Este jueves por la mañana los intendentes de Godoy Cruz y Las Heras presentaron en conjunto un recurso de reconsideración para que se suspenda provisoriamente la resolución Nº 10 que el Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza publicó en el Boletín Oficial el 24 de enero del presente año.

De esta manera, Diego Costarelli y Francisco Lo Presti solicitaron que se revoque lo dispuesto por su artículo primero y, en consecuencia, se continúen liquidando los tributos coparticipables entre las municipalidades de la provincia conforme los datos que surgen del Censo Nacional de Población, Hogar y Viviendas 2010, ajustados según registros de nacimientos y defunciones informados por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza.

Se cuestiona la toma de una tasa de crecimiento vegetativo significativamente menor a la real, como es la informada por el último Censo.

Entre los fundamentos, se explica que la Ley de Coparticipación provincial adopta una serie de pautas distributivas que componen un sistema equilibrado, que conjuga criterios de eficiencia en el gasto público y de equidad en la asignación de recursos, de modo tal que la variación de cualquiera de tales pautas produce un desequilibrio general en las asignaciones.

Costarelli sostuvo que “es necesario trabajar en una Ley de Coparticipación provincial actualizada, que adopte pautas distributivas para un sistema equilibrado, que conjugue criterios de eficiencia en el gasto público y de equidad en la asignación de recursos, de modo tal que la variación de cualquiera de tales pautas no produzca un desequilibrio”.

Y fue tajante: “corresponde defender los recursos que le pertenecen a cada godoycruceño, sin descuidar a los miles de vecinos de otros departamentos que orgullosamente servimos cada instante. Es mi obsesión ver a Godoy Cruz crecer todos los días”.

Tanto Godoy Cruz como Las Heras pidieron que se vuelva al viejo régimen de coparticipación

Datos respaldatorios

Los datos relevados por el Municipio de Godoy Cruz ponen en entredicho los que arroja el INDEC. El relevamiento comunal indica un crecimiento en la base catastral del 14,74%, un crecimiento de los padrones construidos y transferidos para vivienda del 12,49% y un crecimiento de los padrones que tienen por destino cochera del 126,44%.

Todos estos datos debieran relacionarse con un parigual crecimiento poblacional, tal como lo demuestran las estadísticas de los anteriores censos, en los que dicho crecimiento (de 4,9% entre los dos censos anteriores) guardaba proporción con un crecimiento habitacional del 22% de viviendas en general (47,6% de departamentos).

En el caso del último censo, el crecimiento de viviendas es de 19,8% (80,4% departamentos), no obstante, lo cual el crecimiento poblacional sólo sería del 1,7%. En Maipú y Luján de Cuyo, en cambio, un crecimiento de viviendas de poco más del doble de lo que registra Godoy Cruz se vincula con un ascenso poblacional del 27,3% y el 46% respectivamente, lo que impide establecer una relación lógica entre tales guarismos.

El Censo arroja una variación relativa en los últimos doce años del 1,7%, lo cual equivale en términos reales poco más de 3.000 personas más que en el año 2010.

Tales guarismos no se compadecen con ningún otro dato probado, como por ejemplo los emergentes del Padrón Electoral, que revela una diferencia de 42.113 personas más que en el año 2010; es decir, más de cuarenta y dos mil personas mayores de 16 años domiciliadas en el departamento (pues no es coherente suponerlas residentes en un departamento a los fines electorales pero habitantes de otro a los fines previstos por la Ley de Coparticipación).

Otro tanto ocurre con la matriculación escolar de nivel inicial en el ámbito municipal, donde se produjo un incremento en el mismo período de un 17,2%, según surge de la Plataforma de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Cuyo, en base a los datos aportados por la Dirección de Estadísticas de la Dirección General de Escuelas. Como bien puede acreditarlo la DEIE, la densidad poblacional de Godoy Cruz es la más grande de la provincia, siendo el departamento donde más personas viven por kilómetro cuadrado (2.461 habitantes por km2).

Según la resolución que se busca impugnar, el porcentual de participación de Godoy Cruz se reduciría del 10,23% en el año 2023 al 9,85%, lo que -según estimación de Hacienda municipal- equivaldría $1.300 millones de pesos menos en la liquidación de tal concepto.

En el caso de Las Heras, sus números muestran también un equívoco dato censal que le significará una merma de coparticipación anual de un -0,15%, o sea 804 millones menos que el año anterior.

Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz

Datos cuestionados

La distinta metodología utilizada por el último censo, la fidelidad misma de los datos estadísticos obtenidos ha sido puesta en duda a nivel público.

Por ejemplo, según el diputado nacional Martín Tetaz “los censistas, en muchos lugares, no pudieron cotejar cuántas personas había en el hogar”, dando lugar a la adulteración de datos poblacionales, pues los jefes comunales de distintas jurisdicciones, por primera vez en la historia de los censos, estuvieron a cargo de la coordinación del operativo, que antes sólo desplegaba maestros y personal de las Fuerzas Armadas.

Tal cambio, según el diputado denunciante, favoreció la participación de “militantes voluntarios” que, en algunos casos, pudieron haber fraguado las cifras demográficas para favorecer a sus jefes políticos.

Tal circunstancia originó la denuncia del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, por una presunta adulteración de datos en el municipio de La Matanza, con la intención de beneficiar al distrito en la distribución de los fondos coparticipables.

Es sabido, por lo demás, que muchos ciudadanos advirtieron que no fueron censados oportunamente, por lo cual el INDEC habilitó un sistema de “días de recuperación” extendiendo el censo online durante seis días más, lo que da cuenta de la falta de rigor en la recopilación de datos.

A esas irregularidades se adunan otras muchas causales de sospecha, como la falta de instrucción de los censistas, las excepcionales situaciones habitacionales de post-pandemia, el transcurso de más de 18 meses para la publicación de los datos oficiales, siendo que la mitad de los mismos habían sido recabados digitalmente, y las suspicacias generadas por el manejo de la información oficial por parte del INDEC.