El domingo 30 de abril, la agencia nacional de noticias reveló que el ginecólogo seguía atendiendo en la clínica Centro Médico de la Mujer en Burzaco, que es de su propiedad, a pesar de estar procesado por seis situaciones de abuso sexual a pacientes durante las consultas, y dos hechos similares que están en trámite de investigación.

El 10 de mayo, ocho mujeres más formalizaron ante el Ministerio Público de Lomas de Zamora denuncias por abuso sexual contra el ginecólogo.

La causa unificada está siendo instruida por la UFI Nº 9 de Lomas de Zamora especializada en Violencia de Género y Familiar, a cargo de Sebastián Bisquert, bajo el expediente "I.P.P. 07-00-9312-17 y sus acumuladas", según informaron Claudia Perugino y Carlos Zimmerman, representantes legales de la víctimas.

A la par de seguir el caso, la inquietud que surgió como parte de la cobertura periodística fue identificar si este tipo de violencia está contemplada en protocolos o guías de actuación, tanto a nivel de organismos públicos como colegios profesionales.

La búsqueda a nivel local e incluso en países de la región fue negativa, pero en Europa comenzaron a ocuparse del tema.

Si bien Argentina es reconocida en informes producidos en países de habla inglesa y en Francia, la mención está relacionada a la normativa que identifica la violencia obstétrica.

Pero en este caso se trata de pensar la violencia que ocurre se esté o no embarazada en el marco de una consulta ginecológica, en un ámbito vulnerable por la exposición corporal que implica este tipo de práctica.

La sede europea de la Federación Internacional de Planificación Familiar (International Planned Parenthood Federation-IPPF) publicó en junio del año pasado el informe 'Violencia ginecológica y obstétrica: una forma de violencia de género'.

IPPF tiene presencia en 142 países con distintos programas e iniciativas que garantizan el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y ha apoyado proyectos en Argentina.

El documento de la organización brinda definiciones que permiten contextualizar la problemática, por ejemplo cuando dice que "el tratamiento de las mujeres en los entornos sanitarios está profundamente arraigado en las normas de género, sociales y culturales" y que "en algunos casos, su consentimiento es coaccionado a través de obligarlas a firmar formularios que no entienden o sin previa información proporcionada".

Porque cuando se habla de lenguaje inclusivo, también hay que considerar que los términos médicos no son comprensibles para la mayoría de las personas, por lo que es necesaria una comunicación adecuada. Incluso, pensando en personas que hablan lenguas indígenas o conviven con alguna discapacidad, y muchas otras realidades a considerar en el proceso de toma de conocimiento para adoptar decisiones médicas informadas.

Dice también el informe de IPPF: "La violencia ginecológica y obstétrica es posible gracias a un desequilibrio de poder entre los médicos y sus pacientes, lo que contribuye a una cultura de violaciones de los derechos humanos".

A la vez hace un listado de los tipos de violencia ginecológica: la humillación, el abuso verbal, sexista; las observaciones inapropiadas sobre el cuerpo o la vida sexual de la consultante, la falta de respeto a la privacidad y confidencialidad, así como el abuso físico (bofetadas, empujones) y la penetración o contacto vaginal/rectal no consentido para exámenes médicos.

A lo que agrega retraso o rechazo para administrar medicamentos para el control del dolor durante intervenciones ginecológicas dolorosas y la demora o la negativa a proporcionar servicios de aborto.

Según las últimas Directrices de la Organización Mundial de la Salud del 2022, la atención integral del aborto (relacionada con la terminación voluntaria del embarazo y su pérdida) debe ser segura, oportuna, asequible, no discriminatoria y respetuosa, y contar con el apoyo de un entorno propicio basado en los derechos humanos, suministro de información correcta y un sistema de salud de respaldo.

La anticoncepción, esterilización y aborto forzado "son herramientas para control social y poblacional, particularmente dirigido a grupos marginados", agrega la organización en el listado de formas de violencia.

El informe incorpora conceptos, recopila el documento de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y experiencias de distintos países europeos.

Por ejemplo, lo que lograron las francesas en 2014 con el hashtag #PayeTonUtérus (Paga tu útero en la traducción literal, que en contexto se entiende como 'pagás con esta parte de tu cuerpo') en redes sociales, a través del cual lograron 7.000 testimonios de mujeres violentadas en consultas ginecológicas en sólo 24 horas.

Allí se denunciaron comentarios abusivos sobre cuerpos, sus decisiones de embarazarse o no, y hablaron de exámenes vaginales brutales o realizados sin su consentimiento, y de violencia sexual.

En 2017, la secretaria de Estado para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, Marlène Schiappa, encargó un informe al Consejo Superior del organismo sobre el tema, que identificó seis modalidades de violencia ginecológica: no tener en cuenta el malestar de la paciente; comentarios que transmiten juicios sobre sexualidad, vestimenta, peso, deseo o no de tener un hijo; insultos sexistas; actos (intervención médica, prescripción) realizados sin obtener el consentimiento o sin respetar la elección o palabra de la consultante; actos o rechazo de un acto no médicamente justificado, y violencia y acoso sexual.

"La formación inicial y continua de las profesiones médicas sigue centrada en la técnica en detrimento de la relación humana y el respeto al consentimiento", es una de las conclusiones del informe francés.

Lo que considera "parte de la historia de la medicina ginecológica y obstétrica, marcada por el deseo de controlar los cuerpos de las mujeres".

Tanto este documento como el informe de IPPF recomiendan incorporar la prevención de la violencia ginecológica en las facultades, en los programas oficiales de las autoridades sanitarias y en los entes profesionales que reúnen a especialistas en ginecología.

Asimismo, proponen campañas de información para que las mujeres sepan cuales son sus derechos en una consulta médica.

Son las mujeres que, sin importar el país donde viven, impulsan los cambios necesarios que garanticen que no serán violentadas.