Mujeres feriantes de Guaymallén manifiestan su preocupación ante el proyecto de ordenanza municipal que pretende regular el funcionamiento de las ferias populares. Las trabajadoras de la economía popular, organizadas en más de 30 organizaciones sociales, emitieron un comunicado donde repudian la iniciativa.

Las feriantes consideran que el proyecto atenta contra las ferias populares al exigir como requisitos que las organizaciones que las agrupan deben tener personería jurídica y las trabajadoras deben de contar con un espacio techado para disponer sus stands al momento de la comercialización de sus productos.

Al mismo tiempo, cuestionan que el proyecto no ha sido elaborado ni consultado con las organizaciones y feriantes involucradas en la actividad, por lo que consideran que, desde el vamos, la ordenanza es antidemocrática e inconsulta. Advierten que, de avanzar, perjudicará el trabajo de cientos de familias del departamento que sostienen su economía doméstica con las ferias.

“En contexto de crisis económica y social como en la que estamos viviendo, estos espacios son sostenidos para resolver necesidades inmediatas de vecinos y vecinas, su prohibición genera su revictimización y empobrecimiento”, manifiestan en el reclamo del que se hizo eco y también denunció la diputada del Frente de Todos, Laura Chazarreta.

Para Chazarreta, como para las firmantes del comunicado emergido desde las ferias, “la sanción de esta ordenanza rompe con la organización barrial y vecinal de las organizaciones sociales que sostienen las ferias populares porque pone bajo jurisdicción de la municipalidad todas las actividades privadas y públicas vinculadas a ferias”.

También, la legisladora del peronismo advierte que la lógica es represiva, al concatenarla con el avance de normativa municipal como la que sancionó recientemente Godoy Cruz con su “Código de Buenas Práctica Ciudadanas”, donde el espacio público pasa a ser regulado y “habilitado o no” por el Ejecutivo municipal, “cuando el espacio público es del pueblo”, señala Chazarreta.

Ejemplo triste y de similares características ya se vio en ferias que desaparecieron ante regulaciones con requerimientos insólitos, como la otrora feria del Barrio Cano. “El uso y apropiación del espacio público es un derecho que tenemos vedado como mujeres y diversidades. Ejercemos nuestro derecho a habitar las plazas, las calles y los barrios”, señalan las feriantes.

“Esta ordenanza nos violenta institucionalmente porque además de no brindarnos soluciones, burocratiza, estigmatiza y nos aleja de la posibilidad de seguir haciendo uso del espacio comunitario, que es todos, todas y todes”, reafirman las mujeres en defensa de su ámbito de trabajo, que analizan hoy en riesgo ante esta propuesta.

Este jueves se estimaba tratar en el Concejo Deliberante la iniciativa, pero finalmente no pasó. Lo que no desmovilizó a las feriantes. Entre las organizaciones que expresan su reclamo se encuentran Red de economía social, popular y feminista; Feria Jesús Nazareno; Soy Nosotras; La Colectiva; UST Campesina y Territorial; Lxs Irrompiblxs y Red de Acompañamiento del Este.

“No entendemos estas acciones como hechos aislados, sino como una política que vulnera derechos de los sectores populares, en particular de la economía popular y social sostenida por lazos comunitarios y territoriales que exceden el intercambio económico. Necesitamos trabajar, no que nos sigan excluyendo”, subrayan los y las feriantes.