Entre el sueño y la siesta: Luego de una hora y media de sufrimiento, propio y ajeno, de un mensaje sin anuncios y mal leído, el gobernador Rodolfo Suárez dejó inaugurado el año legislativo. Durante el bienio que comenzó el 1° de mayo su gobierno gozará de una mayoría que, en principio al menos, desdibuja el rol fundamental de legislar y controlar de las y los representantes de la oposición. Las ambigüedades e imprecisiones estuvieron a la orden del día, en expresiones tales como “fuerte inversión” (sin números) o “impulso decisivo” (sin acciones), menudearon durante el transcurso del repaso soporífero mamotreto que seguramente no quedará en los anales de la literatura política mendocina. La obra pública aparece acotada a su mínima expresión, no se menciona las que están en ejecución por parte de la nación en territorio provincial (variante Palmira-Luján; doble vía Ruta 40; refuncionalización de túnel internacional en alta montaña).

También olvidó mencionar la fuente de financiamiento nacional de obras que adjudica a su gobierno, como lo dicho sobre ENHOSA (que financia obras hídricas), los trabajos en la Ruta 99, el metrotranvía o el sistema cloacal de Malargüe. En materia de seguridad, la más cuestionada socialmente según las encuestas, se dijo que había bajado a la mitad la comisión de delitos con armas. Estadísticas amañadas, con asteriscos, que no reflejan los padecimientos de las y los mendocinos y nadie cree realmente. El colmo se dio en la comunicación oficial posterior, que publicó algunos anuncios de lo que no se hizo la más mínima mención en el discurso.

Entre las iniciativas que más emocionan a Suárez se cuenta la denominada “reforma política” que básicamente hace eje en el gasto que insume para las arcas públicas, sin analizar la función que cumple en un sistema democrático constituido. Sucintamente, consiste en la unicameralidad, sin elección de medio término que garantizaría al gobierno de turno tener piloto automático durante todo el mandato. Este es uno de los aspectos más resistidos por el PJ, pero también por buena parte del oficialismo territorial, que vería restringida una válvula de escape que siempre soluciona conflictos locales. La autonomía municipal es otro de los temas que quieren cambiar los radicales. El proyecto plantea constituir un régimen de doble estándar para los municipios, que contempla autonomía plena y semiplena vinculada a principios rectores de la coparticipación de impuestos, creando así municipios de primera y de segunda.

La aspiración del gobernador es terminar su mandato con este “modelo” de constitución. Su plan acelerado es anticipar las elecciones del 2023 para junio. Allí se elegiría también la asamblea constituyente que la reformará.  Para lograrlo, necesita de los votos de los bloques opositores para poder aprobar un proyecto que llame a referéndum en las próximas elecciones para poder votar por el sí o por el no a la modificación de la Carta Magna. Desde el oficialismo ya lo están operando en conversaciones por fuera del ámbito legislativo que permita su viabilidad.

Portezuelo, con final anunciado: La anunciada resolución sobre el laudo presidencial, hecha por el propio Alberto Fernández aunque todavía no oficializada, deja al descubierto el juego de intereses e hipocresía de que la dupla Cornejo-Suárez han hecho uso y abuso. Sabiendo la flojedad de papeles, la selección de la UTE constituida para realizarla y el tiempo que demandará su construcción, siempre apostaron a destrabar los cuantiosos fondos del fideicomiso que supera los mil millones de dólares, del que ya están en sus arcas más del 40%, para la realización de obras menos exigentes técnicamente, distribuidas en el territorio y asequibles para empresarios locales, que siempre son tributarios de los gobiernos de turno. Cornejo dejó las cosas en claro al afirmar que ahora irán por la plata para otras obras, aunque fue él quien firmó el convenio final con Macri. Hasta el propio Suarez convocó a los legisladores propios y ajenos para darle el sí a Portezuelo, cuando se sabía que no había forma que avanzara.

Al respecto Guillermo Carmona, Secretario de Malvinas de Cancillería y uno de los principales referentes de la Corriente Nacional de la Militancia, recordó lo que había expresado en junio de 2020, sobre la necesidad del ejercicio de la alta política para lograr un acuerdo duradero con las provincias que integran la cuenca del río Colorado y con la Nación. “La farsa de Portezuelo protagonizada por el oficialismo de Mendoza queda desenmascarada si se hace un breve ejercicio de memoria. Mendoza ha perdido casi dos años por la ineptitud y falta de perspectiva estratégica de una dirigencia que cree que se puede engañar a todos durante todo el tiempo. Ahora los vemos por doquier lanzando sus proclamas indignadas que no son otra cosa que el ridículo intento de disimular sus fracasos”. Dentro del peronismo, varios y varias también quedaron desubicados por haber sido funcionales a este sainete.

