39 fueron los muertos víctimas de la represión de un gobierno sin legitimidad política, en manos de un sicario económico como Domingo Cavallo, en diciembre del 2001. El jueves 20 de diciembre, el Presidente de la Nación Fernando De la Rúa, debió renunciar a su cargo y retirarse de la Casa Rosada en helicóptero.

Cuando fue llamado por la justicia para dirimir responsabilidades respecto a los fallecidos por la represión estatal, De la Rúa afirmó que fue “un golpe de estado de la oposición”, y nunca fue imputado en la causa.

Argentina tiene una larga experiencia en lo que respecta a la violencia estatal y civil. Desde las sangrientas guerras entre unitarios y federales, pasando por la campaña del desierto, la Patagonia rebelde, los bombardeos a Plaza de Mayo, los sucesivos golpes cívicos militares, 30 mil desaparecidos, la Guerra de Malvinas, la represión estatal, y la violencia económica que ha dejado muertos incontables en todo el territorio.

Los argentinos y argentinas hemos tenido que aprender a sobrevivir en un país en el que la violencia es latente, y en el que cada reconstrucción del pacto social es más difícil que la anterior.

Luego de una década en la cual se intentó reconstruir un estado que pudiera recomponer las heridas más profundas del pasado, y otorgar distintos lugares de expresión a todos los sectores de la sociedad civil, parecía que estábamos recomponiendo lo que puede llamarse un pacto cultural de civilidad, que no tiene que ver solamente con lo político, sino también con lo económico y lo cultural, en el que el aspecto más importante era brindar herramientas para que aquellos que estaban silenciados o invisibilizados pudieran expresarse. Nadie puede pedir comprensión o empatía a un pueblo silenciado, sometido y reprimido tras la violencia física y económica.

En los últimos años, empezamos a observar gradualmente que a pesar de los esfuerzos realizados por la sociedad en su conjunto, algunos sectores de la política, y grupos hegemónicos del periodismo comenzaron a hablar de una “grieta”, que parecía dividir al país en dos, a pesar de que muchos no pudieron ubicarse de ningún lado, y quedaron marginados incluso hasta de la división.

Tras el discurso de la grieta, se comenzó a generar un odio hacia los gobernantes, que tenía algunas similitudes con el 2001, y que estaba fundado principalmente en la mentira y la corrupción. Nos hicieron pensar que estuvimos viviendo durante 12 años cegados de mentira, y eso generó un profundo odio y resquemor, que dividió familias, hizo pelear amigos, y sobre todo la percepción de un “ellos” y “nosotros”.

De este modo, comenzamos a sentir que todo lo que creíamos cierto, ya no lo era, y los límites mínimos de verdad y razonabilidad bajo los cuales se puede construir un pacto social se rompieron al punto de creer que todo era mentira. Así florecieron los programas de televisión en los que todos gritan pero nadie se escucha, y todos nos volvimos jueces y verdugos del otro, dejando de lado esa construcción de sentido que se intentó lograr durante el kirchnerismo de “la patria es el otro”.

Este es un marco muy dificultoso para el desarrollo de pactos mínimos en una sociedad, y esto sucede así porque es un momento de disputa plena por la apropiación de un nuevo sentido común y la conformación de una hegemonía, que aún nadie ha podido afianzar, y esto sucede de este modo en todos los países del Cono Sur.

Hasta los medios de comunicación, instituciones que habían sido confiables para los ciudadanos incluso más que el estado, se involucraron en esta disputa, al punto tal de que hasta la profesión de nosotros los periodistas ha sido puesta bajo el jurado civil y estatal, y aquellos que hacen los medios, los periodistas, ahora son juzgados por “militantes” o “independientes”, “mentirosos” o “creíbles”, “oficialistas” u “opositores”. Esto no está mal, porque finalmente se destapa el hecho de que cada periodista asume su profesión desde una posición ideológica, y que siempre tratará de imponer su forma de ver el mundo.

Bajo este nivel de incertidumbre, claramente la sociedad tiende a resguardarse, protegerse, y por supuesto individualizarse para cuidar lo que a cada uno le pertenece, aumentando cada vez más el descreimiento en las instituciones que nuestra cultura nos ha enseñado a respetar.

En este marco, hay una situación que preocupa sustancialmente, y es el nivel de crecimiento de la violencia, principalmente militada y promovida por el estado. La prisión a dirigentes sociales como Milagro Sala, o las represiones en marchas y manifestaciones van en aumento. Pareciera que el gobierno estuviera probando cuál es el límite, porque medidas como esas no pueden ser tomadas sin el apoyo de la sociedad. Para esto, y para lograr el disciplinamiento social, práctica de manual para la imposición de la hegemonía, se ha generado una militancia de la represión desde el gobierno nacional, sus ministerios, y sectores de la oposición que encuentra sus adeptos no solamente en los miles de “trolls” de las redes sociales, sino también en civiles, que como en otras ocasiones apoyan la represión estatal, entendiendo que es lo que corresponde hacer cuando alguien está haciendo algo que es perjudicable para otros.

La semana pasada un operativo de la Policía de la Ciudad reprimió a hombres y mujeres de más de veinte organizaciones populares que conforman el Frente por Trabajo y Dignidad Milagro Sala, la Federación de Trabajadores por la Economía Social Limitada (Fetraes), y el MPR Quebracho, que se movilizaron al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para presentar los reclamos de cientos de familias.

Rápidamente, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich afirmó a través de Twitter que “Ante la violencia y la intimidación, el Gobierno y la Policía de la Ciudad hicieron lo que hay que hacer. Impedir que se viva al margen de la ley”.

Bullrich es la primera militante de la represión, y a través de las facultades que le concede su cargo, ha tomado distintas medidas para la causa. Por ejemplo, la implementación del Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas, popularmente conocido como Protocolo Antipiquetes, para establecer un mecanismo de autorización previa de las movilizaciones, amenazar la disolución por medio de la fuerza y censurar el trabajo de la prensa.

Otra de las medidas, fue la unificación de la Policía Federal y la Policía Metropolitana en la Ciudad de Buenos Aires. Esta última se caracteriza por su carácter violento y represor, y por el uso de la picana. Esta fuerza fue formada de este modo durante la jefatura de Mauricio Macri frente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El recién llegado de Estados Unidos Martín Lousteau, dijo “compartir” la actuación de la policía en la 9 de julio, y afirmó que se debe “diferenciar las manifestaciones movidas por reclamos que son muy válidos, de aquellas donde lo que se pretende es el daño del espacio público o de alguien".
Un caso de represión resonante durante el gobierno de Cambiemos, fue cuando los docentes instalaron una carpa itinerante en la Plaza de los Dos Congresos, mientras reclamaban por paritarias libres, sin techo, y acordes a la situación económica del país. Fueron brutalmente reprimidos. El Presidente, afirmó en su momento “No somos Menem. A mí no me ponen la carpa blanca", y ordenó el desalojo violento

El pasado 30 de junio, la policía detuvo en Buenos Aires a dos niños que robaron dos alfajores de un comercio. “No tenemos para comer”, afirmaron, y el comerciante pidió a la policía que los dejaran ir.

No es una campaña del miedo, es el hecho concreto de una sociedad con hambre, frío y falta de trabajo, y muy confundida. Frente a un estado depredador, que viene a instalar discursos y prácticas violentas que creíamos primitivas.