Hoy primero de septiembre de 2017, se cumple un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado a manos de la gendarmería.

Ayer por la tarde comenzó a llegar la información, por las vías de comunicación alternativas, de insólitos allanamientos a diferentes organizaciones sociales y políticas en la provincia de Córdoba, por disposición del fiscal Gustavo Dalma.  

Se reportaron allanamientos en el local del Partido Obrero, el Espacio Social y Cultural Anarquista y la Casa 1234, el local del Frente de Organizaciones en Lucha en barrio Müller; la Biblioteca popular de Villa la Maternidad; Kasa Karakol, un local del Partido de la Victoria, una residencia particular y la casa de una de las madres que luchan contra el gatillo fácil.

Ayer por la tarde, también pudimos ver el traslado de Milagro Sala a la Ciénaga, y las restricciones absolutamente ilegales de arresto que se le impusieron: una custodia perimetral desmedida de la policía de la provincia y la gendarmería, con cámaras de seguridad y alambres de púa. Además Milagro no podrá recibir, según la orden del juez, más de 4 visitas por vez y solo tres días a la semana.

Estas medidas ni si quiera fueron tomadas para ninguno de los militares en prisión domiciliaria por crímenes de lesa humanidad, que incluso en algunos casos han violado su restricción.

Estos hechos, no aislados sino más bien convergentes, nos recuerdan a las peores épocas de la historia argentina, en donde lo que había era terror e impunidad. El aparato represivo estatal está montado directamente sobre las organizaciones sociales y políticas, es decir, contra la organización comunitaria y popular.

María Elena Nadeo, integrante de la mesa directiva de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH), dialogó con VCF respecto a esta difícil situación que debe atravesar la sociedad argentina, ante un poder judicial como en otras épocas cómplice e inoperante, y un gobierno nacional que oculta con descaro lo que verdaderamente sucede, alimentando cada vez más la escalada de violencia.

“Los allanamientos y detenciones en Córdoba contra organizaciones políticas nos hace recordar a los climas represivos que bordearon los procesos de gobiernos muy autoritarios. Hay quienes dicen desde el gobierno que la oposición alienta la brecha, pero en realidad se genera justamente cuando hay represión, injusticia, detenciones, arbitrarias y no se respetan los protocolos de seguridad democrática, logros de los organismos de derechos humanos y de los gobiernos populares”.

Grave represión en Córdoba: la policía atacó a balazos de goma a organizaciones que pedían alimentos al gobernador (Fotos @NestorMoccia) pic.twitter.com/s5l7ONSlBv

— El Destape (@eldestapeweb) 9 de diciembre de 2016

La detención y traslado de Milagro Sala

María Elena comentó respecto al traslado de la dirigente de la Tupac, que la CIDH contestó la medida cautelar de los abogados de Milagro, estableciendo que debía ser beneficiada con la salida de la cárcel con medidas alternativas a la prisión que pueden consistir en arresto domiciliario, pulsera electrónica u otro medio de fiscalización.

“La prisión domiciliaria en Argentina tiene una regulación mínima y en todos los antecedentes que hay, incluso los militares presos por crímenes de lesa humanidad en prisión domiciliaria, están en su hogar familiar habitual, sin cámaras de seguridad ni custodia adicional en las puertas”.

Respecto a esta discrecionalidad del poder judicial jujeño Nadeo anticipó que se realizarán acciones de protesta “porque todas estas medidas son absolutamente arbitrarias ya que no están incluidas en ninguna regulación de la legislación y constituyen un abuso del poder judicial, que se extralimita en cuanto a la función de establecer un tipo de arresto domiciliario que prácticamente consiste en otra medida de encierro. De hecho, el relator de la CIDH expresó que el lugar de arresto debió ser su domicilio habitual, y no a 40km de su hogar”.

“Milagro Sala está siendo tratada de forma excepcional, situación que viola el principio elemental de igualdad ante la ley, el de no discrecionalidad, y la no discriminación. Es claramente una persecución política, en la que además se estigmatiza a una mujer referente social como si fuera una criminal peligrosa que debe tener un control especial”.

Y entonces: ¿Quiénes son los responsables de la arbitrariedad? En este caso, la responsabilidad recae en los jueces Llermanos y Mercau, y el gobierno de Gerardo Morales.

Realizando una comparación sobre el caso de Nélida Rojas en Mendoza, y la actuación del poder judicial mendocino, para María Elena existe una diferencia respecto a la imparcialidad de la justicia jujeña: “Cuando asumió Morales, inmediatamente cambió la composición de la Corte, generando como consecuencia una coherencia ideológica entre el poder ejecutivo y los nuevos jueces. Entonces hay un poder judicial, que salvo alguna excepción, responde a este modelo represivo y punitivo. En Mendoza todavía hay una cámara de apelaciones y una corte que está basada en cierta imparcialidad y cierto pluralismo”.

Según comentó María Elena, Milagro ayer estaba mejor de ánimo “y mandó saludos y un agradecimiento por la lucha que significó para ella y para los organismos de derechos humanos que le otorguen la prisión domiciliaria. Además, su marido, hijos y nietos vivirán con ella, lo cual es un aliciente para la difícil situación que atraviesa”.

¿Dónde está Santiago Maldonado?

A un mes de su desaparición, desde la APDH no pueden creer la actitud del gobierno nacional y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Nos parece terrible que la ministra siga sosteniendo que se trata de una persona extraviada, que no hay testimonios de mapuches que vieron a Santiago en la otra orilla del río y vieron como la gendarmería avanzaba sobre él. No reconocen esto como prueba y es una situación que evidentemente sólo con la lucha de toda la comunidad se podrá esclarecer”.

“Desearíamos que todo esto sea una pesadilla, pero la verdad es que el propio defensor público de Chubut ha dicho que trabaja la hipótesis de que hubo un exceso de golpes por parte de los gendarmes que lo apresaron y eso provocó su muerte”.

A esta actitud estatal de irresponsabilidad absoluta, se suman los intentos siniestros del gobierno de querer generar una víctima propia: “Cuando escuche la conferencia de prensa de Cristian Ritondo, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, cuando desapareció  Oscar Alvarenga, un ex policía de la bonaerense que trabaja con él, fue claro que querían deslizar que la policía bonaerense tenía una víctima y luego apareció en el casino”.

A pesar del ocultamiento mediático y estatal, hoy se realizarán marchas masivas en todo el país para reclamar la aparición con vida de Santiago Maldonado bajo el lema “el estado es responsable”.

María Elena comentó que “hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde la Asamblea nos estamos movilizando junto a las juventudes, y distintas organizaciones sociales y políticas. De hecho se logró un acuerdo para que todos los organismos y movimientos que habitualmente hacen marchas por separado confluyan en un único acto en Plaza de Mayo para reclamar que el gobierno nacional reconozca que se trata de una desaparición forzada y asuma la responsabilidad en la investigación. Además, se debe apartar de sus funciones a los que pueden haber sido los responsables de este delito para que se abra paso a la verdad”.