El bidón no es Transparente: En una de sus primeras apariciones públicas luego de su gira por Canadá, el gobernador no se refirió a la lluvia de inversiones que consiguió ni a la matriz productiva de la provincia que espera impulsar. La inauguración del tramo correspondiente al Ministerio Público Fiscal en la sede del Polo Judicial Penal de Mendoza, predio que a su vez ya había sido inaugurado en septiembre del año pasado, fue el escenario elegido por un serio Rodolfo Suárez para referirse al caso más controvertido de su período de gobierno: el del “bidón negro”. En su relato, hizo una comparación de su accionar “transparente” en este tema con los casos que terminaron con las condenas de los ex intendentes Luis Lobos y Sergio Salgado (sin mencionarlos), dejando en evidencia que la detención de éste último fue a pedido del poder político, con el fin de que apareciera nuevamente en la consideración pública y sacar de foco su propio desliz.

"Este gobernador que llevó adelante un convenio con una fundación conocida que tiene llegada a muchos barrios vulnerables. Cuando yo escucho los términos en los que se refirió el presidente de esta fundación (Bonarrico) - que no son los mismos con los cuales recibió el subsidio - le di de baja en cinco minutos. Un convenio que no descubrió nadie porque nosotros los publicamos en el Boletín Oficial".

Resulta sugestivo que conozca con tanto detalle la actividad de una fundación (denominada Acción Social) creada en 2018, que cuenta con nula actividad registrada en los últimos 2 años y que es espejo (o melliza mejor dicho) del Partido CONFE, con el que comparte sus autoridades (el propio pastor es su presidente y Eduardo Erario el tesorero). Por lo demás, la publicación de los actos de gobierno en el BO es una obligación establecida en la Constitución.

"Este señor no entendió nada", dijo Suárez. Parece significar que el pastor debería entender que el subsidio de 18 millones de pesos del gobierno era un pago de favores políticos para que CONFE se sumara a Cambia Mendoza durante las últimas elecciones y no debía agitarse más el avispero. Para Bonarrico en cambio, es un convenio completamente legal. “No es un subsidio, es un acuerdo de prestación de servicios porque es una ONG que está dando un servicio". Las “aclaraciones” de ambas partes dejan más al descubierto el contubernio.

La realidad es que este hecho muestra a las claras la forma de actuar del partido gobernante para sumar votos a sus necesidades de manera espuria en las cámaras legislativas cuando le hace falta, sin respetar la voluntad popular expresada en las urnas y valiéndose de dirigentes que incursionan en política como una forma de obtener beneficios personales o sectarios. Este hecho ha mellado seriamente la imagen del gobernador Suárez. Comienza a aparecer en las encuestas y focus group, de la que es más devoto que de la iglesia bonarriquista, la palabra corrupción ligada a su nombre y a su gobierno.

El correlato de estas declaraciones se dio en el ámbito legislativo, puntualmente en la Cámara de Diputados. Por iniciativa del oficialismo, se archivó el pedido de juicio político promovido por el bloque del Frente de Todos contra el ministro de Gobierno Víctor Ibáñez. Al haber encabezado la turbia negociación, había dejado expuesto al propio Suárez, ya que se sabe que éste es hombre de su extrema confianza. La imposición de la mayoría legislativa para acallar estos hechos, no será suficiente dado el tenor que tomó el caso Bidón Negro.

Antorchas altas y Salarios bajos: Los bajísimos salarios que perciben las y los agentes estatales de Mendoza han ido tensando la cuerda con el gobierno en varios frentes. A los ya manifiestos del ámbito de la salud, como lo son el conflicto con los anestesiólogos y demás profesionales sanitarios, se le sumaron esta semana los gremios nucleados en el denominado Frente Estatal en Lucha (que nuclea al SUTE, ATE, Casino, CTA), quienes realizaron una nutrida marcha de antorchas que concluyó frente a la Legislatura el viernes en reclamo por un aumento salarial de emergencia para todos los estatales. En ella manifestaron la intención de convocaron a una huelga general el jueves 30 de junio. Piden la reapertura inmediata de paritarias y un incremento salarial de $40.000 para todos los trabajadores estatales de Salud, Desarrollo Social, Administración Central, Educación, Municipales y fuerzas de seguridad. Carina Sedano, titular del SUTE, expresó en cuanto al reclamo, “lo que se pide es la reapertura inmediata de paritarias para adelantar la remisión de septiembre”, debido a que los salarios ya se encuentran 8,1 % por debajo de la inflación en este 2022.

