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El Estado provincial fue condenado por la Justicia a pagar 12 millones de pesos a la familia de Florencia Romano por las responsabilidades que le competen en el femicidio de la adolescente en diciembre de 2020.
Previo a la sentencia, la familia Romano había solicitado que la justicia contemplara una reparación económica por 300 millones de pesos. Incluso, adelantaron que parte de esos fondos serían destinados para la conformación de una fundación para asistir a víctimas de violencia.
El abogado querellante y representante de la familia, Cristian Vaira Leyton sostuvo que con esta sentencia "se terminó de confirmar lo que veníamos sosteniendo y que ya se había afirmado con la sentencia que recayó sobre la policía operadora del 911”.
“En ese momento también hubo una serie de recomendaciones destinadas al Estado sobre cómo actuar en estas situaciones", señaló Vaira Leyton. Al mismo tiempo, el representante de la familia, señaló que la misma, deslegitima los dichos del asesor de gobierno, Ricardo Canet.
A mediados de julio, Canet había achacado, una vez más, la responsabilidad de la familia en el femicidio de Florencia, por lo que fue repudiado por organizaciones de mujeres.
El asesor había aseverado que el femicidio de la adolescente había sido “50% de responsabilidad a la madre y al padre, y el otro 50% responsabilidad del autor del crimen”. Junto con ello, manifestó lo exagerada de la suma solicitada por los Romano para la sentencia.
Si bien el monto dictaminado por la conjueza Marina Lilen Sánchez, del Tribunal de Gestión Asociada 3, avala el reclamo de las víctimas, no alcanza al 10% del monto exigido por la familia, ya que lo redujo a 12 millones de pesos.
Sin embargo, duplica el ofrecimiento que hizo inicialmente el gobierno, de 6 millones de pesos, para evadir un juicio civil. La cifra determinada por Lilen Sánchez se basa en fórmulas a través de las que se calculan el daño moral y psicológico sufrido.
Incluso, Lilen Sánchez manifestó que la responsabilidad es mucho mayor por parte del Estado provincial. “El femicidio se podría haber evitado con fuerte probabilidad”, señaló la magistrada, a la vez responsabilizó a impericia del 911.
A su vez, la conjueza destacó que la responsabilidad del Estado en el femicidio de la joven corresponde en un 70%, mientras el 30 % restante corresponde al femicida, Pablo Arancibia, preso desde principios de 2021.
Kitty Mopardo, mamá de Florencia Romano, había expresado entonces: “Florencia ya no está. Me he sentido muy mal. Desde que pasó lo de Flor no estoy bien, pero quiero que esto cambie. No podemos seguir. No hay quien nos defienda. Echan culpa no más”, había manifestado la mujer durante una actividad de reclamo y repudio al gobierno, semanas atrás.
“Esta sentencia dice: el Estado es responsable. Nunca se puede culpabilizar a la víctima”, remarcó Vaira Leyton. Abogados y familias analizan, por estas horas, los pasos a seguir en su intención de constituir la fundación Florencia Romano sobre el monto de 12 millones sentenciados.