Seguramente que nuestras lectoras y lectores acertaron cuando imaginaron cuál iba a ser el tema principal de esta columna semanal: el denominado por parte de la prensa local como ´Bonarrico gate´, por influencia del colonialismo cultural. Este ineludible hito de corruptela política del que, a causa de las disputas de los grande medios por la pauta oficial,  conocemos solo algunos detalles,  hace que agregar algo nuevo  no sea tan sencillo. Por eso, tal como es costumbre aquí, proponemos un enfoque reflexivo sobre los hechos conocidos (que no son todos).

Para caracterizar el caso, partiremos de algunas precisiones semánticas: se trata de un asunto de transfuguismo político y de presunta corrupción que ya ha inaugurado incluso su capítulo judicial. A diferencia del uso habitual que hacemos de la palabra “tránsfuga”, que es una ‘persona aviesa y tramposa’, o un ‘traidor y desleal’  , definición que es aplicable cabalmente a la conducta tanto del pastor Héctor Bonarrico como a la de los ´negociadores´ oficiales, consideramos aún más adecuado el que definen los diccionarios específicos: un tránsfuga es aquel representante democráticamente elegido, que abandona la formación política en la que se encontraba para pasar a engrosar las filas de otra.  Porque, debemos aclarar, esta relación anómala (por decirlo elegantemente) no es reciente, tiene una larga historia. El decreto que autoriza el pago de ´subsidios´ por 18 millones de pesos a la Fundación CONFE es algo que se materializó ahora, pero la realidad es que Bonarrico ingresó como senador provincial de la Alianza Protectora en 2017 para, al día siguiente, levantar la mano sistemáticamente en todos los proyectos que le interesaban al gobierno de Cornejo, quien ahora casualmente busca salir rápidamente de escena en esta trama. Era el famoso “senador número 22”, el reaseguro de la mayoría oficialista en caso de ausencias. Esto demuestra claramente que el contubernio existía y viene de lejos.

En su paso por la Cámara Alta, son muy recordadas también sus posiciones antiderechos en temas vinculados a géneros, a los que peyorativamente designaba como ´ideología de género´. El pensamiento de este referente de algunas iglesias evangélicas mendocinas se acerca mucho más al de los republicanos de EEUU que al de los conservadores locales.

Acuerdo y evangelización: Hace apenas un mes atrás se hizo la ´presentación´ de este acuerdo, del que aún no se conocía la letra chica que ahora sabemos. A recibir las ´bendiciones´, acudieron cerca de 500 dirigentes partidarios de toda la provincia. Encabezando la reunión que formalizó el hoy repudiado compromiso, estuvieron el presidente del radicalismo e intendente de Godoy Cruz, Tadeo García, Ulpiano Suárez (sobrino e intendente de Capital), el diputado Diego Costarelli (actual presidente del interbloque CM y hombre de confianza de Cornejo), y las diputadas Tamara Salomón y Sandra Astudillo (vicepresidenta de la UCR) . Resultan patéticas también observar algunas imágenes de altos dirigentes radicales escuchando la bajada de línea del pastor en esa misma ´ceremonia´. ¡No cuesta mucho imaginar cómo saldrían los pichoncitos de semejante semillero!

Este acuerdo incluía la incorporación del partido CONFE a CM y el otorgamiento de un jugoso subsidio de 18 millones de pesos a la Fundación irónicamente llamada Acción Social (y melliza de Confe, ya que las autoridades son las mismas: Bonarrico y Erario) para que desistiera de presentar candidaturas propias en las últimas elecciones legislativas, explicadas por el propio Bonarrico a los medios el jueves pasado.

Del acuerdo participaron las principales espadas del cornejismo y del por estos días ´indignado´ gobernador Suárez, a saber: Tadeo García, el ministro Ibáñez y presuntamente el subsecretario de la cartera de Gobierno, Nicolás Egües. Además, según él, recibió el ofrecimiento de un cargo público “para crear, dentro de la estructura estatal, una dirección 'interculto' para que yo ocupara el cargo de director”, el que rechazó prefiriendo el efectivo.

Denuncia penal y cambio de estrategia: El acuerdo formalizado por el decreto N° 684/22, fue refrendado por la firma del vicegobernador Mario Abed y el ministro Levrino el 9 de mayo (el gobernador casualmente estaba ausente de la provincia en esa fecha). Cuando se publicó en el BO y algunos medios pidieron precisiones, fue el propio Bonarrico quien hizo estallar el escándalo ya que, en declaraciones radiales, se explayó sin dobleces sobre los alcances del “acuerdo poselectoral”. Dejar en claro el modus operandi de los radicales, utilizando fondos públicos para sus componendas políticas y su doble discurso de transparencia y austeridad al que son tan afectos, es lo que verdaderamente hizo enfurecer a Rody.

