El dilema en torno a la Ley de Alquileres continúa vigente en la Argentina. Tras los inconvenientes que se daban en torno a la situación de los inquilinos en todo el país, la experiencia de “la nueva ley de alquileres” no mejoró el panorama.

Los elevados índices inflacionarios y la puja salarial de distintos sectores hicieron mella en la situación de los inquilinos. Alquileres con aumentos cercanos al 50% entre un año y otro, complejizaron aún más el panorama.

Para los locadores tampoco fue una buena experiencia: la conversión de alquileres en “impagables” para muchos bolsillos acrecentó el temor de no poder cobrar un alquiler. Miles de propietarios volcaron sus bienes inmuebles que solían alquilar hacia el mercado de la venta.

La disminución de oferta también golpeó a los precios e hizo que, ante la demanda, los alquileres continúen a la suba. Un panorama desolador se vive en estos tiempos y distintas fuerzas políticas buscan una solución.

Desde la oposición, y con el apoyo de algunos diputados de otros sectores, generaron un dictamen de minoría en las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda. 

¿Qué dice la propuesta de Juntos por el Cambio?  

En un comienzo se cambia el plazo de 3 años que dispone la actual ley a un retorno hacia el plazo de 2 años. Sin mayores explicaciones, la idea sería retornar a la vieja usanza.

- Actualización cada 3 meses:

El nuevo párrafo redactado apunta a una modificación del Artículo 14: “En los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio de alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos entre 3 (tres) y 12 (doce) meses”.

Ante un panorama inflacionario, la actualización cada 3 meses atenta contra los locatarios y brinda un respaldo a los locadores, sometiendo el precio a los designios del mercado.

- Precio y actualización a cargo del mercado. 

“Acuerdo de las partes” apunta la continuación del argumento anterior y sostiene que “A los fines dispuestos en el párrafo anterior, para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización  del precio de alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS) elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.

De esta manera, habría una preminencia por parte del mercado y, casi siempre, “el acuerdo de partes” termina favoreciendo a quien dispone del bien por sobre quien lo alquila.