El Observatorio presentó un trabajo basado en los datos generados por la Encuesta de la Deuda Social Argentina de la Serie Bicentenario para el período 2010-2016. Estos registros fueron relevados en el cuarto trimestre de los años 2010 a 2015 y en el tercer trimestre del 2016.

Según la UCA, en el tercer trimestre del año pasado sólo el 41,4% de la población económicamente activa urbana poseía un empleo con calidad plena de derechos laborales, un 30,7% tenía un empleo regular pero sin vinculación con la seguridad social, y el 18% estaba subocupada en actividades de baja remuneración.

A esto se suma una caída del empleo pleno y también del precario, y un aumento significativo en el riesgo de desempleo. Más del 80% de los ocupados encuestados, considera que es difícil conseguir un empleo similar en caso de perder su actual trabajo.

Otro problema estructural en el sector laboral, es que los salarios difieren “de manera significativa según la calidad del empleo al que acceden los trabajadores. El mayor ingreso medio laboral mensual en el tercer trimestre de 2016 lo recibían los ocupados con empleo pleno ($ 15.099.-), en menor medida los que poseen empleo precario ($ 9.426.-) y, por último, los trabajadores con subempleo inestable ($ 3.724.-)”.

Durante el año pasado, la mitad  de los trabajadores no participaron del Sistema de Seguridad Social. Los empleadores no realizan aportes jubilatorios al 33,3% de los asalariados y 71,5% de los trabajadores por cuenta propia tampoco realizan aportes.  

Durante el último año, las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, tendientes a “resolver desajustes macroeconómicos, a la vez que crear un clima de confianza para lograr una reacción favorable de los mercados”, según el Odsa, no han tenido las respuestas esperadas y las políticas dirigidas hacia las pymes no han sido suficientes para mantenerlas a flote.  

El informe asevera que en las condiciones económicas actuales, la situación laboral y social no puede mejorar: “en tanto se mantenga el actual escenario recesivo, sólo cabe esperar un aumento del desempleo, los trabajos de subsistencia y de la precariedad laboral, y por lo tanto, de las desigualdades estructurales que afectan al mercado de trabajo, con efectos directos sobre la pobreza”.

Actualmente en Argentina, hay un total de 13 millones de pobres, según los últimos datos publicados por el INDEC, y retomados por la UCA en sus informes. En 2015, un 29% de los argentinos se ubicaba bajo la línea de pobreza, y en 2016 esa cifra saltó al 32,6%, lo que significa sumar 1,4 millones de pobres más.

En el documento "Tiempo de Balance: Deudas Sociales Pendientes al Final del Bicentenario", que analiza distintas variables de la deuda social argentina en el período 2010-2015, y suma los primeros trimestres de 2016, se deja constancia de la difícil situación que atraviesa la Argentina, y de que el camino económico, y las medidas políticas y sociales que propone el gobierno no permiten esperar una mejora en la calidad de vida de los argentinos, a corto y mediano plazo.  

Agustín Salvia director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, afirma en las primeras páginas del documento: “El actual gobierno apuesta a alcanzar soluciones más estructurales en la lucha contra la pobreza a través de un régimen de mayor libertad económica y seguridad jurídica; a partir de lo cual confía en lograr un derrame de inversiones, empleo y bienestar. Ahora bien, para llegar a esta meta, el esperado derrame requiere atravesar –a juicio del gobierno- por una tan inevitable como dolorosa transición en materia social. En este marco, la nueva administración ha buscado activar –aunque por lo general de manera tardía- una serie de medidas de alivio”.  

Sin embargo, a pesar de estas políticas, que tenderían a ser positivas, Salvia indica que los sectores de la población más vulnerables están experimentando un gran riesgo social “los millones de hogares que fundan su subsistencia en trabajos precarios, pequeños comercios y trabajadores eventuales. Todos ellos, además de carecer de visibilidad y representación política no han sido objeto de una especial protección social frente a la actual fase de caída del consumo, aumento de los precios y mayor riesgo de despido o caída de la actividad. Un segmento al cual no llegan los aumentos por paritarias, ni las tasas de interés favorables, ni las tarifas sociales, ni el salario familiar, ni los aumentos en los programas sociales, etc”. Esto quiere decir, que la clase media baja o sectores populares son los que constituyen los “nuevos pobres” que emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual gobierno.

En Argentina, en 2015 casi el 40% de la población integraba hogares receptores de programas sociales. Al considerar solamente los hogares en situación de pobreza, el alcance de la política social se incrementa a más de 6 de cada 10 hogares. Esto revela la necesidad que tienen los mismos de recurrir a la asistencia pública como estrategia de subsistencia económica.

En posteriores declaraciones a la prensa, Salvia afirmó que en los últimos meses en Argentina “se juntó el aumento de la desigualdad con el aumento de la pobreza extrema”, como consecuencia de “la reducción de las oportunidades de trabajo como changas, actividades de empleos eventuales y el impacto de la inflación”.