, presidente del Colegio de Psicólogos de Mendoza, afirmó: “No discutimos contra la potestad del ejecutivo de sacar decretos. Discutimos la característica que tiene el decreto que es anular el decreto reglamentario 603 del 2013, y las características ideológicas en términos de los derechos que tienen los usuarios de los servicios de salud mental”.“Este decreto impulsado por el ministerio de Salud de la Nación es inconstitucional”, añadió.

En el comunicado firmado por más de 50 organizaciones se destacan los puntos más “preocupantes” del proyecto de reforma: en primer lugar, modifica la concepción de la salud mental como un proceso multideterminado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, y reinstala el modelo hegemónico de perspectiva biologicista, por lo que habilita exclusivamente las “prácticas fundadas en la evidencia científica”, excluyendo un tratamiento integral y el aporte de otras disciplinas como la psicología, trabajo social, acompañamientos terapéuticos, musicoterapia, entre otras.

Por otro lado, reinstala el manicomio bajo el nombre de “hospitales especializados en psiquiatría y salud mental” y admite el aislamiento pleno de personas a quienes vuelve a considerar “enfermos”. De igual modo, habilita tratamientos en comunidades cerradas para las personas con consumo problemático de drogas. En esta línea, y en contraposición al paradigma propuesto por la ley nacional, reinstala el concepto de peligrosidad y permite el aislamiento e internación en función de una evaluación basada en riesgos potenciales.

Además, el comunicado aseguró que este decreto vuelve a la lógica del modelo tutelar de sustitución de la voluntad, “al reconocer expresamente que una persona puede ser declarada completamente incapaz en franca contradicción con las disposiciones del reciente Código Civil y Comercial de la Nación y normas de superior jerarquía”. En relación a esto, el presidente del Colegio de Psicólogos de Mendoza explicó que, a partir de este decreto, “se pone al Estado a tutelar y no importa el sujeto como tal”.

Por último, otro de los puntos que más polémica ha generado es el que refiere al Órgano de Revisión: “se quita de la competencia del Ministerio Público de la Defensa la designación de la máxima autoridad del Órgano de Revisión de la Ley y se la traspasa al Ministerio de Salud de la Nación. De esta forma, la autoridad de aplicación de la ley será quien designe al responsable de ejercer las funciones de control sobre sí misma”, explica el comunicado.

Por lo anterior, José Alberto Muñoz afirmó que el decreto “vuelve sobre un criterio que ha sido tremendamente ineficaz en políticas de salud. En un estudio del CELS del 2007, nuestros internados tenían como promedio de internación 9 años, es decir, había una relación de altísimo costo en términos económicos y sufrimiento para los sujetos con muy bajo nivel de efectividad”.

En síntesis, “se vuelve a un paradigma donde lo distinto tiene que ser puesto entre rejas. Hay una gran pérdida de garantía de derechos”, aseguró Muñoz y explicó que “esto representa un retroceso grande respecto del enfoque comunitario y del enfoque territorial, una negación de derechos de las personas con consumo problemático de sustancias psicoactivas, un desmedro de la interdisciplina y no se prohíben las salas de aislamiento. No queremos volver al manicomio, no se puede volver al manicomio”.

De este modo, la firma del decreto impulsado por el ministerio de Salud implicaría un significativo atraso en esta materia ya que la Ley de Salud Mental es fruto de grandes consensos haciendo partícipe, por primera vez, al usuario. Además esta ley es pionera en el mundo y, como afirman los profesionales de la salud mental, ha sido valorada como ley modelo por los organismos internacionales de protección de derechos humanos.

“Por el retroceso gravísimo que implica, solicitamos al presidente de la Nación Mauricio Macri que no firme el decreto que será tachado de inconstitucional, y al ministro de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein, que cumpla con la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y asegure la participación de las organizaciones de usuarios/as de servicios de salud mental y de personas con discapacidad en forma previa a la aprobación de los actos administrativos que las afecten”, concluyó el comunicado.