Mendoza // 2022-06-23
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Anestesiólogos denuncian al gobierno ante la CIDH y AMPROS pide la inconstitucionalidad de la ley
A pesar de la conformación de una “mesa de diálogo” donde no se obtuvieron avances en materia salarial, reclamo central de las y los anestesiólogos, los anestesiólogos advirtieron la inconstitucionalidad de la medida. La justicia local había denegado un amparo planteado por los profesionales y acudieron a la CIDH para avanzar.


Anestesiólogos de Mendoza hicieron llegar su reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En concreto pidieron que se respete el Artículo 41 del Pacto de San José de Costa Rica al que Argentina adhiere desde 1984.

El planteo surge tras la sanción y reglamentación de la Ley de Emergencia Sanitaria en Anestesiología, que les prohíbe renunciar a sus cargos como así también establece sanciones, como suspensión de matrículas, en caso de que opten por rescindir su contrato.

A pesar de la constitución de una “mesa de diálogo” donde no se obtuvieron avances en materia salarial, reclamo central de las y los anestesiólogos, tanto desde la asociación que los reúne como desde Anestesiólogos Autoconvocados, advirtieron la inconstitucionalidad de la medida.

Arturo Salassa, médico referente del sector, explicó en Radio Nacional Mendoza que lo que se pidió a la CIDH es que se expida sobre si hay violación o no en la Ley de Emergencia de Anestesiología y en el régimen que el Gobierno de Mendoza les impuso.

La ley estableció que los profesionales de la salud no podrían renunciar a sus trabajados, “precarizados y malpagos” como denunciaron oportunamente, so pena de fuertes sanciones laborales, lo que “atenta contra la libertad de trabajo”, agregan.

En esa misma línea se pronunció AMPROS. El gremio de profesionales de la salud si bien es ajeno al rubro de los anestesistas, respaldaron la postura de dichos médicos e interpusieron una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley, la 9.391.

AMPROS acudió a la Sala 2 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. Además, solicitó la “inaplicabilidad de la misma en virtud de la insalubridad que roza con el trabajo esclavo hacia estos profesionales de la salud”, señalaron desde la entidad sindical.

“El primer agravio es una violación a los derechos constitucionales. Es evidente el retroceso en los derechos de los trabajadores, las jornadas de trabajo sin limitación previstas en la ley 7759. La ley extiende las horas semanales de trabajo. Pasadas las 55 horas semanales, hablamos de insalubridad, lo que roza el trabajo esclavo”, puntualizaron desde el gremio.

“El segundo es la irrazonabilidad de la norma. La arbitrariedad de la medida adoptada y el derecho a la libertad de elegir y decidir”, acotan. El tercer agravio es la violación a la garantía de estabilidad del empleado público. “No les permite renunciar cuando el CCT Ley 7759 lo contempla porque es un acuerdo de partes”, indicaron.

Finalmente, el cuarto agravio constitucional es que “la ley atenta contra el principio de seguridad jurídica y plantea la inexistencia de parámetros para la determinación del salario”. De esta forma, los empleados públicos tendrán la más absoluta falta de certeza respecto a sus remuneraciones futuras, dado que el límite fijado no es objetivo y determinado en base a factores previsibles.

La Justicia había rechazado a principios de junio la medida cautelar que presentaron los anestesiólogos autoconvocados contra le ley de emergencia en el sector, por lo que avanzaron hacia la CIDH para manifestar su reclamo.

En paralelo, la situación de reprogramación de cirugías continúa sostenida. Prácticamente no han retornado anestesiólogos a los hospitales y hoy se acumulan más de 6.000 cirugías, algunas reprogramadas para enero de 2023.


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