El sueño de la Corte adicta. El proyecto de ley enviado por el ejecutivo provincial para modificar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza comenzó a debatirse antes de ser tratado. La reforma propuesta por Suárez consiste en organizar el Supremo como un colegio de jueces, para todas las causas que ingresan a ésta sean asignadas por sorteo a distintos miembros de la Corte, como también las causas de competencia originadas de la Suprema Corte de Justicia. Además, si uno/a de los ministros/as no puede participar en algún proceso, el proyecto plantea que sea realizado un nuevo sorteo.

Según lo declarado por el mensaje de elevación, tiene por objetivo “otorgarle instrumentos al alto tribunal para que pueda desempeñar con mayor celeridad, transparencia y eficacia el servicio de Justicia que los ciudadanos merecen y reclaman”. Esta celeridad pasa por suprimir las Salas Sala I (Civil y Comercial) y Sala II (Penal y Laboral), conformadas en su seno. En una de ellas, la II que integran Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio, las posiciones de dos de sus ministros (Adaro y Palermo) suelen serle esquiva al gobierno (Valerio casi siempre vota en minoría).

El argumento de la “eficiencia” resulta poco convincente toda vez que con la reforma de la ley 4.969 busca deliberadamente superar el “escollo” que significan decisiones que no van en el sentido de lo que quiere imponer el gobierno sin discusiones. La reacción del peronismo en la legislatura leyó rápido el fin buscado. En este sentido el presidente de bloque del Frente Todos en Diputados, Germán Gómez, afirmó resueltamente que se trata ni más ni menos que de una intervención del Ejecutivo en el poder judicial. Al suprimir las salas de proceso, el radicalismo logra lo que denominó Gómez como “la suma del poder público”.

Llegar a una “mayoría automática” en el principal tribunal de la provincia, es la verdadera razón buscada, puesto que con la mitad más uno de sus miembros, son claramente filo radicales. De esta manera, si la Corte tuviera que votar en última instancia una causa de alto voltaje político, la suma daría 4 miembros que responden orgánicamente a la UCR, pese a su supuesta “independencia” y tres más propensos a contradecirlos. En definitiva, una reforma que busca el disciplinamiento, a sabiendas de que la última palabra queda en manos del gobierno.

Otra de las voces influyentes y prestigiosas, la de la ex jueza de la Corte Aída Kemelmajer, cuestionó la reforma porque se nota la influencia del gobierno sobre algunos integrantes del tribunal.  "El Poder Ejecutivo da la imagen de tener en la Corte jueces de su confianza a quienes consulta. Esto es muy malo".  Además, criticó que no se haya consultado al propio cuerpo y cree necesario sostener la especialidad en las decisiones, que lo asegura la existencia de salas previamente conformadas.

Germán Gómez fue directo al grano con un ejemplo práctico: “Mañana alguien hace un planteo de la 7722 y esta cae en una sala que resuelve conforme a ya lo resuelto, van a poder decir: vamos a fijar en pleno, para decir que la ley es inconstitucional”…“no importa un avance en el servicio de administración de justicia, lo que quiere hacer el gobierno es sumar más poder en un ámbito donde ya tiene poder, pero quiere tener más poder“. Una aberración que ataca fuerte la tan proclamada, de la boca para afuera, calidad institucional.

La suerte de este proyecto que genera inquietud por su incidencia claramente política, parece un trámite, pero puede complicarse. En el Senado dependerá en buena parte del Pro. El gobierno necesita 20 votos favorables a la reforma, de los cuales hoy cuenta con 19. Necesita uno más que estaría entre los 4 que manejan los liberales, que están embarcados en una intensa interna para posicionar a Omar De Marchi como candidato a gobernador. También dejará a las claras si el lujanino conduce la totalidad del bloque. En Diputados no le hace falta ya que tiene mayoría suficiente. El debate recién comienza, pero el voltaje se preanuncia altísimo.

Suárez y el síndrome del tero: En Casa Rosada, esta semana se asistió a un hecho poco habitual para los cánones de conducta política de los últimos gobiernos radicales: oponerse sistemáticamente como norma al gobierno nacional. De lo que hablamos es del acuerdo suscripto junto con la provincia San Juan y con el aval de la Nación respecto de la realización de un plan maestro para el manejo del agua que estará a cargo de Mekorot, compañía nacional de agua de Israel. Este acuerdo es producto de la gira realizada en abril pasado a Israel y a la que el presidente Fernández  invitó a 7 mandatarios provinciales, entre ellos Suárez. En el acto celebrado en el salón de los Pueblos Originarios, estuvo presente el ministro del Interior, Wado de Pedro, el gobernador sanjuanino  Sergio Uñac, Ignacio Lamothe (Secretario General del Consejo Federal de Inversiones), además del mandatario mendocino.