En tanto, la Legislatura se convirtió en un hervidero de pedidos de informe y citaciones, especialmente apuntando a Ibáñez, el alter ego del gobernador. El PJ por su parte, tomó la iniciativa judicial y anunció que denunciará penalmente al exsenador provincial Héctor Bonarrico. Se presentará ante la Justicia para que se conozca la trama completa. “Podríamos enumerar varios delitos que deberían ser confirmados por la Justicia. Creemos que puede haber cohecho y asociación ilícita. Estamos hablando de corrupción a cambio de votar leyes y de bajarse de una candidatura", declaró su presidenta Anabel Fernández Sagasti.

Tras el escrache, sin dar explicaciones sobre estas repudiables prácticas pseudo políticas y menos aún a tanto derroche, el propio Suarez ordenó la redacción de otro decreto, dejando sin efecto al primero. Esta vez sí firman él y el ministro de Gobierno. La continuidad de la estrategia oficial es de un cinismo sin desperdicios: el propio gobierno otorgante del subsidio hará una denuncia penal contra el pastor evangélico por tentativa de fraude a la administración pública por sus declaraciones donde señalaba que esos fondos eran parte de un acuerdo político con el oficialismo local.

No sabemos, es una conjetura apenas, si este modelo de otorgamiento de subsidios para cooptar a los pequeños partidos que pueden restarle votos a Cambia Mendoza estará reflejado en la letra del proyecto de reforma constitucional y política que impulsa el ejecutivo provincial.

¿A esto se referirá Suárez cuando habla del costo de la política y de ser empáticos con la sociedad?

Recursos provinciales: el cuadro de la decadencia: Pese al escándalo precedente que impacta fuertemente en el seno del gobierno y en la figura del gobernador, los temas estructurales de la provincia siempre tienen su lugar en esta columna. Según se informó el Ministerio de Hacienda, basado en datos de las ejecuciones presupuestarias de los últimos años, en 2021, la participación de los fondos nacionales en el presupuesto (de 255.465 millones de pesos), fue superior al 57% (estrictamente 146.551 millones), mientras que el 43% restante (108.914 millones) corresponde a recursos corrientes de origen provincial. El dato confesado por la propia administración radical no es menor. Representa la mayor diferencia entre aportes nacionales y provinciales desde inicios de siglo. En general, Mendoza ha mostrado números que integraban en partes casi idénticas los aportes de ambas fuentes, pero a partir de 2020, con la recesión producto de la pandemia y el letargo económico local mostrado en 2021 respecto del crecimiento nacional que superó el 10%, esta tendencia se profundiza aún más. De la caída de los recursos provinciales deriva la recurrente demanda del gobernador a la nación por fondos adicionales. La economía de Mendoza no tiene actualmente sectores pujantes, como los fueron en su momento el petrolero o el agroindustrial.

El comercio, está en baja porque factura menos o se hace en negro y la única apuesta que hay entre manos es el turismo internacional, que tiene buenas perspectivas, pero para compensar las caídas en los otros rubros requeriría volúmenes muy importantes. Juan Gispert de la FEM entiende que esto se debe a que "en términos generales, Mendoza ha recaudado menos que la Nación, no por baja de impuestos, sino por una caída de la actividad: Ingresos Brutos se paga cuando se factura algo y ahí hubo una caída. Si hay caída en la recaudación es porque ajustaste, hubo una disminución del gasto". Los economistas liberales justifican la caída en la decisión de aplicar una política de disminución de impuestos para reactivar sectores y a nivel nacional no. Lo que no se explica del todo ya que los sectores beneficiados no se reactivaron y el desequilibrio a favor de los recursos nacionales se mantendría aún si hiciéramos hoy el cálculo de las actividades de 2021 con las alícuotas que estaban vigentes hace 5 años.

La tabla de salvación a la que busca aferrarse el dubitativo gobierno provincial es a la reactivación de Potasio Río Colorado en Malargüe. Para ello, Suárez tiene previsto viajar a Canadá en junio a la busca de inversores en un foro que se organiza a nivel mundial y la feria PDAC de Toronto (Prospectors & Developers Association Canada, por su sigla en inglés), la feria más importante del mundo en materia minera. Sin embargo, se sabe que estos desarrollos, de ser viables, tienen horizontes temporales de largo plazo y rara vez resuelven necesidades urgentes.

Sin duda alguna, la decadencia de nuestra provincia reconoce una causa estructural: el principal problema de Mendoza sigue siendo su falta de rumbo por carencia de un verdadero proyecto provincial de desarrollo e inclusión. Esto incluye mantener relaciones maduras y confiables con la Nación y con las provincias que integran nuestra región. 

Obras son amores y no buenas razones: La construcción del  Complejo Hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz integrado por las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, acordado en 2012 por Cristina Fernández de Kirchner  para ser financiado por la República Popular China,  fue abruptamente paralizado con la llegada de Mauricio Macri al gobierno.  La obra, suscriptas en el marco  de la Asociación Estratégica Integral, fue valuada en su momento en u$s4.770 millones de dólares. Para ser financiada con recursos  del Banco de Desarrollo de la República Popular China, estos emprendimientos fueron licitados en favor de  la  UTE conformada por  la china Gezhouba, y las empresas argentinas  Electroingeniería e Hidrocuyo.

