“Que participemos todos los sectores del estado en la marcha del día del orgullo demuestra que un sector dejado de lado durante muchos años comienza a ser tomado en cuenta”, aseguró a VCF Emilce Vega Espinosa, gerenta de Empleo de Mendoza del ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Sin embargo, desde el Movimiento de Inclusión Trans, aseguraron no sentirse representados por el gobierno en esta materia y, junto con 10 organizaciones más, decidieron organizar una contramarcha: “Ante la decisión del gobierno de Mendoza de apropiarse de nuestra marcha del orgullo y entendiendo que el mismo, lejos de defender nuestros intereses y garantizar nuestros derechos los avasalla e implementa protocolos de persecución, convocamos a toda la disidencia LGTTBIQA”, anunciaba la convocatoria.

En este sentido, Uma Daniela Flores, integrante del Movimiento de Inclusión Trans y estudiante de derecho, enumeró los principales reclamos de esta comunidad.

Inclusión laboral trans

Un aspecto fuertemente reclamado por el movimiento desde hace años es la inclusión laboral para personas trans. Daniela Flores explicó a VCF que hay tres proyectos de ley para la inclusión laboral trans pero “no hemos logrado que se traten”. Emilce Vega Espinosa coincidió en este problema y advirtió que, si bien las leyes son importantes para avanzar en este camino, estas “son eficientes cuando dejan de ser meramente enunciativas y pasan a ser ejecutadas. El tema de los prejuicios y el desconocimiento en Mendoza nos sigue pesando mucho”.

En relación a esta problemáticas, Emilce estableció una diferencia entre el trabajo en relación de dependencia en el sector privado, en el sector público y el trabajo independiente, siendo este último donde han logrado mayor inclusión laboral: “Tenemos más de 50 personas que están participando con proyectos y emprendimientos que ya se están ejecutando, para los cuales el ministerio otorga un subsidio”.

Por otro lado, Emilce admitió que han logrado muy pocos casos exitosos de inserción laboral: “En la parte de relación de dependencia, es difícil y nos está costando mucho insertar a la gente del colectivo LGTB. Esto es una realidad”. Y agregó: “Cuesta mucho sobretodo porque en el sector privado hay mucho prejuicio de tomar gente que viene del colectivo”. “Venimos trabajando en la concientización. Algunos sectores participan y otros no. Hay mucho prejuicio. Enunciativamente todos dicen que si, que es una buena política y que están interesados pero no pasa a los hechos”. En este sentido, aclaró que desde el ministerio contemplan incentivos para la toma de personal, como el programa Empalme, o programas de prácticas laborales pero que, “aunque al comerciante o empresario les salga costo cero, no los toman”.

Por último, Daniela Flores explicó que el tema de la inclusión laboral también exige tratar el tema de la prostitución: “Al ser la prostitución un delito en la mayoría de las provincias del país, en base a los códigos de falta que no han sido derogados, se termina criminalizando a la actividad transexual, porque todavía no tenemos inclusión laboral”. Respecto de esto último, mencionó que hay proyectos para la derogación del código de faltas presentados “pero, como no logramos que se efectivicen, las personas trans que ejercen la prostitución han presentado habeas corpus para evitar ser encarceladas o detenidas por este delito”.

Cumplimiento de la Ley de Identidad de Género

Otra de las consignas fue el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género. Según explicó Daniela, esta legislación contempla dos aspectos principales: “Garantizar el cambio de identidad y el reconocimiento de la identidad autopercibida de la persona, con lo cual no hubo problema porque para esto no se necesita presupuesto” y, en segundo lugar, “el acceso a tratamientos integrales hormonales y a intervenciones quirúrgicas totales y parciales, mal llamadas cambio de sexo, que está contemplado en el artículo 11”.

Daniela aseguró que estos artículos que hablan del acceso a la salud integral de las personas trans no se están cumpliendo y que, a nivel nacional, “son muy pocas las personas que han podido acceder a intervenciones quirúrgicas”. Por otro lado, comentó: “Hace unos tres meses hubo un pedido de la legislatura dirigido a la ministra de salud para que informe cuántas intervenciones y tratamientos hormonales se están realizando en el hospital central y demás instituciones públicas de la salud en Mendoza. Que yo sepa, todavía no hubo respuesta”.

Aprobación de la modificación de la Ley de VIH

Otra de las consignas fue que se trate la modificación de la Ley de VIH, que a fin de año perdería estado parlamentario. Sergio Ramírez, coordinador de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes positivos (RAJAP), comentó a VCF que “esta es una medida urgente para las personas del colectivo porque afecta al 34% de las personas trans”. La Ley de VIH fue sancionada en 1990 y, según comentó Sergio, si el proyecto de modificación no se trata antes de fin de año, cae y deberá volver a ser presentado y atravesar todas las instancias desde cero.

Para que esto no pase, el proyecto debe aprobarse en las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, luego de haber conseguido el dictamen de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación. Otra vía para aprobarlo antes de fin de año es la cámara de senadores, que según comentó Sergio, por iniciativa propia, incluyeron las modificaciones hechas en diputados en otro proyecto. “Creemos que parte de la respuesta al VIH es la legislación y esperamos no tener que volver a cero porque sería seguir postergando un montón de respuestas que son necesarias”, aseguró el coordinador de RAJAP.

La reforma de la ley significaría una ampliación sobretodo en derechos sociales en lo referente al acceso a la salud desde el enfoque de derechos humanos. Según comentó Ramírez, “si bien el VIH no es una problemática exclusiva del colectivo, la desigualdad en la salud refleja también desigualdades en lo laboral y la falta de educación sexual integral que sufre la comunidad”. “Incluimos la consigna de la reforma de la Ley de VIH en la contramarcha porque creemos que todas las desigualdades que afectan al colectivo están relacionadas”, concluyó Sergio.

No al protocolo para la detención de personas LGBTI

Otro de los grandes reclamos tiene que ver con el protocolo de detención para las personas LGBTI que estableció el ministerio de Seguridad de la Nación, sin consultar a las organizaciones que defienden los derechos de ese colectivo. Daniela Flores comentó: “El protocolo se hace para detenernos con una especie de respeto, porque contempla la ley de identidad de género que habla de respeto y reconocimiento a la identidad autopercibida por las personas”. Sin embargo, explicó que “el protocolo impactó negativamente en todo el colectivo porque, si bien cuando uno lo lee suena muy bonito, hablamos de un gobierno que lanza un protocolo de detención para personas de este colectivo pero es el mismo gobierno que no se ocupa de garantizar otros derechos fundamentales”.

Por último, Daniela aseguró que “Mendoza es una sociedad sumamente conservadora y me atrevería a decir que ha habido un retroceso a la hora de pensar en estos temas”. Argumentó que “ha habido muchísimos casos de transfobia, y algunos inclusive han terminado en homicidio”. Por esto, otra de las consignas de la contramarcha del viernes fue “basta de femicidios, travesticidios y transfemicidios impunes”.