La rebelión insólita. Luego del contundente paro de docentes y celadores, liderado por los sindicatos del ramo SUTE y SADOP, al que se sumaron estatales (ATE) y personal de salud nucleado en ATSA y en AMPROS, quedó a las claras que las cosas no están bien en Mendoza. Además, su expresión pública no fue menos contundente: más de 15 cuadras pobladas por manifestantes que recorrieron las calles de la Capital y se concentraron frente a Casa de Gobierno. Algo parecido ocurrió en el Sur y en otras localidades de la provincia.

Se ha explicado repetidamente desde esta columna y también en otros ámbitos alternativos lo que saben de memoria los trabajadores y trabajadoras del sector público provincial: que en Mendoza se pagan los salarios más bajos de todo el país. Una realidad de la que el gobierno no parecía tener la menor conciencia. La adhesión fue inédita: superior al 90% luego de la introducción del famoso “ítem aula”, que cercena los salarios de quienes se atreven a desoír las amenazas proferidas desde la DGE para hacer fracasar la medida de fuerza. Además, fue acompañado por el ausentismo masivo de alumnos y alumnas cuyas familias no enviaron a los chicos a la escuela, de gestión estatal y privada.

Sin duda que el paro golpeó fuertemente al gobierno y a su discurso oficial de que está todo en orden. Representa también un antes y un después en cuanto a la posibilidad de plantear los debates de fondo que hasta hace muy poco, parecían de ciencia ficción. Dominada la escena de los medios que figuran en la nómina provincial, en apariencia no había espacio alguno para discutir si éste era el modelo deseado de la mayoría de los mendocinos y mendocinas.

Lo primero que atinaron a balbucear desde el gabinete provincial demuestra el grado de desajuste entre la realidad y el discurso. El ministro de gobierno Víctor Ibáñez lo consideró cómo insólito y equivocado, porque según él habría que quejarse por “lo que está sucediendo en la Nación".  Siguiendo su argumento, el paro no era necesario porque ya se había anunciado la reapertura de paritarias, con rechazo a la propuesta oficial incluida. El fastidio del gobernador Suárez también fue notorio. Reaccionó otorgando un aumento por decreto que los dirigentes sindicales ya calificaron de insuficiente y que mantendrá el conflicto al rojo vivo.

Según las definiciones librescas, “insólito” es algo raro o desacostumbrado. Sin dudas que el paro y movilización del martes fue absolutamente desacostumbrado, sobre todo para quienes están “acostumbrados” a un orden que no contempla el disenso ni la discusión. Que sanciona con multas y con imputaciones penales a quienes se atreven a salir a la calle cuando ese mismo orden no lo ha previsto o autorizado.

El decreto con el aumento docente consiste en un 12% en el mes de agosto; un 6% en septiembre; un 6% en octubre de 2022 y otro 6% en noviembre. Pero la trampita es que estos porcentajes no son acumulables y se calculan sobre la base fija del mes de diciembre de 2021, ya que si fueran acumulables el porcentaje de aumento sería casi la mitad.

Ingresos nacionales: ¿más o menos?.  Ya puestos a polemizar sobre los recursos que recibe la provincia, se debe aclarar en primer lugar que actualmente los de origen nacional representan algo más del 57% de su PBG, lo que deriva de una disminución de los recursos propios y de un aumento de los federales, cuando en 2019 representaban menos del 50%. El debate sobre los fondos nacionales que recibe Mendoza es un buen ejemplo de lo dispar del criterio oficial para mensurarlo: mientras durante el gobierno anterior el balance total de las partidas, dieron como resultado un número mucho más bajo que las actuales, principalmente por ausencia de obra pública, aunque sí mayores transferencias discrecionales que las del 2021. El saldo neto a valores corrientes resulta inferior a los que se perciben en la actualidad. Que la nación envíe menos fondos discrecionales per cápita a Mendoza que a otras jurisdicciones, no significa que haya una caída de recursos en términos generales. Por el contrario, hoy son mayores a los recursos en comparación a los  que se  enviaban  entre 2015 y 2019. La crítica de Suárez obedece fundamentalmente a razones políticas. Esto se puso de manifiesto en una acción concreta: Mendoza en tiempos de Cornejo apoyó a la Ciudad de Buenos Aires por el aumento de coparticipación decidida por decreto por el propio Macri. Mendoza fue la única provincia que se puso del lado de la CABA. Cuando el gobierno de Alberto Fernández retrotrajo el porcentaje al índice anterior y se lo devolvió a la provincia de Buenos Aires, también acompañó el pataleo de Rodríguez Larreta, que incluso está judicializado. Hay que decir a este respecto que a fines de 2020 el coeficiente volvió al nivel que estuvo vigente hasta diciembre de 2015. No se le sacó un índice mayor al que percibía hasta el momento en que el ex jefe de gobierno, el propio Macri, modificó el esquema de distribución de fondos a favor de la administración porteña, que es la jurisdicción que concentra la más alta renta per cápita y es la más rica del país.