La respuesta del gobernador a la enérgica solicitud gremial parece insuficiente: adelantar un 5% previsto para noviembre del aumento acordado en abril y reabrir la paritaria a finales de julio. Se sabe que los recursos provinciales son cada vez más escasos a medida que avanza el año y para colmo se achica cada vez más la base impositiva provincial, por lo que la dependencia de los aportes nacionales es más acuciante, habiéndose roto el equilibrio de aportes nacionales vs provinciales ya el año pasado (se estima que los primeros superan el 55% del presupuesto).

Mensaje nada cifrado: En el ámbito de la universidad pública, para no ser menos que el gobernador, Cornejo aprovechó para marcarles la cancha a las autoridades recientemente proclamadas en la UNCuyo. Luego de un proceso electoral sumamente reñido y una controvertida decisión del Consejo Superior, el senador nacional criticó duramente al saliente rector radical Daniel Pizzi por las medidas de fuerza de los docentes de los colegios universitarios: "Las autoridades que están terminando su mandato han sido pasivas ante esta situación". Espero, por el bien de nuestros alumnos, que quienes asuman en breve, atiendan y revean estas medidas. Los colegios de la Universidad tenían prestigio y en la actualidad lo están perdiendo". El mensaje sonó más como una orden directa que como una aspiración destinada a sus correligionarios Esther Sánchez y Gabriel Fidel.

Cristina versus los movimientos sociales: La  vicepresidenta Cristina Fernández aprovechó su participación de un plenario de la CTA por el Día de la Bandera para apuntar nuevamente contra el gobierno de Alberto Fernández y cuestionar  la distribución de planes sociales  y a los dirigentes de los movimientos sociales ligados a esos programas. Como ya se ha hecho hábito, los planteos de Cristina, dada su envergadura política, genera aplausos entre sus seguidores, debate en la  militancia del FdT,  altos grados de confusión entre quienes no logran desentrañar cuál es el la intención de sus  embestidas y el visible aprovechamiento político que hace la oposición de esas diferencias.

“Hoy tenemos 7% de desocupación. Estamos solamente a 1,1 de alcanzar el 5,9 que teníamos allá por el 2015 pero tenemos 1.300.000 planes. Hay algo que va a haber que revisar porque con esa desocupación del 7% deberíamos tener menos planes sociales ” afirmó Cristina  en el marco de la interna política que mantiene con el presidente. Pidió además que “El Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas", en  alusión  principalmente al  Movimiento Evita y Barrios de Pie, y a los dirigentes de esas organizaciones, quienes apoyan  hoy a la gestión de Alberto Fernández.

Con toda la legitimidad que tiene Cristina para opinar sobre lo que crea necesario, hay que señalar sin embargo algunos aspectos  que merecen consideración. Los movimientos sociales no nacieron por generación espontánea ni se han mantenido por más de dos décadas por la sola acción demagógica de dirigentes oportunistas.   Desde mediados de los noventa, como resultado de la desregulación económica y la reestructuración del Estado que implantó el menemismo, se generó una estallido de  pobreza, desempleo y desigualdad, etapa que consolidó  un largo proceso de concentración y financiarización de la economía  puesto en marcha en 1976. Resultado de esa desocupación estructural que provocó el proceso de privatización y el desguace del modelo industrial,  es que surgieron los primeros estallidos sociales y movimientos piqueteros en Plaza Huincul y Cultral-Có primero, fenómeno que se extendería al resto del país después.  Fueron los excluidos y expulsados del mundo del trabajo los que debieron construir su propia alternativa organizacional y económica  para sobrevivir.  A este lote se incorporaron luego los llamados “nuevos pobres”, que eran sectores de clase media que se sumaban a la legión de desocupados y que se organizarían en torno a los llamados “autoconvocados”.  Allí no solo el Estado se ausentó sino que tampoco brindaron contención  los  sindicatos ni los partidos políticos. Mucho más tarde aparecerían estas estructuras articulando con estos sectores.