Pero como no es tan fácil hacerse de los recursos sin un proyecto detrás, el gobierno trata de formalizar algún tipo de plan de obras que incluya la energía y el agua haciendo a un lado a la vaciada de contenido y autoridades Agencia de Ordenamiento Territorial, como plantea la Ley de Usos del Suelo, a la que sustituyó por el más domesticado Consejo Económico, Social y Ambiental, una especie de comité donde conviven actores institucionales y el Estado, dominado por los empresarios afines. En este ámbito, por ejemplo, la UNCuyo tiene un solo representante y las Universidades privadas dos. Además, están moviendo el avispero con algunos globos de ensayo como el recientemente creado Fondo de Agua del Río Mendoza, que habilitará proyectos de intervención sobre esta cuenca hídrica. El diseñador a cargo de Ambiente Humberto Mingorance, dejando el espinoso tema del traslado de las elefantas por un momento, lo ensalzó como el "instrumento estratégico para afrontar la adaptación al cambio climático de las comunidades que habitamos esta cuenca y las generaciones futuras". En fin…

El Arte de botonear: El candidato oficialista Tadeo García e intendente de Godoy Cruz, siguiendo la huella de su mentor político Alfredo Cornejo, promovió y promulgó una ordenanza que prohíbe la libre actuación de artistas y ambulantes en la calle. En abril, el municipio de Godoy Cruz aprobó una ordenanza denominada "Buenas Prácticas", una subespecie del mal llamado “código de convivencia”. En ella se destaca nítidamente su carácter represivo de la actividad en la vía pública, en especial centra estas restricciones en los artistas y vendedores ambulantes.  Los artistas callejeros tuvieron una rápida reacción, con acciones que buscan que se derogue el artículo donde se les exige autorización para poder trabajar.

El jueves pasado los artistas protagonizaron una ruidosa manifestación en plena plaza de Godoy Cruz bajo la consigna "El arte no es delito". La concentración fue para demostrar que esa ordenanza atenta contra su derecho a trabajar. La demanda fue acompañada por un sector del justicialismo, denominado peronistas cuyanos, quienes expresaron que la ordenanza de Godoy Cruz es una “restricción la libertad de expresión de los vecinos" y proponiendo que los espacios públicos son para usarse en libertad sin tener que pedir autorizaciones al municipio, como debe ser. "Es una ordenanza elitista y autoritaria porque se hace de espalda a los vecinos no contemplando sus intereses y desconociendo sus necesidades", dijeron. Quien resistirá cuando el Arte ataque.

La gestualidad de Cristina: Los gestos en política no son neutrales más allá que adopten la forma de un libro, una conferencia magistral o una carta.  Estas señales trasciende lo dicho o lo escrito y sirven para interpretar las intenciones  de quien las expresa. Esta sencilla regla de la política es bien conocida por cualquier militante o dirigente político quien sabe que, en muchos casos, estos gestos dicen incluso mucho más que las palabras.  Hasta el silencio de un dirigente es en muchos casos más eficaz y genera mayor expectativa política  que las mismos discursos,  ya que permite ser interpretado de  muy distintas maneras por quienes lo reciben.    Todos estos recursos los domina Cristina Fernández de Kirchner y ha hecho uso de ellos para marcar públicamente sus diferencias con el gobierno de Alberto Fernández.  La repercusión de estos gestos siempre logran su propósito: devolverla al  centro de la escena política y marcar sus puntos de vista sobre el rumbo de la gestión presidencial. Esta gestualidad en absoluto minimiza la calidad y contundencia de sus ideas y discursos que apuntan  críticamente, a partir del acuerdo con el FMI, tanto a las políticas como a los funcionarios que acompañan a  Alberto Fernández  en las decisiones de política económica.