El complejo hidroeléctrico que tendría una potencia  de 1740 megavatios fue frenado por  el ex presidente, con el mismo desdén con el que paralizó durante su gestión, 400 de las 600 obras que se encontraban en ejecución cuando llego a La Rosada. La decisión de Macri de frenar la construcción de  las represas santacruceñas estuvo acompañada de una feroz campaña de los grandes medios de comunicación aliados al macrismo que demonizaron, no solo las represas, sino también  a las gestiones kirchneristas y hasta el propio gobierno chino. Tampoco, para variar, podía estar ausente la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien, haciendo lugar a pedido de ONGs ambientalistas y alineado al macrismo, ordenó la suspensión provisoria de las obras por falta de estudios de impacto ambiental  

 Lo más grave de la situación fue que estás obras ya se habían iniciado, generando  desembolsos por alrededor de u$u 300 millones de dólares. Pero fueron más poderosas las presiones norteamericanas y sus lobistas locales,   los factores  que llevaron  a la argentina a quedar en  medio de la disputa comercial  que libran hace años China y Estados Unidos. Poco tardó el ex presidente en darse cuenta del incómodo lugar en el que quedó parado. Intentando recomponer parcialmente su relación con el gobierno chino propició un encuentro bilateral en diciembre del 2018 donde firma, con Xi Jinping,    más treinta acuerdos de cooperación, otorgándole al premier chino hasta la Orden del General San Martín. Pero si bien, muy parcialmente, se reiniciaron las obras, Mauricio Macri no solo bastardeó la iniciativa sino que las rebautizó con los nombres  Condor Cliff y La Barrancosa, los nombre geográficos donde se encuentran emplazados los proyectos.

En la práctica, se desperdiciaron más de cuatro años y se perdieron millones de dólares,  culpa de una gestión que hizo de la especulación financiera, la deuda, la fuga de divisas y la desindustrialización, sus rasgos distintivos. Mediante Decreto 269/2022 firmado por Alberto Fernández se han vuelto a poner en marcha estas obras emblemáticas para la Patagonia argentina. Ahora el ministro Guzmán tiene la tarea de enmendar lo que sea necesario y destrabar los fondos prometidos oportunamente por China.  Más allá de cualquier especulación política, no hay crecimiento posible sino no se consolida una matriz energética que haga sustentable  la expansión de la producción y el consumo.

Impuestos a las Ganancias: En una reunión que sostuvieron el presidente Alberto Fernández, con el ministro  Martín Guzmán, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los secretarios Generales de la CGT, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano se anunció la suba del piso del impuesto a las Ganancias que pasa de $ 225.000 a $ 280.792, a partir de junio. Se  benefician  también con una reducción de este tributo  quienes tienen ingresos brutos entre los $ 280.792 y los $324.182.   

Comparado con el año 2019, con esta decisión de Alberto Fernández,  1,2 millones de trabajadoras y trabajadores dejan de pagar este impuesto.  Además, esta noticia llega en momentos en que la inflación está afectando el salario real y necesita rápidamente recuperarse. No hay que olvidar que Mauricio Macri, en el pico de su campaña electoral del 2015  hizo un spot publicitario en el que prometió que los trabajadores no pagarían más el impuesto a las Ganancias. Por supuesto que no cumplió con este compromiso. Por el contrario, cuando concluyó su gestión, este tributo alcanzaba  a más trabajadorxs que al comienzo del gobierno de Cambiemos. Pero no se trató solo de una promesa más que el neoliberalismo no cumplía.  Por el contrario, el macrismo está convencido que frente a la inflación, hay que “enfriar” la economía, ponerla en pausa. Esta receta básicamente consiste  en no incrementar los haberes ni las jubilaciones y menos aún invertir en obra pública o incrementar el gasto, sean en  salud, educación u otro servicio del Estado.  Se trata en definitiva de reducir el consumo y la inversión y, mágicamente, la inflación desaparecería. A pesar de gigantesco recorte del gasto público, de la caída casi en un 20% de los salarios reales y la jubilaciones, el abandono de la obra pública y el feroz endeudamiento, durante el gobierno de Cambiemos  la inflación batió records al igual que el crecimiento de la pobreza.

Es por ello que esta medida   de Alberto Fernández resulta coherente con el programa económico propuesto por el Frente de Todos. Además de esta suba del piso del impuesto a las Ganancias, el gobierno ha venido bregando por acuerdos paritarios que   sostengan  el poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras por encima de la inflación, al que hay que sumar el Bono IFE 4, que es un refuerzo para los ingresos que perciben los trabajadores no registrado, personal de casas particulares y monotributistas de las categorías más bajas. Tal como lo sintetizó el ministro Guzmán, “Hoy se está verificando un crecimiento de la producción, del empleo, y una mejora del poder adquisitivo del salario”.  Un buen síntoma de una economía que necesita continuar recomponiéndose sin olvidar las acechanzas, internas y externas, que se ciernen sobre este programa.