Fue Néstor Kirchner y luego Cristina, en menor grado,  quienes con la idea de transversalizar la política,  transforman estos movimientos de protestas social en aliados políticos, y a muchos de estos dirigentes en funcionarios de gobierno. El movimiento Evita y Libres del Sur fueron un claro ejemplo de ello.  El mismo Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, fue subsecretario de Agricultura Familiar en la gestión de Néstor Kirchner.  Cristina Fernández reconoce este derrotero cuando afirmó en la CTA que “Los piqueteros en la República Argentina son hijos de las políticas neoliberales de los años 90. No nacieron con ningún gobierno populista. Fueron producto de los altos índices de desocupación y de la falta de oportunidades (…)”.  En consecuencia se puede cuestionar a algunos dirigentes sociales, y la forma en que manejan los planes sociales; lo que no se puede desconocer, es  la historia de luchas y conquistas de este sujeto político. Ignorar su existencia o tratar de desarticularla sería infringirle un daño   irreparable al movimiento nacional.  

Tiene razón Cristina cuando afirma que “El peronismo es laburo, trabajo». Eso es exactamente lo que está haciendo Alberto Fernández: sostener el empleo existente y crear nuevos. Las mediciones del INDEC muestran esta evolución. Hay que señalar además  que este proceso de recuperación del empleo posterior a la pandemia,  es uno de los más alto de la región. Esta recuperación y  reactivación de la economía y del incremento del consumo interno, tiene la virtud de haberse conseguido  en un contexto de guerra, recesión, inflación, pandemia, herencia macrista  y a pesar incluso de  las acusaciones internas,  que le endilgan al presidente,  estar “traicionando” el contrato social con los votantes que  respaldaron al FdT en el  2019.

Nadie duda tampoco que el Estado debe tener el control de las políticas sociales como también, ya que de dinero público se trata, de  los subsidios otorgados a las empresas, lo que no siempre aparece tan expuestamente cuestionado.   Pero ese proceso  debería  tener como objetivo la plena institucionalización de los planes sociales  y no ser el resultado  de las necesidades políticas de  facciones internas del FdT,  en el distrito electoral más grande de la argentina.

El gobierno está obligado a hablar a través de la gestión.  Por eso la iniciativa de avanzar con el proyecto del Salario Básico Universal, una propuesta del Agustín Rossi referente de la Corriente Nacional de la Militancia, es también un paso para paliar salarios insuficientes o ingresos para desocupados o empleos no registrados. Al igual que los planes sociales, esta medida no debe ser impulsada para acotar  políticamente la dinámica de los movimientos sociales, sino para mejorar la vida de aquellas familias que no alcanzan a cubrir la canasta básica de alimentos.

El FdT debería a esta altura de su gobierno, evitar caer en los mismos errores del 2015. La construcción de un triunfo electoral descansa en gran medida en el  apoyo que consiga de los movimientos sociales y de los actores de la economía popular. El oficialismo no se puede dar el lujo de ignorar el potencial político de estos sectores. Menos aún debe hacerlo cuando los factores reales de poder se preparan para volver con el objetivo que definió  Mauricio Macri, "Argentina fue uno de los primeros en crear el populismo, con Perón y Evita. Tal vez seamos uno de los primeros en erradicarlo.” Toda una declaración de guerra que la dirigencia del FdT debería tener en cuenta al momento de discutir sus diferencias.