Argentina // 2022-07-24
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Panorama Político
REZO POR VOS, ROLL OVER
La deuda de Mendoza, una bicicleta con problemas para seguir rodando. El gobernador Suarez intenta, equivocadamente, de bajarle el precio a la llegada del tren San Martín a Mendoza. Los gremios estatales mendocinos, y en particular los de los docentes, en plan de lucha por su recomposición salarial. Alberto Fernández sufre el asedio de especuladores financieros, de las patronales del “campo”, los supermercadistas y formadores de precio que presionan por una devaluación y algo más.


La deuda hay que patearla. Desde los inicios de esta columna hemos sostenido que el aparente orden administrativo con que le gusta hacer marketing a los publicistas del gobierno provincial era una ficción sostenida por un endeudamiento en dólares que crece año a año desde los albores de 2016, épocas de Cornejo.

El ministro de Hacienda de la provincia, Víctor Fayad, es autor de una curiosa teoría que es el corolario del pensamiento de este gobierno en materia de deuda: siempre conviene más refinanciar la deuda que pagarla. Podríamos agregar que no la podría pagar ni aunque quisiera, ya que los ingresos provinciales vienen contrayéndose sistemáticamente, siendo día a día más dependientes de los aportes de la coparticipación nacional.

"El próximo año hay vencimientos de la deuda en dólares en marzo y en septiembre y nosotros creemos que sería absurdo pagar una deuda cuando es posible refinanciarla y pagarla en mejores condiciones. Yo creo que cualquiera que hoy tenga una deuda en dólares y pudiese pagarla en pesos no dudaría en hacerlo. En el Estado tampoco debería pasar", dijo el filósofo del roll over. El mismo Fayad aclaró que la deuda en dólares que se tomó en el 2016 y que se pudo refinanciar en el 2020, via rolleo, vence en el 2029, lo malo es que esto no es gratis. Los vencimientos contemplan pagos cercanos a los 100 millones de dólares anuales desde el 2023.

De esta confesión de parte, en la que nada tiene que ver la actual corrida especulativa a la que está siendo sometida las arcas del Banco Central, deriva el título: el gobernador Rodolfo Suarez implora a la oposición para que le vote el próximo presupuesto con cláusula de refinanciación con deuda más cara. El famoso roll over requiere una mayoría especial que la bancada oficialista y sus aliados no tiene.

Según los cálculos del hijo del Viti no hay riesgo de default, la deuda es sustentable. Los vencimientos que deberá afrontar Mendoza en el 2023, equivale a toda la coparticipación. "La cifra que vence el año que viene es la misma que se recauda por regalías, es decir que se podría pagar con eso. Lo que sucede es que el plan es usar ese dinero para volverlo productivo". Vale decir, sin destinar todo lo que ingresa al pago el estado provincial viviría al día con los recursos propios. El ruego de Suárez, que no es tan optimista, tiene una razón de peso.

Desde la oposición no escatimaron críticas a la penosa situación de caja a la que está expuesta la provincia producto de este irresponsable endeudamiento. "El manejo de la deuda de la provincia desde la época de Cornejo y luego en la de Suarez ha sido desastrosa. Nosotros lo hemos venido advirtiendo pero en el Gobierno aseguran que ellos tienen las cuentas ordenadas y evidentemente no es así. El gobernador se contradice, porque por un lado dice que las cuentas están ordenadas y por otro implora que le demos la posibilidad de refinanciar la deuda. Si lo implora no es porque a la provincia le sobre dinero en tesorería, es porque Mendoza es endeble financieramente y nosotros no podemos seguir otorgándole esa herramienta para que ellos se abusen en el uso del roll over", expresó Germán Gómez, el presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos con toda lógica.

Pero no hay que desesperarse, el gobierno ya tiene pensado como resolverlo si no sale: con una emisión de más títulos de deuda por $4.000 millones; "esos títulos son para abrir el paraguas ante lo que pueda venir. Es conveniente y es una previsión frente a escenarios que, prima facie, no serán beneficiosos para nadie" dijo Suárez. En resumen, la perspectiva de la provincia no convoca a la esperanza. El próximo gobierno que asuma a fines del año próximo tendrá una difícil partida con la que lidiar. El ciclo de la deuda, cuando se hace incontrolable, suele terminar en crisis profunda. Y el fin de ciclo se acerca.

