En el día de ayer se dio a conocer la sentencia en primera instancia dictada por el Juez Moro en la cual se condena al ex presidente Lula Da Silva a 9 años y medio de prisión por estar relacionado al entramado de corrupción de Petrobras.

Actualmente, Lula es quien más mide como candidato a presidente para el 2018, y las operaciones en su contra de parte del poder mediático, político y judicial no cesan.

En diálogo con VCF el diputado Paulo Pimenta del PT, se refirió a esta gravísima situación que atraviesa Brasil.

-¿Cuál es la lectura política que Ud. hace de la sentencia del Juez Moro?

La sentencia no tiene mayores sorpresas. El proceso de ruptura institucional que se inició con el desplazamiento  de la Presidenta Dilma Rousseff  se consolida con el intento de la prohibición que Lula sea candidato en 2018. Por lo tanto, las fuerzas conservadoras del golpe institucional,  con sus tentáculos en el Poder Judicial,  una fuerte influencia de la red O Globo de Televisión y el conglomerado de las grandes empresas nacionales y multinacionales, no permitirían una sentencia distinta a esta. Entonces para nosotros no ha habido una sorpresa. Es una persecución política que lleva ya casi tres años cuyo objetivo es impedir el avance un proyecto político popular victorioso en cuatro elecciones que transformó la realidad brasileña. Por lo tanto el temor a la vuelta de Lula lo explica esta decisión.

-¿Cuál es el impacto que tiene en la opinión pública brasilera esta decisión judicial en vista a las elecciones del año próximo?

Lo importante es destacar que es una sentencia que está absolutamente en desacuerdo con la Constitución Federal, es una sentencia sin ninguna prueba, no hay ningún documento  que justifique  este dictamen.   Hay demasiadas suposiciones y ninguna prueba.

En la teoría jurídica brasileña no hay lugar para una sentencia como esta. En Brasil esta es una decisión de una Corte en  primera instancia,  que no impone  ninguna restricción electoral. Para que Lula sea inhabilitado electoralmente debe haber una condena de un tribunal colegiado. La defensa del ex presidente puede apelar esta sentencia ante la Cámara Federal. Seguramente a partir de marzo del año que viene habrá un nuevo periodo de disputa judicial y política antes de una decisión final sobre la cuestión.

-Indirectamente, pero relacionado con esta sentencia, Brasil acaba de aprobar una  la ley de la flexibilización laboral. ¿Cuál es su opinión respecto de esta norma?

Esta legislación remite al momento previo al gobierno del ex presidente Getulio Vargas en la década del cincuenta, cuando se incorporaron las leyes laborales en Brasil. Esta ley plantea un escenario de semiesclavitud. Establece cambios estructurales que llevan a la pérdida y eliminación de  derechos consagrados.  Evidentemente esto afecta enormemente al trabajador y es  consecuencia directa  del golpe llevado contra el gobierno de Dilma Rousseff.