A fines de 2021, los mendocinos y mendocinas se encontraron con la noticia de un decreto que firmó Rodolfo Suarez cediendo 12 mil hectáreas en plena cordillera para la construcción de un centro de esquí. Los inversores prometían hacer el centro de esquí más grande de Sudamérica a más de 3.200 metros de altura en un valle de “condiciones inmejorables” y que superaba claramente a los otros centros de esquí de la región.

El Azufre S.A. presentó un proyecto del centro de esquí y desarrollos inmobiliarios en el sur mendocino, más precisamente en Malargüe y casi en la frontera con Chile. “Será el primer centro de esquí 100% sustentable”, aseguraban. En tanto que puntualizaban que “el master plan contempla en principio generar energía termosolar, eólica y micro hidroeléctrica. La inversión prevista supera los 200 millones de dólares”.

Con estas condiciones, Rodolfo Suarez se entusiasmó y generó un polémico decreto, el nº 2.138, mediante el cual le cede 12 mil hectáreas fiscales para que se concrete el proyecto turístico. 

La reacción de la gente

En Malargüe y todo Mendoza esto generó un fuerte rechazo social. Pese a esto, El Azufre sigue avanzando con anuencia estatal, sin cumplir las instancias legales obligatorias. Todo esto se ha dado a conocer mediante medios nacionales y departamentales.

Según se conoció gracias a medios malargüinos, el centro de ski El Azufre cuenta con una habilitación comercial para operar. En tanto que también tienen la "factibilidad ambiental" provisoria expedida por la Municipalidad de Malargüe "sujeta a la respuesta de organismos provinciales".

Pese a estos avances, las protestas continúan y referentes ambientalistas de Malargüe y Mendoza pusieron el grito en el cielo ante estas habilitaciones provisorias. “El Azufre es ilegal”, aseguran.

Los motivos del reclamo

Pese a los oídos sordos de Suarez y compañía, los ambientalistas exponen cuáles son los argumentos por los cuáles El Azufre no debería estar operando. Mediante una publicación en su blog, Federico Soria expuso algunos de estos argumentos.

1) Porque ha sido construido y está funcionando sin haber pasado por las instancias obligatorias de Estudió de Impacto Ambiental y Audiencia Pública, según lo establecen la Ley Nacional 25675 y la Ley Provincial 5961.

2) Porque está emplazado en ambiente glaciar y periglaciar, protegidos por la Ley Nacional 26639. Si tuviéramos Ley de Humedales, también estaría siendo transgredida.

3) Porque no se ha evaluado el impacto ambiental y el riesgo que significa el sobrevuelo permanente de helicópteros y el uso de maquinaria pesada en este tipo de ambientes naturales protegidos por ley.

4) Porque se está violando la Ley Provincial 8051 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, y la Ley Provincial 8999 de Plan Provincial de Ordenamiento, ya que la envergadura del proyecto no está permitida en la unidad territorial donde se ejecuta y por lo tanto requiere un Estudio de Impacto Territorial, para evaluar si es viable el cambio en el uso del suelo que significa convertir un ambiente natural de la cordillera en una ciudad, siendo que además está en medio de una zona con severo riesgo volcánico.

5) Por que dada la envergadura del proyecto y sus potenciales impactos ambientales (contaminación y uso excesivo de agua) en las nacientes de ríos y arroyos que forman parte de la cuenca del Rio Colorado, que es compartida con otras provincias, se debería dar intervención al COIRCO (Comité Interjurisdiccional del Rio Colorado).

El Azufre no es sustentable y además es ilegal

La lógica con la que funciona el gobierno de Suarez permite avanzar con este proyecto pese a no tener habilitaciones definitivas. A fines del año pasado, Rody cedió, mediante Decreto Nº2138 de 2021, un total de 12 mil hectáreas. 

Esta enorme porción de la cordillera no significó ningún ingreso para la provincia, ya que la cesión fue totalmente gratuita. Otra de las polémicas se da en torno a la cesión de terrenos con glaciares, humedales altoandinos y nacientes de numerosos ríos y arroyos. De esta manera, todos estos espacios dejan de formar parte del patrimonio público del Estado y pasaron a ser propiedad privada.

Rody y sus amigos siguen teniendo posibilidades de trabajar al margen de la ley. ¿Y el estudio de impacto ambiental? ¿Y los 200 millones de inversión? Por el momento no hay novedades al respecto.