¿El tren? ¿Cuál tren?. Para seguir con los títulos que nos dispensó esta semana pródiga en noticias, Rody Suarez se refirió a la llegada del tren de pasajeros de la línea San Martín, posiblemente para inicios del año que viene. Dijo el martes que "sobre la llegada del tren no hay nada concreto" sin mencionar su fuente informativa. No sabemos cuál sería la señal concreta que espera, cuando las obras están en plena ejecución y así lo demuestra el avance desde Rufino, en Santa Fe, en enero de 2022 hasta Justo Daract (San Luis) 400 km más al oeste en este mismo mes. El ninguneo no es casual, trata de restar méritos a una espectacular recuperación del sistema ferroviario nacional. En el caso de Mendoza, ya son 30 años de la partida de la última formación hacia Retiro. Seguramente que no piensan lo mismo los mendocinos y mendocinos de todas las pequeñas localidades, y de las no tanto también, que quedaron en el olvido luego de ese penoso momento. Ellas y ellos si abrigan una profunda esperanza. Es que el tema es una de las llaves estratégicas con las que hay que contar para proyectar una Mendoza con futuro. Y luego de la línea principal habrá que recuperar todos los ramales que se adentran por el territorio. Es el desafío para un gobierno que evidentemente deberá cambiar la visión de las cosas. También Suárez aprovechó para insistir en que desde el ejecutivo nacional lo autoricen a echar mano de los recursos depositados en el fideicomiso de Portezuelo del Viento. Sabe que no habrá posibilidades de continuar o iniciar la escueta agenda de obras sin ellos, dado el oscuro panorama de las finanzas provinciales.

No es casual que en estos títulos se combinen las dos Mendozas: la de la timba financiera y la de la economía real. Ya sabemos en cuál es especialista Suárez.

Paro y protestas recargadas. La semana pasada anticipábamos una tensa situación por los salarios estatales. Más aún después de conocida la propuesta de recomposición del gobierno: de un 12% acumulado en dos tramos hasta septiembre para docentes y de una suma de 4.500 pesos no remunerativos para el grueso de los estatales, lejísimo de los 40.000 pesos de emergencia reclamados por ATE. La respuesta no se hizo esperar, con la ratificación del llamado al paro docente convocado tanto por el SUTE (docentes de establecimientos de gestión pública) como por SADOP (privados) incluido. Luego se agravó con protestas y piquetes en los principales accesos de la ciudad de Mendoza y el Valle de Uco por parte de ATE y ATSA, ante la insuficiencia de las respuestas oficiales al desfasaje salarial que vienen sufriendo los estatales mendocinos, quienes parten de un piso remunerativo realmente muy bajo. Parece que ya no alcanza con el descuento del ítem aula como amenaza para frenar las medidas de acción directa que reclaman las bases docentes. En un tono más mesurado, los profesionales de salud también convocaron a un paro para el 27 y 28, pese a que la ministra Nadal había establecido una línea de diálogo con AMPROS, pero sus promesas de rápida recomposición aún no se concretaron.

Como siempre, la respuesta autoritaria está presente desde el oficialismo que controla férreamente el quehacer judicial. Luego de los cortes, 4 dirigentes sindicales fueron procesados El fiscal Carlos Torres imputó a Roberto Macho, Patricia Urrutia, Gustavo Román y José Bitar de ATE y ATSA, y les aplicó el artículo 194 del Código Penal de la Nación. Entiende que están incursos en un delito cuya pena va de los 6 meses a los 2 años de prisión. Munición gruesa.

El ataque especulativo no da tregua: Para el reducido grupo empresas, bancos y  millonarios que influyen sobre  las principales variables de la economía nacional, la cosecha de esta última semana ha sido suculenta. Se han seguido enriqueciendo a costa de  un cada vez más extendido número  de argentinos que vive acosado por la incertidumbre de no saber, si con sus ingresos fijos,  llegarán a fin de mes.   

El escenario de turbulencia financiera y de afiebrada remarcación de precios que describía este Panorama la semana pasada, se mantuvo durante estos últimos días. Mientras el gobierno de Alberto Fernández intenta proteger, y en lo posible, recuperar los dólares vendidos por el Banco Central, el ataque especulativo sobre la moneda nacional se profundizó estos últimas jornadas llevando el dólar blue a tocar los $350. El  objetivo ya declarado por los voceros del “mercado”, en lo que ya se ha transformado en  un desvergonzado chantaje, es hostigar al gobierno para obligarlo a devaluar y provocar así un aumento del dólar oficial.  “Esos sectores quieren la devaluación y, cada vez que el Gobierno dice que no va a haber ninguna devaluación, utilizan esas herramientas (dólar blue)  para generar incertidumbre”, afirmó la vocera presidencial Gabriela Cerruti.

Lo grave es que   la suba artificial  del dólar blue  se  vienen trasladando casi automáticamente  a los precios de productos de consumo masivo, en especial de los alimentos, provocando una escalada inflacionaria que hace caer abruptamente el valor del peso. Esta maniobra especulativa  destruye el salario, la jubilaciones y la producción de las Pymes y de los comerciantes pequeños,  lo que constituyen la mayor parte de la población.

  “Comprendemos y tenemos absoluta empatía con la sensación de incertidumbre que generan las informaciones alrededor de del dólar blue, creemos que efectivamente no tiene impacto en la economía real”, declaró también la vocera de la Casa Rosada.   En este sentido, si bien es cierto que dólar paralelo es insignificante en cuanto a volumen,  comparado con el oficial, el gobierno no debe subestimar los efectos tóxicos que genera entre la población estas maniobras, en especial sobre el futuro de la economía. Si una enorme mayoría cree que todo va a ir peor, esta vaticinio se cumple ya que esta crisis de  expectativas se traduce en conductas  como  por ejemplo las remarcaciones de precios “preventivos”, que afecta a los productos de primera necesidad como  pan,  fideos, cereales, leche, productos lácteos y huevos, carnes y derivados y azúcar, dulces, etc.  Atacar ese mercado ilegal de comercialización debe ser una tarea urgente de los órganos de control. En principio se puede aplicar la ley 19.359  destinada a  sancionar a quienes operan en ese mercado negro.

