Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que 208 millones de mujeres quedan embarazadas por año en el en el mundo. De ellas, el 59% tiene un embarazo planificado o deseado. Del 41% restante, 44 millones terminan en abortos inducidos, la mitad de los cuales, 21,6 millones se realizan en condiciones de inseguridad para la salud y la vida de las mujeres.

El número anual de abortos inducidos en Argentina oscila entre 372.000 y 522.00, aproximadamente, la gran mayoría de los cuales se realizan en condiciones de inseguridad.

Si bien es cierto que un porcentaje importante de mujeres utiliza algún método anticonceptivo, a medida que baja el nivel educativo y económico, disminuye su uso. Esto ocurre, entre otras circunstancias, por ignorancia (por ejemplo por la no implementación en todos los niveles educativos de la ley de educación sexual integral), por falta de medios con que pagarlos o de políticas adecuadas de distribución masiva y gratuita por parte de las autoridades.

Demás está decir que son las mujeres pobres quienes ponen en riesgo su salud y sus vidas al depender de métodos inseguros, mientras el resto, recursos mediante, saben bien adonde acudir cuando tienen una necesidad.

Nuestra provincia ni siquiera ha implementado el protocolo de interrupción legal del embarazo, desoyendo las directivas del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que muy claramente delimitó las responsabilidades de los médicos, jueces y funcionarios en los casos de abortos no punibles contemplados en el Código Penal Argentino desde el año 1921.

El protocolo fue motivo de varios proyectos de ley, fracasados rotundamente en debates memorables por tanta hipocresía; mientras tampoco faltaron sendos proyectos de resolución de distintas autoridades del Ministerio de Salud, olvidadas en los cajones de casa de gobierno.
Quienes venimos desde hace muchos años luchando por el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros propios cuerpos, recordamos los nombres y las posturas de cada una de las personas que pusieron las trabas necesarias para que todo siga igual en nuestra provincia.

Y hoy una vez más quienes nos hablan de “cambio”, ya sea desde la Dirección de Género y Diversidad de la Provincia, a cargo de una funcionaria que gestiona a contramano de su discurso feminista, o la Ministra de Salud y candidata a senadora, siguen sin hacer nada para que en Mendoza se efectivicen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Sabemos perfectamente que con los “contactos adecuados” y “llamados oportunos” a “determinadas autoridades”, más la insistencia y denuncia de las organizaciones de mujeres, algunos abortos legales, que requieren control médico, se practican desde hace mucho en hospitales públicos de Mendoza, sin embargo eso no alcanza.

Quienes acceden a este derecho lo hacen por tener las relaciones necesarias para que todo se resuelva en silencio y calladamente. Demás está decir que no abarca a las mujeres pobres de nuestra provincia, que carecen de recursos y contactos, y son quienes más necesitan del Estado para garantizar sus derechos.

En este 28 de septiembre, Día de lucha por el derecho al aborto en América Latina y el Caribe y mientras cientos de miles de mujeres marchamos por nuestros derechos, nos parece buen momento para recordar las palabras del reconocido cirujano argentino René Favaloro (1988): "Los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en las villas y en Sanatorios hacen fortunas sacándoles la vergüenza del vientre a las ricas. Con el divorcio decían que era el fin de la familia y sólo fue el fin de la vergüenza de los separados ilegales. Con el aborto legal no habrá más ni menos abortos, habrá menos madres muertas. El resto es educar, no legislar".