En la mañana de este viernes 27 de mayo, referentes del Partido Justicialista de Mendoza anunciaron que realizarán una denuncia penal tras el escándalo que estalló este jueves por el convenio firmado entre el Gobierno de Mendoza y el pastor y ex senador Héctor Bonarrico. 

El propio Bonarrico admitió haber acordado la entrega de $18 millones por parte del Estado como parte de un "acuerdo político". Tras eso, el gobernador Suarez derogó el decreto que brindaba el polémico subsidio.

La conferencia de prensa fue encabezada por Anabel Fernández Sagasti, actual presidenta del PJ; el senador Lucas Ilardo; y el presidente del bloque justicialista en la Cámara de Diputados Germán Gómez. También fue parte el senador Alejandro Bermejo, además de otros legisladores nacionales y provinciales del mismo espacio político. 

"Nosotros lo que entendemos es que habría varios delitos involucrados en esta situación por eso la figura que hemos elegido es la de ‘averiguación de delito’. Podríamos enumerar varios delitos, si los hubo por supuesto hay que hablar en potencial y lo va a confirmar la Justicia, pero estamos hablando de que puede haber un delito de cohecho e incluso podemos llegar a la figura de asociación ilícita, es decir, estamos hablando de corrupción a cambio de votar leyes y de bajarse de una de una candidatura", resaltó Fernández Sagasti.

En este marco, la legisladora apuntó que “las pruebas las va a tener que reunir la justicia. La primera prueba es la firma del convenio donde no queda claro que es lo que tiene que hacer la fundación. El Estado no se deja una cláusula de recisión, dura dos años”.

Según entiende la senadora, "hemos encontrado la punta del ovillo y vamos a estar totalmente activos en la causa para presentar pruebas y que se investigue hasta las últimas consecuencias. También vamos a invitar a los partidos del Frente de Todos para que intervengan en la causa y que los mendocinos podamos saber qué prebendas o delitos se han cometido. Están negociando con fondos públicos que son de todos los mendocinos".

Ante esta novedad, Sagasti aseguró que “es un verdadero escándalo. Otra prueba son las propias declaraciones del ex senador Bonarrico. Queremos que se llegue hasta las últimas consecuencias”. En tanto que agregó que “estamos hablando probablemente de compra de votos en la Legislatura, compra de ausencias, baja de candidaturas”.

Por su parte, el diputado Gómez agregó que "no es la primera vez que venimos denunciando este tipo de situación, lo mismo sucedió con vialidad provincial y creemos que estos hechos no pueden quedar en la nada y tienen que ser investigados más allá de la situación jurídica y penal hay una situación tremenda desde lo político que muestra el manejo que tiene el oficialismo con los fondos públicos". 

"Es realmente escandaloso", disparó sin miramientos. “Estamos hablando de que no hay bancos en las escuelas, las carencias en la educación y salen este tipo de cosas”, criticó el diputado poniendo en relevancia la discrecionalidad con la que se maneja el gobierno de Suarez.

El senador Lucas Ilardo también apuntó contra “el arrepentimiento” de Suarez como prueba de lo que significaba el convenio. "El gobernador decidió retrotraer el decreto, esto implica que el gobernador admite en el mismo acto que existe la comisión de un delito porque si no hubiera existido el delito no hubiera vuelto atrás con el decreto y lo hace sin explicar absolutamente nada”, aseguró. 

En tanto que advirtió que “el decreto es absurdo y realmente descollante en término de lo que se puede analizar y la justicia va a tener un trabajo enorme, el decreto no establece de dónde se va a imputar el dinero de los 18 millones de pesos algo que está absolutamente prohibido".

En cuanto al supuesto desconocimiento de Suarez, Ilardo aseguró que “rodos sabemos quién es Víctor Ibáñez, es la mano derecha, es la persona de mayor confianza del gobernador. Que no le tome el pelo a los mendocinos”.

Mientras que también destacó que “la denuncia va hacia todas las personas implicadas en el hecho. Aparece el ministro de seguridad firmando un decreto que no es de su cartera”.