Estas diferencias volvieron a hacerse públicas esta semana con motivo de la  disertación sobre  "Estado, Poder y Sociedad: la insatisfacción democrática" en el marco de la entrega del doctorado honoris causa que le concedió  la Universidad Nacional del Chaco Austral. En su discurso la vicepresidenta desgrana una serie de concepto de suma relevancia,  pero la mayoría de sus definiciones apuntaron a remarcar  las discrepancias que mantiene con el presidente Alberto Fernández. Pero más allá de lo señalamientos que dejó Cristina es posible esgrimir algunas conclusiones provisorias:

Tal como lo señaló la vicepresidenta, y aunque la línea es sumamente delgada, en Chaco no hubo descalificaciones   hacia el presidente  ya que, como ella  lo asegura, lo que propone no es una pelea sino de un debate de ideas. “Lo que está pasando en el Poder Ejecutivo no es pelea; yo no le pegué a nadie, a mí nadie me pegó. No hay pelea, sino debate de ideas” ironizó en una parte de su intervención.  En este sentido la historia le da la razón a Cristina. El peronismo, más allá de las formas que adopte según las coyunturas históricas, es un movimiento acostumbrado a la crítica, al debate, al discurso. Y es justamente esa característica lo que le permite rectificar orientaciones, adaptarse, encontrar consensos, cambiar según los contextos y, en consecuencia, modificar su acción política y la forma de llevar a buen puerto  la gestión de gobierno. Lo que no cambiado para el peronismo, y tampoco lo ha hecho Alberto Fernández a pesar de las críticas, es caer en la resignación estratégica de abandonar la defensa de los intereses de la clase trabajadora y de quienes más  necesitan del auxilio del gobierno. La mejoras en la recuperación de la actividad  productiva, del nivel de empleo y la expectativa de una paulatina reducción de la inflación van en esa dirección,  aunque es necesario y urgente como bien los han expresado muchos funcionarios, contener a millones de argentinos que viven  fuera de la formalidad y protección que brinda el empleo.

También  Cristina aseguró que  su discusión con el presidente   “no es una pelea por la caja”, una “disputa de poder” o  “enojo” como permanentemente le endilgan los grandes medios. Pero sin dudas que la  inestabilidad del   Frente de Todos es resultado de haber armado una fórmula ganadora para  derrotar  electoralmente a la derecha,  pero no consensuó   un programa de gobierno para gestionar, sin fisuras, los graves problemas económicos y sociales que heredó del macrismo. Hoy las miradas frente a la deuda, la inflación y la política de ingresos tienen diferentes matices y generan distintas reacciones. No se trata tampoco, como los señalaron en Los Toldos dirigentes de La Campora,  de “modelos” diferentes sino de celeridad, intensidad y profundidad de las medidas adoptadas en relación particularmente con la política de ingresos y formas de abordar las cuestiones inflacionarias. Alberto Fernández no ha puesto en dudas, tal como lo viene demostrando, el rol que debe cumplir el Estado como tampoco la necesidad de profundizar la política redistributiva que permita recuperar la capacidad adquisitiva del salari y las jubilaciones, los que deben estar en consonancia con el costo de  vida, como lo señaló Cristina.

Otro aspecto a tener en consideración es que el Frente de Todos es una coalición que integran distintos sectores sociales, sindicales y políticos. En este sentido cada uno de estos actores ocupan distintas posiciones de poder dentro del Frente y tienen el derecho a ser parte activa del gobierno y sus decisiones. Sin embargo,  resulta  altamente perjudicial embestir  públicamente contra el presidente o sus funcionarios  sin que la oposición y sus asociados se deleiten con estas disputas internas. Por otro lado resulta lógico también  que Alberto y Cristina, por las posiciones que ocupan y la legitimidad electoral que los sostienen  reclamen para sí, las mayores cuotas de poder dentro del  armado gubernamental y sus políticas.  Pero es fundamental que los dirigentes del FdT comprendan que esta coalición es solo una parte de un sistema de poder mucho más amplio y complejo, donde deben disputar posiciones con factores económicos altamente concentrados,  que manejan los hilos de la justicia, la prensa, las finanzas entre otros. De allí la necesidad de fortalecer la figura del presidente y de la coalición. Es evidente que la unidad del FdT favorece la correlación de fuerzas del oficialismo y permite sostener la iniciativa política y la legitimidad social que necesita el  gobierno frente a los factores reales de poder.

Si lo que pretende el FdT es evitar la vuelta de argentina al neoliberalismo,  debe rápidamente aliviar las penurias económicas y los problemas que vive cotidianamente la gente. Pero también es condición necesaria evitar disputas internas y alentar instancias de diálogo y consenso donde cada sector tenga el espacio para ser escuchado. Y eso es responsabilidad de la conducción política.  Si  como se repite permanentemente, la estrategia de  la unidad del FdT se constituyó con la finalidad de derrotar y contener el avance del macrismo, este es el momento de dar testimonio de esta voluntad.