¿Recursos extraordinarios al alcance de la mano?.  En el discurrir del conflicto salarial que expuso al gobierno como nunca, la tan criticada por el gobierno de Mendoza administración nacional, con el rigor que ha sostenido durante casi tres años hizo el depósito de la cuota correspondiente por el fideicomiso de Portezuelo del Viento. Son algo más de 50 millones de dólares correspondiente a la duodécima cuota de amortizaciones prefijado. Aún sin el fallo del laudo presidencial, el gobierno radical insiste con liberarlo para sustentar un plan de obras ausente, ahora incluso bajo la amenaza de recurrir a la Corte para que los libere para otros fines. Seguramente habrá empresas “preseleccionadas” para encararlas, como ocurrió recientemente con la licitación de los servicios para el Perilago de la presa Potrerillos. Si eso fuera posible hoy, la discusión de cuáles son las obras prioritarias y estratégicas para el desarrollo, su distribución geográfica, el contexto y la conveniencia, no estaría contemplado debatirlas en los ámbitos naturales: el Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial y la Legislatura. Esto también es una parte sustancial de un modelo que cruje.

Sergio Massa: El gobierno del Frente de Todos ha jugado su última carta en este empinado y vertiginoso camino hacia el último tramo de la gestión. Paradójicamente lo hace con una de las patas del trípode que menos músculo político aportó a la coalición.  Sergio Massa, una figura que nunca ocultó sus ambiciones, se ha transformado en el nuevo ministro de una estructura que absorbió bajo su responsabilidad a los  actuales Ministerios de Economía, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el de Agricultura, Ganadería y Pesca. Una concentración de poder inédita que se hará sentir en los próximos meses y que pondrá en tensión el delicado equilibrio de los sectores que hoy tienen una parcela en el gabinete.

Luego de una semana, por momento caótica y vertiginosa, (“elegante no ha sido” dijo Agustín Rossi) la visible ofensiva del ahora ex presidente de la Cámara de Diputados para hacerse de un lugar estratégico en el gabinete, dieron resultados. Con sus aspiraciones  presidenciales a cuestas y jugando su capital y futuro político a todo o nada, el ex alcalde de Tigre visualiza que este puede ser  su momento, a pesar de que la cuerda floja sobre la que camina el gobierno puede llevarlo a un precipicio sin retorno si no obtiene buenos resultados. También es cierto que su continuidad en Diputados, siendo parte de un gobierno en crisis, tampoco le auguraba un mejor porvenir. De hecho su imagen ante la opinión pública se ha deteriorado igual que el resto del gabinete resultado, probablemente, de  su ambigua y errática posición en el tablero político.  No cabe duda tampoco hoy que, sus dos años y medio en Diputados, fue solo una parada táctica, mientras  construía un puente hacia el centro del poder. La debilidad del gobierno, resultado de la crisis económica, le dejó picando la pelota para quedarse con una de la porciones más suculentas del gabinete. 

Este Panorama viene sosteniendo que el derrape de las variables económicas es resultado de una crisis política en  el seno del Frente de Todos.  En consecuencia la respuesta adecuada es también política. Entre los funcionarios de Hacienda, quien más sufrió esta situación fue Guzmán, básicamente por planteos públicos hechos por Cristina y La Cámpora, y luego Silvina Batakis, que si bien solo estuvo  tres semanas como titular de la cartera económica, no era portadora de un capital político  que tranquilizara las principales variables económicas. No hay dudas entonces que la entrada de Massa al gabinete fortalece al gobierno en esta nueva y última etapa de la gestión.

Para tener una lectura completa de este nuevo escenario  hay que subrayar el hecho que Massa llega a la gestión con el apoyo Alberto, Cristina y del resto de la dirigencia del Frente de Todos; además de los  gobernadores oficialistas, la CGT y los más importantes movimientos sociales; también tiene diálogo con  la oposición,  con el empresariado y organismos financieros internacionales.  Si bien nadie le dio un cheque en blanco, no está mal para empezar.

