La semana pasada planteamos que la reforma pretendida por el ejecutivo provincial respecto al funcionamiento de la Suprema Corte se podía complicar en función más de los debates y especulaciones internas que por las sensatas opiniones aportadas por referentes de la ciencia jurídica, de la oposición e incluso desde los propios miembros del alto tribunal.

Pero el tratamiento de rutina en comisiones, virtualmente bicameral, con la que pretendían saldar una rápida discusión sin consecuencias en los números requeridos para la aprobación resultó más espinoso de lo planificado. El oficialismo esperaba llevar el proyecto con dictamen de mayoría al recinto el pasado miércoles 21, pero les faltaron votos propios (juntaban 6 de 13) al negarse dos legisladores a acompañarlo: ellos fueron Jorge Difonso -UP, massista pero aliado de CM- quien es además presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, y de Gustavo Cairo -Pro-. El traspié obligó a recalcular tiempos y estrategias, para el fastidio de Suárez.

Para colmo de males para el gobierno radical, se le complicó el contexto al mezclarse la temática de la reforma en la Suprema Corte, con el proyecto de ampliación de la Corte Nacional que se votó en el Senado en la misma semana. Allí, se dio la paradoja de que el senador Cornejo usó argumentos bastante similares a los que se plantean en el ámbito provincial, pero en sentido contrario.

Además de ello, horadó mucho la posición del oficialismo mendocino un crítico editorial del diario La Nación que, titulado como “Mendoza, la Justicia en peligro”, se ocupa de descalificar fuertemente el proyecto presentado por Suarez:

“Es de lamentar que, con este proyecto, como con las designaciones en los organismos de control, se inicie un paulatino proceso de deterioro institucional promovido por una fuerza política que integra la coalición opositora a nivel nacional, que se dice preocupada por frenar los persistentes ataques a las instituciones y a la división de poderes”.

Sabemos lo susceptible que resulta la epidermis del mandatario local a las polémicas y en especial cuando lo critican emanan desde los medios que ejercen como verdaderos faros de la centralidad del discurso liberal. En el matutino de los Mitre además se despacharon a gusto en contra de la reforma constitucional que él propicia y también en cuanto a la designación de representantes en organismos de control, donde prescinde de miembros de la oposición: “Las suspicacias aumentan porque la integración de los organismos de control prescinde de personas independientes y evita la postulación de miembros de la oposición”. “Como si esto fuera poco el gobernador intenta una reforma de la Constitución provincial que pretende introducir para la elección de la Legislatura un sistema mixto de representación cuyo resultado aseguraría mayorías hegemónicas al gobierno de turno, como sucede en las provincias donde imperan oligarquías autocráticas”.

El jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial del Pro, Horacio Rodríguez Larreta avaló a su armador, el diputado Omar De Marchi, para que sacara provecho, despegándose de la jugada de Suarez. Por twitter, publicó un mensaje de tono crítico “Luego de escuchar a reconocidos especialistas que opinaron sobre el proyecto, entendemos que no puede aprobarse de forma express y a libro cerrado. Hacerlo de este modo evidencia una pelea política por la apropiación de las decisiones de la Corte, que no le hace bien a Mendoza”. Además, haciendo un ademán a su propia tropa, los instó a que no se sumen gratuitamente al movimiento reformista.

La contraofensiva del cornejismo más duro contra el aliado que quiere volar solo vino desde el propio partido amarillo, de la mano de la ex mano derecha del lujanino Sol Salinas (concejala capitalina), devenida ahora en ferviente defensora del “bullrichismo” local. La concejala criticó ácidamente a su ex mentor por querer ser la única voz del partido, en la que seguramente no será el último capítulo de este desatinado proyecto reformador, tanto en su contenido como en el modo de imponerlo a como dé lugar.

Fue demasiado para el gobernador. Ayer, visiblemente molesto, Suárez salió a bancar casi en solitario el proyecto que, según él, se propone terminar con todos los problemas de funcionamiento del actual sistema de dos salas de la Suprema Corte, suprimiéndolas lisa y llanamente, pasando a un sistema de sorteo de jueces. De esa manera, dejan de existir las especialidades temáticas y se transforma al máximo tribunal en colegio de jueces, asegurándose en el peor de los casos, un resultado favorable 4 a 3 en las causas más polémicas. Para lograrlo, suma al presidente de la Corte (Dalmiro Garay, ex ministro de gobierno de Cornejo) a la función de dictar sentencias.

No obstante, Andrés Lombardi desde la presidencia de la Cámara de Diputados, y en vista del voltaje con el que se ha ido cargando el clima en la legislatura, avaló la posición opositora para que sea en el propio seno de la Suprema Corte de donde surja un proyecto de reforma con consenso y viabilidad. Así, al menos por ahora, se descomprimió la avanzada oficialista que, por lo visto, no estaba demasiado conversada ni con los miembros de la justicia ni con los propios.

