La Cámara de Diputados otorgó media sanción a una iniciativa de Emanuel Fugazzotto, diputado del Partido Verde, que promueve modificar la Ley de Arraigo prorrogando los plazos previstos hasta diciembre de 2023.

Hasta la fecha, no se ha podido “regularizar la situación dominial de muchos puesteros que poseen en precario la tenencia de las tierras a las que las que la ley refiere”, señala Fugazzotto, por lo que “los plazos que establece ese artículo han sido prorrogados en sucesivas ocasiones”, siendo su última prórroga la establecida por la Ley 9297.

La modificación que plantea el proyecto, establece que el artículo 1 de esa ley, que queda redactado: “Amplíese hasta el 31 de diciembre de 2023 la suspensión de los procesos iniciados, cualquiera fuera su estado, incluidos aquellos que se encuentren en ejecución de sentencia”.

La prórroga prevista en la legislación vigente expiraba en diciembre de 2022, de allí la necesidad de establecer un nuevo plazo.

En noviembre de 1993 fue sancionada la Ley 6.086, comúnmente conocida como de “Arraigo de Puesteros”.

Dicha norma, en su artículo 39, establecía la “suspensión por dos años de todo proceso de desalojo, títulos supletorios, cuya finalidad sea la modificación de situaciones de ocupación efectiva, tenencia, o determinación de derechos, sobre los inmuebles de dominio privado del Estado o de particulares, aun cuando se hallen en trámite de ejecución de sentencia”.

Emanuel Fugazzotto subrayó: “Valoro que hayan recibido a puesteros y puesteras de Malargüe y que hayan podido comprender la realidad, y que podamos estar tratándolo y llegar a este acuerdo en lo que hace a los plazos”.

Agregó el legislador que aprecia el “compromiso importante del Poder Ejecutivo” para trabajar sobre “el fondo de la ley” que data de los años ´90.

Sobre la situación de los puesteros, el legislador del Partido Verde destacó que “precisan seguridad jurídica”.

“Estamos contentos por haber logrado los consensos. Esta ley está siendo muy celebrada en Malargüe y el Valle de Uco”, ponderó Fugazzotto y sintetizó que “es una actividad centenaria en la provincia y nos parece importante preservarla y protegerla”.

Desde el Frente de Todos, el diputado Bruno Ceschín sostuvo que “esta ley de arraigo nos obliga a pensar la nueva ruralidad, son los legítimos poseedores de esas tierras, tienen un rol fundamental, están en frontera, hacen a la soberanía nacional”.

Agregó que son alrededor de 5 mil familias las que se dedican a esta práctica con actividad ganadera, fundamentalmente, y que también se debe pensar en que “tengan acceso a préstamos, tecnología, asistencia técnica”.