El Plan Maestro de Conservación y Gestión del Agua plantea desarrollar una herramienta de administración estratégica para el manejo del agua en ambas provincias. De Pedro planteó que el convenio está en la búsqueda “un gran consenso argentino” sobre la correcta gestión del agua para que “esta política pública se vaya transformando de a poco en una política de Estado”.  Lo raro fue lo que dijo Suárez, quien coincidió con el ministro del Interior, destacando la necesidad de desarrollar “políticas en conjunto, más allá de la pertenencia política”. “En un tema fundamental como es el agua tiene que haber consensos, no sólo por los que ahora habitamos estos suelos, sino por las generaciones futuras, para que nuestros hijos y nietos no se queden sin este recurso esencial para la existencia humana”. Un típico caso del síndrome del tero: grita por un lado y pone los huevos por otro.

Los presidenciables del PRO. El intento de asesinato sufrido por Cristina Fernández de Kirchner tuvo, como era de esperar, distintas consecuencias políticas, tanto en el oficialismo como en la oposición. En el Frente de Todos devolvió centralidad a la figura de la ex presidenta; fortaleció la unidad y movilizó una parte sustancial de la sociedad y la militancia en defensa de la paz social y la democracia. Por el contrario, por el lado de Juntos por el Cambio, hizo nuevamente  visible  las diferencias que, si bien ya se venían gestando, se profundizaron.

Por el lado del PRO los dos principales  contrincantes a la presidencia para el 2023, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, tuvieron posturas distintas frente al atentado. Pero las diferencias no son de fondo sino de intensidad. Es el odio el kirchnerismo lo que une a esta fuerza política y a sus adeptos. Y este principio es aplicable incluso al conjunto de  Juntos por el Cambio.  Macri, Carrió, Cornejo, Morales, Vidal y sus aliados los reúne, casi exclusivamente,  un antikirchnerismo visceral.  Su  aspiración es captar un electorado antiperonista, antiestatista, nostálgicos de la dictadura y quienes militan la anti política o carecen de la mínima alfabetización ciudadana. También hay que señalarlo, además de esta derecha reaccionaria y neoliberal, también son votantes de este conglomerado un progresismo clase media urbano profundamente antiperonista. A pesar  del fracaso del gobierno de  Mauricio Macri y de la fantasía de que se estaba ante un nueva fuerza hegemónica de una derecha moderna en la Argentina, el PRO y sus aliados radicales  se entusiasman con volver al gobierno el próximo año. 

 Un ejemplo de esta violencia antiperonista la protagonizó Patricia Bullrich. Fue  cuando Rodríguez  Larreta decidió, por orden judicial, levantar el operativo policial montado en los alrededores de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, antes del atentado.  Esta decisión fue duramente criticada  por la presidenta del PRO que trató al alcalde porteño de ser “débil”  por no sostener el aparato represivo en Recoleta. “¡No nos corren!, ¡A nosotros no nos corren! Eso es muy importante” vociferó la ex ministra de la De la Rúa. Bullrich, que subió al caballo de la política argentina por la izquierda en la década del setenta, donde formó parte de la Tendencia Revolucionaria Peronista que le costó el exilio en México durante la última dictadura,  hoy  milita  la derecha antiperonista más rancia y violenta del neoliberalismo argentino. La “Pato”, la “fierrera” de los ´70, hoy es la apostalada de los “Anti K” cuyos referentes son Bolsonaro y Trump. Su estilo es construir  poder  con  el escándalo y  la estridencia sin abordar nunca un análisis  profundo de ninguno de los  problemas argentinos. De gestos agresivos abraza un discurso deshumanizado y violento. Responsable política de la muerte de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel  reivindicó, en línea con su relato de “mano dura”,  el accionar del policía Luis Chocobar, condenado a dos años de prisión  por matar por la espalda a un ladrón que había robado a un turista.  Como parte de su repertorio político está a favor de que la gente haga justicia por mano propia "El que quiera estar armado, que ande armado” aseguró en su momento. La dirigente PRO es consciente que su discurso moviliza un  electorado que simpatiza con sus anti valores y su fe antidemocrática,  y es por ello que no salió a repudiar el atentando contra Cristina Fernández y afirmó que el gobierno había transformado el intento de magnicidio en una jugada política. Uno de los dirigentes que expresó sus diferencias con esta postura fue el  presidente  de la bancada de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien dijo que la conducta de Bullrich  de no repudiar el atentado se debe a que “Patricia es de una generación para la que la violencia es una opción. Lo lamento por ella".  

