Durante el mes de abril, el ministerio de Trabajo anunciaba una intervención al gremio de Judiciales. Este intento injerencista por parte del gobierno nacional fracasó en su intento. Y el reclamo del sindicato ya llegó a una resolución por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones, que resolvió y obligó al Ministerio a desistir con el intento de ordenar un interventor; prorrogar el mandato de la actual comisión directiva, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión nuestra y finalmente le dio 72 horas para que extienda el certificado de las autoridades.

Según cuenta Ordóñez apuntó que “esas 72 horas se cumplieron allá por el 20 de julio. Al día de hoy no se ha extendido dicho certificado”. Y aseguró que “es una nueva maniobra de la patronal para intentar debilitar al gremio, lo que se busca desde lo jurídico y lo político es aniquilar a un gremio que ha luchado por las condiciones de trabajo y el salario de los judiciales”.

Por parte del gremio están esperando la resolución nuevamente de la Cámara para que extienda la certificación de las autoridades. “No obstante eso, el gremio tiene plena vigencia en cuanto a sus autoridades ya que la resolución de la sala 9 de la Cámara Nacional de Apelaciones no tiene efectos suspensivos” aseguró Ordóñez.

Esta semana, cuenta Ordóñez, el intento de intervenir fue presentado ante la CIDH, “esto fue en Montevideo y fue visto como uno de los casos escandalosos –hubo 6 en Argentina- de maniobras del Ministerios de Trabajo para cooptar sindicatos.”

¿Qué pasó con la intervención?

Según cuenta el Secretario General de Judiciales “la cuestión fue si habían pasado 4 o 5 días hábiles antes para la convocatoria a elección de junta electoral previa a las elecciones del sindicato”. Entonces “el gobierno dejó realizar el acto electoral y lo supervisó con 4 supervisores. Y creo que estaban convencidos de que ganaba la lista propatronal, como la lista propatronal perdió, el Ministerio tardó 5 meses en expedirse y dijo que declaraba la ineficacia jurídica de la Asamblea que elegía junta Electoral y con eso tiraba todo el proceso, que incluía a las elecciones” explicó Ordóñez.

El sindicato presentó algunos recursos y el Ministerio tardó otros 5 meses en definir la situación cuando ya la competencia estaba en manos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. “Decidieron nombrar un interventor, que como ya saben fue rechazado por los trabajadores” destacó Ordóñez. Y señaló “no estábamos metidos en hechos de corrupción ni nada por el estilo, la discusión iba en torno de si eran 4 o 5 días. La intención era tener injerencia sobre el gremio”.

Lo que viene

El gobierno convocó a paritarias para el mes de diciembre. Sin embargo, desde el gremio están preparando las elecciones de delegados y junto con ellas una asamblea de trabajadores donde se discutirán los términos sobre los cuáles se va a avanzar en la paritaria.

El planteo fundamental de la cúpula del gremio es, en un principio la desigualdad entre los jueces y los trabajadores judiciales en cuanto a los aumentos. “Al día de hoy, durante el 2016 los jueces obtuvieron 20 puntos por encima de los empleados y funcionarios”. Y resaltó que “esta porcentualidad está relacionada con la inflación”.

Ante esto, Ordóñez apuntó que “cuando vamos al supermercado a empleados y funcionarios nos cobran lo mismo que a los jueces. Entonces no se justifica la diferencia de puntos del año pasado, este año ya llevan acumulados 4 puntos más”. Y finalmente se quejó diciendo que “resulta insólito que la distribución del ingreso en el poder judicial sea tan inequitativa. Para los que más ganan hay más y para los que menos ganan hay menos”.