El ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, aplicó un decreto de 1997 para recortar pensiones en base a distintos criterios como el de tener ingresos mayores a 20 mil pesos mensuales o la posesión de un auto. El recorte perjudica a miles de personas con situaciones de discapacidad.

Desarrollo Social canceló o suspendió 170 mil pensiones no contributivas desde que asumió Macri, de las cuales 83 mil se realizaron en lo que va de 2017. Entre estas bajas, más de 70 mil corresponden a discapacidad. La justificación es que sus titulares incumplían alguno de los requisitos. Muchas son pensiones de 4400 pesos y en general no superan los 7000, por lo que no representan erogaciones significativas para el Estado. En cambio, el daño que ocasiona en la sociedad es inmenso.

Entre los requisitos del restrictivo decreto (que jamás se aplicó) figuran la acreditación de un nivel de discapacidad del 76%, la imposibilidad de que el beneficiario o su cónyuge estén amparados por el régimen de previsión o que posean bienes o ingresos que “permitan” su subsistencia. Por eso, el gobierno de Macri quitó el derecho social a beneficiarios cuyos cónyuges perciben una pensión o jubilación, aun si se trata del haber mínimo. También despojaron a personas con dificultades para manejarse de manera independiente en caso de que cuenten con un tutor que perciba ingresos equivalentes a tres salarios mínimos, es decir cuyo familiar tenga un ingreso formal de 21 mil pesos.

Para todos los casos el gobierno tiene el mismo argumento: no cumplen con ciertos requisitos. Sin embargo, no hubo un estudio socio ambiental previo a la quita. Tampoco hubo previo aviso, las personas tomaron conocimiento cuando fueron a cobrar y allí se enteraron que no les habían depositado. Estas imprudencias dan lugar a recursos de amparo, como el que ya presentaron un grupo de damnificados ante el Juzgado Federal de Viedma, Río Negro, para evitar las suspensiones arbitrarias sobre ese derecho.

A la vez, el gobierno desmontó los equipos territoriales que atendían la situación integral de las familias con algún miembro discapacitado, lo cual agrava los problemas entre los sectores más desprotegidos. Por otro lado, están paralizados los nuevos certificados de discapacidad.

Guillermo Badino, titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales reconoció a Clarín que no hubo previo aviso: “no tenemos los teléfonos de todos y no es efectiva la comunicación por carta”, fue toda la explicación. En otra declaración del mismo funcionario publicada en el mismo diario expresó: “Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad”, reconoce Badino y da un ejemplo: “una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”. Vergonzoso. Esta es la mentalidad del actual gobierno.

Mientras todo esto ocurre, es importante remarcar que la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación no alcanzó el quórum durante una reunión realizada este martes 13 de junio debido a la ausencia de legisladores del oficialismo. Según informó Parlamentario.com, el diputado José Ciampini (FpV-PJ) se comprometió a dar un “urgente tratamiento” a proyectos que estén relacionados con la quita de pensiones no contributivas a personas con discapacidad.

El mismo medio indicó que, desde la Multisectorial de Discapacidad de Mendoza, Germán Ejarque expresó la “preocupación de lo que se está viviendo en todo el país” por la quita de las pensiones y presentó un petitorio que reunió miles de firmas en contra de la disposición del ministerio de Desarrollo Social.

Ejarque cuestionó “la forma en que se ha hecho, aplicando el Decreto 432/97, que es contrario a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad”, que desde el 2014 tiene jerarquía constitucional en nuestro país.

En efecto, la aplicación del decreto del año 1997 es como mínimo un error, ya que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional, reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo.

Por lo mismo, la decisión del Gobierno de Mauricio Macri atenta contra un derecho humano esencial como lo es el de la igualdad de oportunidades para que las personas con alguna discapacidad puedan desarrollarse normalmente dentro de la sociedad.

Detrás de cobrar una pensión están la dignidad y respeto hacia las personas que tienen serias dificultades para obtener esos recursos por otros medios. La decisión del gobierno lesiona y altera derechos y garantías constitucionales y ha sido ejecutada en forma arbitraria y autoritaria. Actitud que debe llevarnos a pensar qué tipo de sociedad y de país que queremos los argentinos.

La Defensoría del Pueblo de la Nación también tomó intervención en el caso y exhortó al Gobierno a que “restablezca de forma inmediata todas las pensiones suspendidas considerando que éstas se habrían llevado a cabo sin un acto administrativo que las avale”.

El ajuste de Cambiemos llegó a los más vulnerables, sin previo aviso, dejando marcada su impronta discriminatoria y de abandono hacia los más débiles, una vez más.