Odio. Las fuerzas de choque de la derecha argentina, personajes violentos y marginales, que estuvieron a punto de cometer un magnicidio, son una pequeña  muestra de un intolerancia reaccionaria mucho más extendido en la sociedad argentina.  Los medios de comunicación y las redes sociales han sido los instrumentos utilizados para reclutar a una legión de  nuevos indignados que encuentran representación en partidos políticos sostenidos  por el poder económico más concentrado de la Argentina. Esta masa variopinta que reúne a negacionistas, antivacunas, terraplanistas, caceroleros, movimientos celeste y una mezcla policlasista  de todas las edades y niveles educativos, son interpelados por una  sola y principal razón: su visceral antikirchnerismo. Este fanatismo, muchas veces silenciosos pero no por ello menos crispado de odiadores que se ocultan en el anonimato, fue inoculado por cientos de horas de televisión basura y redes antisociales inundadas de trolls,  pero también por la incapacidad de los partidos democráticos de ofrecer un proyecto de vida para millones de personas que se debaten entre la angustia, la frustración y la violencia.

 Fernando Sabag Montiel, Gabriel Carrizo,  Agustina Díaz, Brenda Uriarte, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, miembros de Nación de Desamparados y Revolución Federal, si bien han mostrado ser un grupo de marginales que rozan el ridículo,  no dejan de ser peligrosos si esta pulsión por la muerte y el crimen es manipulado  con  fines políticos, como parece ser este el caso. No es casualidad que los abogados que los defienden sean Gastón Marano y Brenda Selva,  ambos asesores de legisladores PRO en el congreso nacional; como tampoco es coincidencia que empiecen  a aparecer, en la investigación judicial,  otros vínculos con sectores políticos y económicos. "El abogado de quien me quiso matar es asesor de un senador de la oposición. Me siento en estado de indefensión” declaró alarmada Cristina Fernández de Kirchner.

Tampoco es difícil encontrar a dirigentes de esta nueva derecha que carecen de toda propuesta de gobierno y sin embargo, con el solo argumento del  “autoritarismo” y la “corrupción” kirchnerista, han llegado a cosechar adhesiones multitudinaria. Bullrich, Macri, Vidal, Milei son ejemplos de dirigentes que, sin una sola propuesta de gestión pero con un ferviente relato antiperonista se han erguido, a fuerza de cinismo y dinero, en paladines republicanos y abanderados de la cruzada antiperonista más virulenta. Esta mismo discurso de odio, nacido de la más recalcitrante derecha  vernácula, aparece con idéntica y asombrosa similitud en  los chats y audios mediante los cuales la justicia está reconstruyendo los hechos que precedieron al atentado contra Cristina Fernández de  Kirchner.

Todo tiene que ver con todo. Otro sector que acompaña con manifiesta complicidad este clima de violencia es el poder judicial. Si bien hay jueces y fiscales probos e independientes, la justicia y la mayoría de los integrantes de este poder del estado están seriamente desprestigiados.  Herida en su legitimidad, no abandona sin embargo su grosera parcialidad en favor de sus aliados económicos y políticos. El bien llamado “partido judicial” dio otra muestra de su posicionamiento político cuando  el fiscal Luciani pidió doce años de prisión para la vicepresidenta y que sea inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos sin una sola prueba que demuestre la culpabilidad de la dos veces ex presidenta. Si bien ella misma se defendió de las acusaciones y de las operaciones judiciales montadas en su contra, no dejó de llamar la atención que la derecha vernácula utiliza la justicia para fines bastante más temerarios.  “Esto no es un juicio contra Cristina Kirchner, es un juicio contra el peronismo”, se encargó de señalar la dirigente, apuntando con absoluta precisión cuál es el objetivo que persigue el establishment local.

Pero este antiperonismo no es nuevo ni novedoso. Muchos analistas encuentran, en este clima de persecución e intolerancia que asedia al peronismo, mucha similitud con el clima de odio gestado en la década del 50. Y también plantean algunas hipótesis que dan cuenta de estos parecidos. Tanto en el gobierno del primer peronismo como en el proceso que se inicia con la llegada de Néstor Kirchner  y que luego continúa, con rasgos más personales Cristina Fernández, están signados por las profundas transformaciones sociales, económicas y políticas que trastocaron los privilegios de cada época. Son estas transformaciones en  favor de los sectores populares lo que no toleran quienes se sienten amenazados en sus intereses y privilegios, sostienen. Amedrentar y disciplinar a dirigentes populares con golpes de mercado, operaciones judiciales, campañas mediáticas, obstrucciones parlamentarias son pruebas inocultables de que el sueño húmedo de la derecha de ayer y la de hoy es desperonizar la Argentina. Es por ello que, el gobierno de Alberto Fernández, debe profundizar sus alianza con los trabajadores y los sectores populares, cuyos intereses históricamente representó el peronismo y que constituyen en definitiva su más auténtica legitimidad.