Mientras los juzgados a los que fueron a parar los tres amparos presentados por las madres del jardín Evita dilatan una resolución, la DGE ofreció a algunas de las mujeres, referentes del colectivo, “beneficios especiales” a fin de avanzar con la reubicación masiva de niños que asisten al jardín, de acuerdo a lo denunciado por el abogado que las representa, Marcelo Venier.

Cerrado el jardín desde el miércoles pasado, muchas se han visto obligadas a relegar sus trabajos ante la imposibilidad de dejar a sus hijos e hijas al cuidado de alguien, lo que se traduce en una grave situación para su sostenimiento económico. La mayoría de ellas son trabajadoras informales y precarizadas y sostenes de familia, por lo no cuentan con la opción de una ayuda extra.

Los tres amparos están caratulados de la siguiente manera:

“MEDINA CAROLINA Y OTS. C/ DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS P/ ACCIÓN DE AMPARO”, en el Tercer Juzgado a cargo del Dr. Alfredo F. Dantiacq Sanchez) originarios del 3° Tribunal de Gestión Asociada, que ingresó 13 de abril a las 13:09 hs.

“SALCEDO VERONICA – VELAZQUEZ ELBA – FUNES YAMILA Y OTROS C/ DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS P/ ACCIÓN DE AMPARO”, en el Tercer Juzgado Civil, a cargo de la Dra. Beatriz F. Salvini, que fue deducido el día 13 de abril a las 13:12 hs.

“VELAZQUEZ JULIA Y OTRAS C/ DGE P/ ACCIÓN DE AMPAROS”, en el Segundo Tribunal de Gestión Asociada, a cargo del Dr. Juan Pablo Civit, que ingresó el 13 de abril a las 13.15 hs.

Las 48 horas pre establecidas en las que la justicia debiera haberse expedido pasaron hace rato, mientras las madres representadas por el abogado Venier advierten las dilaciones, consistentes en pedidos de informes a la DGE, mientras se desatiende el grave panorama que las mujeres madres afrontan por estos días.

Sobre el rol de los juzgados, “en ninguno de ellos, el Poder Judicial ha resuelto la medida precautoria a pesar de encontrarse vencido el plazo y, especialmente, desatendiendo a la urgencia de la misma, al peligro en la demora y a la veracidad del derecho alegado”, denuncian en un comunicado las principales afectadas.

Por otro lado, expusieron que las funcionarias Beatriz Della Savia, Directora de Educación Privada, y Cecilia Mulé, Coordinadora Institucional de la Dirección de Educación Social y Cooperativa, “han desplegado prácticas desleales clandestinas y que, probablemente, las harían incurrir en un ilícito penal”, detallan.

Esto es: “Ofrecer a las ‘amparistas organizadoras’ privadamente ‘beneficios especiales’, respecto del resto de las reclamantes a fin de que estas acepten la “reubicación masiva” de sus hijas e hijos, consintiendo el cierre de nuestro jardín Evita”, precisan en el mensaje las mujeres respaldadas por su representante legal.

El abogado Marcelo Venier detalla que desde el gobierno escolar se les hicieron ofrecimientos tales como ubicar a sus hijos en un jardín privado de la zona, como es el caso del localizado en el CONICET Mendoza, con gastos a costa de la misma DGE, para que desactivaran el reclamo y convenciesen a las demás mujeres demandantes.

De todos modos, Venier afirma que, aunque la estrategia del gobierno escolar abogue por el “divide y reinarás”, las mujeres y familias están fuertemente cohesionadas y continúan en lucha en defensa del espacio educativo y social que contiene a sus hijos e hijas y les permite, nada menos, que acceder a ámbitos de trabajo.