Coseguros que se duplican de una semana a la otra, esperas de turno que rondan los dos o tres meses, convenios de atención que se caen sin previo aviso e impiden el acceso a servicios de salud básicos, y descuentos contantes y sonantes todos los meses a sus afiliados, dan cuenta de la crítica situación que atraviesa la OSEP y las dificultades de quienes dependen de la misma.

Con más de 120.000 afiliados directos, la obra social hace agua por todos lados y no resuelve las demandas, inmediatas o no, de la población de empleados públicos “cautiva” de esa opción de seguridad social. Ante un directorio que no da respuestas y no subsana las situaciones cotidianas que padecen, gremios estatales lanzaron una convocatoria para legislar sobre la OSEP.

En la puerta de la Legislatura, los y las secretarias generales de los principales sindicatos de Mendoza oficializaron el proyecto de ley que pretenden motorizar para sanear la situación de la obra social. La iniciativa se sostiene en tres ejes: reconocer la deuda de la obra social, asignar presupuesto específico para atender esa deuda y designar un ente de control.

Desde los gremios estatales, la CTA relevó información del Tribunal de Cuentas que informa que la deuda de la OSEP rondaría los 4.500 millones de pesos, pero no tienen precisiones de la actualización de ese número. “No tenemos un anclaje de cuánto es la deuda concretamente”, manifiesta Gustavo Correas, titular de la central de trabajadores.

“Los prestadores trasladan la deuda de la obra social en los coseguros a los afiliados”, explica Correas y detalla: el coseguro de los análisis bioquímicos en El Carmen es de 200 pesos, fuera del hospital, el coseguro cuesta 800 pesos; el servicio de ambulancias básico, aumentó de 400 pesos a 800 pesos; el coseguro para consultas médicas clínicas ronda los 1500 pesos.

Junto con los aumentos intempestivos, se suman suspensiones de atención de plano, como ha sucedido con el Círculo Médico de General Alvear y el Círculo Médico de San Rafael, que intermitentemente llevan adelante estas interrupciones de la atención ante los incumplimientos y demoras de pagos.

Por otro lado, el titular de la CTA informa que otro grave problema que afrontan las y los afiliados es la cupificación de muchas prácticas médicas: hay cupos limitados por mes, ya sea para electrocardiogramas, atenciones odontológicas, entre otras prestaciones, ejemplifica el referente gremial.

“Ni hablar si se trata del interior de la provincia o en departamentos lejanos, donde los afiliados están mucho más desprotegidos”, dice Correas. En definitiva, la OSEP para sus afiliados “es un flagelo”. “Padecemos la obra social y queremos defender la obra social porque es de los trabajadores”, señalan las entidades gremiales que hoy presentaron su propuesta.  

Desde AMPROS, la secretaria general Claudia Iturbe especifica: “Es una situación límite que ha llegado a la desfinanciación por las malas políticas del gobierno provincial, luego de un 2020 sin aumentos”, analiza la representante de los profesionales de la salud, describiendo el impacto de la política salarial del gobierno de Suarez en el sostenimiento de la obra social.

“Estamos más perjudicados que quienes no tienen obra social, porque en el hospital público no nos podemos atender”, agrega Iturbe, señalando la doble complicación que les provoca la mala gestión. En definitiva: la visibilización y convocatoria para afiliados y toda la comunidad se extenderá hasta el 11 de mayo para que ingrese a la Legislatura.

En el recambio legislativo que hoy se suscita y que dejará ambas cámaras con mayorías del oficialismo, la perspectiva de que avance el proyecto de ley puede tomarse con soda. De todos modos, desde los sindicatos cuentan con otra herramienta: acudir a la justicia penal en caso de que no se consiga sanear la OSEP a través del ámbito legislativo.