  Si bien  Massa llaga al gabinete por una virtuosa combinación de suerte y persistencia, en el  Frente de Todos casi no quedan dirigentes con el peso político suficiente para copar una parada tan compleja. De allí que el apoyo al nuevo superministro sea casi la única conducta y alternativa posible para la sobrevivencia de la coalición y una renovada posibilidad de pelear el 2023.  De hecho las exigencias planteadas por Massa para hacerse cargo de la nueva criatura fueron casi todas  satisfechas.  Un ejemplo es el del ministerio de Transporte el que, a pesar de estar en el menú de la nueva reorganización, seguirá en manos del massista Alexis Guerrera.   Razonablemente se podría pensar que, teniendo por delante una misión tan compleja, solo ha pedido la cuota de poder proporcional a ese desafío.   Cristina, si bien no pudo sumar a Capitanich, logró ubicar a Mercedes Marcó del Pont en la secretaría de Asuntos Estratégicos que conducía Beliz. También hasta ahora la vicepresidenta lograba retener la AFIP, que quedó en manos de Carlos Castagneto, kirchnerista de Kolina y la Secretaría de Energía, un  lugar estratégico que sigue siendo duramente disputado.  Sin dudas que será complejo mantener este nuevo equilibrio y lograr que todos los sectores se sientan  representados. No sería novedad que  algunos se quejen por no estar incluidos en el nuevo organigrama.

La primeras señales del mercado ante el desembarco  de Massa al gabinete fueron, hasta el momento,  auspiciosas. Esta expectativa favorable se tradujo en una caída del riesgo país, una marcada tonificación de acciones y  bonos soberanos y una abrupta caída del dólar oficial y paralelo, con una pérdida de $ 43  por unidad para este último. Tranquilizar la moneda, estabilizarlos precios, recuperar el valor del salario y las jubilaciones son algunos de los principales desafíos  que le esperan al tigrense.  

Uno de los funcionaros “idos” pero que ya tenían fecha de vencimiento fue el caso de Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia. El ex funcionario de Menem y Néstor Kirchner, frustrado aspirante a presidir el BID, venía cuestionado por demorar la aprobación para financiar obras de trascendencia estratégica, como  la central eléctrica de Atucha III y la represa hidroeléctrica Néstor Kirchner en Santa Cruz, emprendimientos donde  China es parte fundamental. Hombre de confianza del Vaticano pero especialmente de los Estados Unidos, pocas dudas caben que, esta falta de voluntad del ahora ex secretario, era funcional a los intereses de la Secretaría de Estado, enmarcados en una disputa geopolítica con Rusia y China. También Beliz es responsable, al menos en parte, del bloqueo de los 500 millones de dólares que el BID debía desembolsar hace más un mes atrás.  El préstamo fue trabado por el presidente del BID, el cubanoamericano y ex funcionario de Trump, Mauricio Claver Carone, amigo personal de Mauricio Macri  y a quien favoreció, en aquella oportunidad desde el FMI, para salvar el gobierno de Juntos por el Cambio, como él mismo lo reconoció. La insólita  bienvenida dispensada por el funcionario trumpista  a Sergio Massa sumado a la llegada de Mercedes Marcó del Pont a la esa Secretaría, seguramente  destrabará estos recursos y permitirá avanzar con los proyectos paralizados.

También Daniel Scioli, que hace solo un mes medio atrás había asumido como ministro de Desarrollo Productivo en reemplazo de Matías Kulfas, vuelve a la embajada argentina en Brasil, lugar donde hasta hace poco  tiempo  se desempeñaba. Son públicamente conocidas las diferencias que ambos dirigentes bonaerenses mantienen. Esas desavenencias son el resultado de la campaña presidencial del 2015, en las que ambos compitieron y en la que triunfó Daniel Scioli.  El ministerio que conducía el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires es uno de los que integrará la nueva estructura que controlará Sergio Massa. También  Julián Domínguez salió eyectado en medio de este reacomodamiento. Su cartera también pasó a ser parte del nuevo superministerio.  Por su parte, Silvina Batakis, la segunda mujer en la historia en encabezar el palacio de Hacienda, cargo que solo pudo ejercer solo un mes, pasó a ocupar la presidencia del Banco Nación en reemplazo de un sorprendido Miguel Pesce.

 Al gobierno de Alberto Fernández le quedan 17 meses de gestión. En ese lapso Sergio Massa debe dar un profundo golpe de timón que cambie el rumbo de la gestión económica y que resuelva los problemas más urgente de los argentinos y argentinas. Llega con todos los apoyos necesarios y con el poder suficiente para hacerlo. En gran medida, de él depende ahora lo que suceda.