Más de 250 trabajadores y trabajadoras contratadas y precarizadas del área de Enfermería del Hospital Central reclaman mejoras salariales y denuncian amenazas de despidos ante las reiteradas asambleas que llevan adelante por condiciones laborales dignas.

Mayoritariamente se desempeñan en áreas de servicio críticos y tuvieron su aumento salarial por decreto, del 20%, por fuera de la paritaria de salud. Facturan montos que en su bolsillo se traducen en 48.000 pesos. Mientras, en el caso de los camilleros facturan 20.000 pesos mensuales.

Para poder satisfacer necesidades básicas tienen que recurrir a dos o tres empleos, a fin de llegar mínimamente a alcanzar la canasta básica, establecida actualmente en 84.000 pesos, de acuerdo al propio gobierno a través de la DEIE, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas.

Desde 2020, trabajadores y trabajadoras de la salud realizan medidas de fuerza para visibilizar y denunciar la situación laboral en la que se encuentran sumidos, aun siendo esenciales. De yapa, Uma Flores, referente de la asamblea de trabajadores de la salud autoconvocados, denuncia amenazas.

Las amenazas consisten en “advertencias” por parte de los jefes y jefas de servicios de áreas críticos, que sugieren a las y los trabajadores desistir de sus reclamos y medidas de fuerza a riesgo de perder la continuidad de sus contratos de prestación de servicios, cuenta Uma.

“La atención siempre esta resentida, los platos rotos los sigue pagando la población en general. Hacemos responsable directo al gobierno provincial de la vulneración de los pacientes y de la disminución de la calidad en la atención”, demanda la trabajadora de la salud.

Sobre esto, Uma se explaya: “Hay una enfermera cada seis pacientes de servicio crítico, cuando un trabajador de servicio critico requiere una enfermera cada dos pacientes, ya que necesitan atención específica para sus padecimientos y las chicas no dan abasto”.

Mientras se multiplican los conflictos en la salud pública, emparchados por el gobierno sobre la marcha y por áreas específicas, el gobernador Rodolfo Suarez ensalzó en su discurso la “virtuosa transformación del sistema público de salud”, con eje en la digitalización.

Desconociendo las graves problemáticas en lo que respecta a prestadores de guardia del Notti, cirujanos, anestesiólogos y enfermeras y enfermeros, el gobernador invisibilizó los distintos reclamos de la salud y reafirmó la reapertura de paritarias recién en septiembre.

A pesar del reclamo de los gremios, que cerraron recientemente sus acuerdos salariales 2022 con cláusula de revisión para septiembre, el Ejecutivo descartó reabrir la instancia de negociación antes, a la vez que no acusa recibo todavía sobre la situación de los más precarizados.

Dentro de esa serie de conflictos, la inminente renuncia de médicos clínicos del Hospital Central se vio suspendida, ya que fueron convocados por la dirección del nosocomio que se comprometió a pasarlos a mayor dedicación, informaron desde AMPROS, a la vez que aguardan la confirmación formal.

Este 1 de mayo, entre la nula autocrítica y los magros anuncios que Suarez realizó en materia de salud, el mandatario destacó el “récord en la baja de dos índices que nos ocupan especialmente: la mortalidad infantil al 6,7 por mil nacidos vivos y el embarazo adolescente, al 7,5%”.

“Completamos las obras de refuncionalización del servicio de guardia, el centro de lactancia, la lavandería y el servicio de internación pediátrica para pacientes inmunosuprimidos del Hospital Notti”, resaltaba el gobernador este domingo, obviando el conflicto para acceder a dicha atención.

Varios gremios estatales, con faltazo de ATE, llevaron a cabo una manifestación en Plaza Independencia, mientras Suarez leía su discurso, solicitando el adelanto de la revisión paritaria. Sobre eso, nada dijo, al igual que nada explicó sobre los precarizados del Central que este lunes reclamaron, una vez más y aún sin respuestas.