Por su parte Horacio Rodríguez Larreta, el otro presidenciable con chances electorales dentro del PRO,  tiene la ventaja pero también el riesgo de tener bajo su control el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque no ha expresado explícitamente se intención de postularse para el 2023, se mueve como un candidato firme a encabezar la lista de Juntos por el Cambio. Sus esfuerzas por desmarcarse de Macri y Bullrich son notorios. Una diferencia sustancial radica en que HRL cree que es necesario acordar con "dos tercios o el 70% del sistema" una política de estado basada en un  programa de desarrollo que sea respetada por todas las fuerza políticas.  Federico Pinedo, uno de los armadores de Patricia Bullrich remarcó que "Horacio (Rodríguez Larreta) tiene una mirada de que hay que buscar un acuerdo con el 70% del sistema político y Patricia dice que la Argentina no necesita pensar en hacer algo en lo que esté de acuerdo el 70% del sistema político, buena parte del cual es parte del problema.” Habiendo fracasado el gobierno de Macri, HRL trata de erguirse en el conductor del partido a pesar de la resistencia del propio ex presidente. Si el actual escenario se prolonga, es muy probable que deba ir a unas PASO para dirimir, contra los sectores más radicalizados y antiperonistas, quien será el próximo candidato de su partido.  Su armado electoral pasa por incluir  a María Eugenia Vidal  ( derrotada por Kicillof, con pretensiones pero sin chances presidenciales) nuevamente en la lista de diputadas nacionales por CABA. A la provincia de Buenos Aires, piensa enviar a Diego Santilli. Larreta es consciente que en esa provincia es donde se da las madre de todas las batallas. Otra figura infaltable y que aparece como su aliada circunstancial es Elisa Carrió quien, más que asociarte con Larreta,  es interesada en terminar de desplumar a Mauricio Macri, quien todavía tiene pretensiones de volver al centro de la escena política.

Desde el punto de vista estrictamente electoral,  todas la fuerzas políticas han empezado sus movimientos con vistas al 2023. Si bien es cierto que aún es demasiado temprano para anticipar  probables escenarios electorales, sobre todo en una  sociedad donde permanentemente irrumpen situaciones inesperadas, como sucedió con el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner,  es posible ir monitoreando el proceso,  actores, propuestas y alianzas que puedan ir configurando algunas tendencias generales. La derecha neoliberal es una de esas fuerzas que va configurando su pretensiones: su antiperonismo, en muchos casos violento,  es por ahora su bandera casi exclusiva de campaña.

Isabel II, la cara de la guerra. Esta semana, a los 96 años,  falleció en Escocia la Reina Isabel II. Durante 70 años estuvo al frente de la Corona del Reino Unido. Desde 1952 hasta 2022, como Jefa de Estado,  fue protagonista de muchas  decisiones políticas y económicas que impactaron profundamente, no solo al Reino Unido sin a muchos países del planeta. Por su despacho desfilaron   15 primeros ministros británicos, de entre ellos Margaret Thatcher a quien apoyó abiertamente en su aventura militar en Malvinas.  Tal fue su compromiso con ese decisión que la reina incluso envió a combate   a uno de sus hijos, el príncipe Andrés, hoy defenestrado por la Corona. Es por ello que la muerte de la monarca generó en argentina reacciones ambivalentes. Mirtha Legrand, sorpresivamente opinó que  "Fue una gran reina, pero no me puedo olvidar que en la guerra de Malvinas ella estaba reinando". También lo integrantes del Centro de Excombatientes de Malvinas opinó que, "Ante la muerte de la cara de la monarquía a nivel mundial, que detentó el trono durante 70 años, anteponemos que encarnó el sufrimiento de los pueblos sojuzgados bajo el dominio colonial y económico durante todo su reinado, un sistema arcaico".  Lo cierto es que, más allá del significado que tuvo para el pueblo británico la muerte de Isabel II, en el mundo persiste enclaves coloniales como es el caso de  Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes en el Atlántico Sur,  sobre los cuales la República Argentina reclama ejercer soberanía. A 40 años del conflicto bélico que se llevó la vida de 649 argentinos, tanto  Margaret Thatcher como la ahora fallecida Isabel II, seguirán siendo para la mayoría de los argentinos, las caras y los símbolos de esa trágica guerra.