Y esta situación se agrava aún mas ya que, los dueños de la comida que consumen los sectores populares está en manos de 20 empresas entre fabricantes y comerciantes que venden casi el 75% de los alimentos que llega a la mesa de cada familia argentina.  A esta escandalosa concentración se suma el hecho que, de cada cien productos que se comercializan, 80 los vende alguna de las seis grandes cadenas de supermercados que dominan las ventas en el país. Estos revendedores, que se enriquecen de  forma parasitaria y distorsiva del restos de los actores de la  cadena  productiva,  se han transformado en una gigantesca maquinaria de remarcación de precios, alguno de cuyos propietarios se burlan abiertamente de los consumidores,  como es el caso del presidente de supermercados La Anónima, Federico Braun, que se burló de la inflación y dijo que la forma de combatirla es "Remarca precios todos los días, para ser sincero". De este  tipo de empresarios inmorales depende hoy que la gente acceda a la alimentación básica. Difícilmente los manipuladores comunicacionales que baten el parcha veinticuatro horas contra el gobierno, denuncien a estos  abusadores, ya que la mayoría de los grandes medios viven de las publicidades millonarias que le aportan estas empresas. Paradójicamente es en  las góndolas de estas grandes superficies comerciales donde se juega su futuro político el gobierno del Frente de Todos. Justo allí donde  reina el desabastecimiento y el aumento de precios.

Otro de los sectores concentrados que más especulan con una devaluación son los grandes empresarios agrícolas. Estos retienen más de 14.000 millones de dólares por venta de granos y se calcula que un monto similar tiene retenido el sector de la agroindustria.  El mismo Alberto Fernández los señaló al afirmar que tiene "el desafío de enfrentar a los que especulan con el dólar y a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad".  Pero la respuesta de  Confederaciones Rurales y de  la Sociedad Rural fue echar a rodar una versión según la cual el gobierno estaría pensando en fijar un cambio diferencial para las exportaciones agrícolas. El gobierno salió a desmentir este trascendido. Pero cada una de estas operaciones se traducen en nuevas presiones sobre el mercado de cambio. Más sincero aún fue  Gustavo Idígoras, presidente de la cámara exportadora CIARA-CEC, quien afirmó  que “hay una situación bastante preocupante en el término del ritmo de venta de soja. Estamos en uno de los ritmos más bajos de los últimos 20 años y hasta menor al 2008 cuando fue la crisis de la 125″. Los aliados del PRO están lanzados a golpear al gobierno negándole los dólares que este necesita para sostener el ritmo de actividad económica a costa incluso de que sus productos pierdan valor en el mercado internacional. 

 También el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, afirmó que los productores  agropecuarios,  se ven obligados a aplicar un freno y esperar a ver "cómo viene la cosa", reconociendo públicamente que pretenden quedarse con una porción más grande de la torta, no trabajando justamente sino mediante una suba artificial del valor del dólar.

Por su lado los dirigentes de  Juntos por el Cambio, quienes lastraron el país durante cuatro años,  operan abiertamente para obstruir la gestión del gobierno nacional. Su apuesta, desde el principio de la gestión, fue al fracaso del gobierno de Fernández-Fernández. El cómico cordobés Luis Juez que hoy oficia de senador nacional en el bloque Pro-Ucr  lo blanqueo  durante la campaña,  cuando afirmó que se opondría a todo proyecto del  oficialismo para “no dejarlos gobernar”. “No tenemos que darles ninguna herramienta” al gobierno ratificó en la misma línea la republicana Patricia Bullrich. Carrió, una verdadera estadista también hizo su aporte a la paz nacional vaticinando la “renuncia” de Alberto Fernández. Claramente nada puede esperar el gobierno de la oposición quienes ya se pelean por los cargos que se van a repartir en 2023.

No cabe dudas que la principal responsabilidad de lo que sucede siempre le cabe al gobierno. Si bien la disputa política al interior del Frente de Todos se ha moderado, los daños colaterales han sido muy perjudiciales para la gestión. La llegada de Silvina   Batakis a economía, no ha logrado  calmar y ordenar las principales actores y variables económicas. Esto demuestra una vez más que no basta con cambiar de nombres en un gabinete para obtener buenos resultados. La poca  coordinación de un gabinete muy parcelado también dificulta la gestión.

En un mundo convulsionado, con un frente interno que lo seguirá asediando hasta el último día de su mandato y una economía que tiende a ralentizarse, el gobierno del Frente de Todos necesitará más que palabras o medidas coyunturales para sortear la crisis. También el tiempo ya es un factor que  juega en su contra. O se atreve a tomar medidas de fondo con las herramientas que posee el estado o los factores de poder lo seguirán debilitando para defender los privilegios que históricamente han defendido.

 


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