Mendoza // 2022-05-13
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"Contra la corporación”
Nadal pide declarar la emergencia sanitaria de anestesistas
Ante el conflicto con anestesiólogos, el Gobierno quiere declarar la emergencia en los servicios públicos de anestesia. La ministra Ana María Nadal presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley que declara por 18 meses la emergencia en los servicios públicos de anestesiología.


En un conflicto de casi dos meses que no cesa y se complejiza aún más, y que incluye ya a esta altura renuncia de casi la mitad de las y los anestesiólogos del sistema de salud público, el Gobierno de Mendoza presentó un proyecto de ley en la Legislatura para regularizar la situación que se vive en los hospitales públicos.

“Frente a esta actitud corporativa, las cirugías programadas se han reducido 40% frente a los períodos normales”, explicó la ministra de Salud, Ana María Nadal, quien añadió: “El proyecto tiene como objetivo establecer la emergencia sanitaria en prestación y formación de médicos anestesiólogos, ya que la situación actual pone en jaque el sistema de salud público y con esto la vida de los y las mendocinas”.

“De manera corporativa y monopólica un grupo de profesionales pretende controlar la anestesia en los hospitales públicos de nuestra provincia”, detalló Ana María Nadal y recordó que “esta situación se agrava doblemente, porque las personas que asisten al sistema público son aquellas que tienen cobertura exclusiva estatal, y son las más vulnerables”.

Para la ministra, la situación se ha vuelto “un abuso en la posición dominante respecto de la especialidad de anestesiología, por parte de la asociación que nuclea a dichos profesionales”. La propuesta fue justificada por un comunicado oficial del gobierno que destaca “las presiones ejercidas por estos profesionales de la salud y la falta de empatía hacia los pacientes, que se han visto amenazados por la suspensión o el atraso de sus intervenciones”.

Por ello, Nadal espera que la iniciativa para que sea tratada con urgencia. “Este grupo de profesionales pretende una posición de privilegio respecto a otros profesionales de la salud que realizan tareas de igual o mayor criticidad y complejidad, pretendiendo no solo recibir salarios diferenciales sino también privatizar el servicio de anestesia poniendo en riesgo cierto la salud pública”, agregó la ministra.

Desde el colectivo de anestesiólogos autoncovocados, Arturo Salassa había comentado apenas días antes las dilaciones del gobierno al momento de dialogar y consensuar. Y destacaba los aspectos salariales y organizativos. En materia salarial refería los atrasos salariales y la migración a otras provincias de profesionales anestesistas, como se da en otras especialidades.

En cuanto a lo organizativo, Salassa subrayaba la necesidad de un gerenciamiento inteligente del recurso humano en la provincia: “Los médicos de planta que han quedado cubriendo los servicios de urgencias y emergencias están en niveles exagerados de cansancio y agotamiento y están renunciando, destruyéndose los servicios que han costado años de construcción”, remarcaba.

Sobre el rol del Ministerio de Salud y su falta de diálogo, el referente de los Anestesiólogos Autoconvocados de Mendoza había advertido que, de esa manera, las autoridades, “están generando daños irreparables en el tejido sanitario de la provincia”. Además, Salassa se desprendió oportunamente de las acusaciones de extorsionadores al señalar que siempre han buscado el diálogo y el gobierno no ha accedido.

La respuesta del Ministerio vino, en forma de proyecto de ley y con fuertes acusaciones hacia el sector por parte de la titular de la cartera. La iniciativa de Nadal establece declarar la emergencia en la especialidad de anestesiología por el plazo de 18 meses, y se amplía el plazo para efectivizar las renuncias de los profesionales que así lo requieran de 30 a 120 días.

Asimismo, faculta al Ministerio de Salud a convocar anestesiólogos con matrícula vigente para realizar prácticas anestésicas, incluidas guardias de semana y fines de semana, siempre que hayan tenido una vinculación con el Estado en los últimos cinco años.

Otros aspectos que sobresalen en el artículo 3 del proyecto tienen que ver con las sanciones para quienes decidan concretar su renuncia del sistema público: no podrán ocupar cargos públicos o ser nuevamente contratados en la Administración Pública Provincial por el plazo de 5 años desde la fecha de efectivizada la renuncia.

En caso de incumplirla, el profesional anestesiólogo sería plausible de sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión de un mes a 5 años. En su artículo 5 prevé “el traslado y reasignación de funciones y horarios a los profesionales a fin de asegurar los servicios esenciales en todo el territorio”, según reza la iniciativa presentada hoy por Nadal.

Los legisladores de Cambia Mendoza señalaron la importancia y urgencia del proyecto, que claramente acompañarán. El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Peti Lombardi lanzó en Twitter: “Mendoza ha invertido mucho en salud en los últimos años y esta corporación está entorpeciendo el funcionamiento de un mejor sistema de salud”, acusándolos.

A la vez, instó a la oposición a adherir al proyecto de Salud: “Esperamos el acompañamiento de todo el arco político. Hemos convocado a los presidentes de los bloques del Frente de Todos para el lunes, a las 10, para debatir el proyecto”, aclaró Lombardi. El apuro del oficialismo se funda en la necesidad de “profundizar medidas para no tener que paralizar la salud pública, que es un servicio indispensable e indelegable del Estado”, marcó el presidente de la Cámara Baja.


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