El gobierno endeudador serial de Macri, que en sólo un año hizo crecer en 35 mil millones de dólares la deuda pública, ahora hipoteca nuestros recursos naturales; ni la dictadura cívico militar se atrevió a tanto”, manifestó el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria en un comunicado.

El documento le recuerda “al ingeniero Macri que de acuerdo al primer artículo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que integra la Constitución Nacional de acuerdo al artículo 75, inciso 22º, los recursos naturales son de titularidad de los pueblos”, y remarca “no de los gobiernos: de los pueblos”.

Esta semana se conoció la noticia de que los abogados Jorge Cholvis, Arístides Corti y Eduardo Barcesat, desde el Instituto Arturo Sampay, habían presentado “una demanda judicial contra el presidente Mauricio Macri y los funcionarios de Cambiemos que intervinieron este año en las operaciones de deuda acusándolos de hipotecar los recursos naturales de la República como garantía de pago”, según informó Mariano Beristain,en el sitio Muchomasquedos.

“La presentación advierte que si la Argentina, por alguna razón, ingresa en default deberá someterse a los tribunales arbitrales de Nueva York (Estados Unidos), Londres (Reino Unido) y Suiza y, de ser necesario, tendrá que rematar los recursos naturales para cumplir con sus compromisos financieros con los acreedores”, agregan Beristain.

Barcesat había adelantado en un escrito que “no satisfecho con la ruinosa negociación con los fondos buitres ahora Macri ha profundizado el endeudamiento y la sujeción a futuro de generaciones de argentinos, al comprometer, en todos los endeudamientos pactados en el curso del año 2017, como respaldo de los pagos de servicios e intereses, el conjunto de los recursos y riquezas naturales”.

Los diputados del FPV exigen, en el comunicado publicado en el día de ayer, que los funcionarios que participaron y que están involucrados en la firma de los decretos “con urgencia concurran al Congreso a dar explicaciones sobre este despropósito que, de concretarse, compromete el futuro de generaciones de argentinos” y además los responsabilizan “personal y patrimonialmente de los daños que pudieran causarles a la Patria y al Pueblo”.