Durante la jornada de este jueves, en el Polo Judicial, la jueza Mariana Gardey, del Juzgado Penal Colegiado Nº2, dictó la prisión preventiva bajo la modalidad de prisión domiciliaria para Jorge Díaz, el empresario que atropelló y mató a Daiana López, Pablo Navarro y Andrea Morales, el 22 de marzo, en la rotonda de Regalado Olguín y Champagnat.

Díaz conducía un Mercedes Benz C300, presuntamente utilizando su teléfono celular al volante, cuando embistió a los tres jóvenes. Al momento de su detención, se detectó en su vehículo una fuerte suma de dinero y un arma de fuego, por lo que se le imputó también por portación ilegal de la misma.

La imputación que recayó sobre Díaz fue homicidio culposo agravado por ser más de una las víctimas fatales. Tras algunas horas de detención, pagó una fianza de 5 millones de pesos, por lo que recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, en su residencia del Barrio Dalvian. Aunque, familiares de las víctimas han denunciado supuesta violación de esa prisión domiciliaria.

El juzgado que encabeza Gardey fue el encargado de determinar hoy cómo el empresario llevará adelante la prisión preventiva que se dictó sobre él, determinando así que continúe bajo la modalidad de domiciliaria, lo que generó angustia y enojo de las familias de las víctimas, que se manifestaron en el Polo Judicial y también en donde se encuentra la empresa Díaz.

Al grito de “asesino”, vecinos y familiares de los tres jóvenes vivieron momentos de tensión tras la determinación de la jueza. Llanto de las madres y parejas del y las jóvenes muertas y enojo de la comunidad que los acompañó desde temprano este jueves, fue la dolorosa postal tras el reclamo de “Justicia” y “Prohibido Olvidar” que consignaron.

Ya desde temprano, los manifestantes habían expresado las incongruencias del sistema judicial, al momento de señalar que Díaz alegó no tener buena conectividad en su domicilio para portar la tobillera correspondiente por su imputación, pero, sin embargo, participó de manera remota y virtual, desde su casa, de la audiencia donde se le ratificó la prisión domiciliaria.

Además, denunciaron la doble vara de la justicia al momento de juzgar a ricos y pobres. Karina Ruiz, vecina de El Challao y allegada a las familias de Daiana, Pablo y Andrea, recriminó el trato preferencial que recibió, desde el principio, Díaz y cuestionó el “clasismo” con el que se desenvuelve la justicia.

“Nos quitan la tierra, nos quitan el agua y ahora nos matan a los hijos impunemente”, expresó Karina. Asimismo, contó que el acusado realizó denuncias contra las familias de los jóvenes muertos por las marchas y escraches que han realizado principalmente frente al barrio Dalvian, donde está domiciliado, y frente a su lugar de trabajo, en calle Paso de los Andes, en reclamo de justicia.