Milei y la ley del guiño: Las internas entre las diferentes facciones liberales que hoy por hoy conforman el oficialismo en Mendoza se vieron fuertemente interpeladas por la presencia de un personaje que roza los lábiles contornos de la caricatura: Javier Milei. Jugando su habitual rol disruptivo de la “casta política” inherente al libreto promocional bien aprendido, Milei se reunió con el PD local encabezado por Carlos Balter y prometió sostener su candidatura presidencial en 2023.

Si bien habló de reunir a todos los espacios con “afinidad ideológica” ultraliberal, no se privó de fustigar a Cornejo y de hacer guiños a Omar De Marchi, quien está dispuesto a apelar a cualquier recurso para favorecer sus aspiraciones como precandidato. Estas gestualidades cruzadas no pasaron desapercibidas entre los radicales, quienes están que bufan contra el lujanino por no evaluar los “daños colaterales” de la jugada.

Cornejo y sus acólitos quieren sacarle rápidamente el compromiso a De Marchi de que defina si competirá dentro del Frente Cambia Mendoza o si irá por fuera. La incertidumbre le juega a favor porque entre los radicales hay posicionamientos que hacen prever una fuerte disputa en la precandidatura a la gobernación. La respuesta con la que lo amenaza este sector es desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, para dejar a De Marchi sin la chance de usar la carta de un Milei candidato a su favor.

Debido a la alta exposición generada por la jugada de los gansos, el candidato cornejista Tadeo García fue subido al ring de manera abrupta en una especie de ciclo de conferencias que se propone recorrer la provincia con el objetivo declarado de “contarle a la ciudadanía las acciones implementadas por el Ejecutivo en la Provincia y en los gobiernos locales". En el encuentro participaron Cornejo y el sempiterno ministro Víctor Ibáñez, quien contó alguna de las maravillas de la gestión actual, ninguna referida a los temas más urticantes que hemos tocado en las últimas ediciones: los bajos ingresos de la población, los desaguisados en materia de salud y educación, la falta de proyecto.

En cambio, el hoy senador nacional prefirió hacer una retrospectiva que abarcó todo el período de gobiernos radicales, despachándose con una frase que lo resume todo: “Mendoza está mejor que hace seis años en los cuatro servicios sustantivos que presta el Estado (seguridad, administración de Justicia, salud y educación)". Con esa tajante afirmación, se referirá Cornejo a la caída del 5.7% del PBG respecto a la Nación provincial en el período 2016/21; al crecimiento de la tasa de desocupación que ronda el 9%, cuando en 2015 era del 3.4%; al aumento desmesurado de la pobreza o a la disminución de Mendoza en la participación de las exportaciones nacionales, que representaron apenas el 2.1% en 2021?. No lo sabemos.

Pasajero en trance: Mientras tanto, Rody ya más recuperado de sus rabietas por “ninguneo”, participa entusiasta de la comitiva argentina que encabeza el ministro del Interior Wado De Pedro y que está integrada, además de Suárez, por Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Bordet (Entre Rios), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Arabela Carreras (Río Negro) y Carlos Silva Neder, vicegobernador de Santiago del Estero.

La agenda temática prevé sobre todo estar fuertemente orientada hacia el uso eficiente del agua, las prácticas sustentables y las tecnologías apropiadas en las que Israel tiene el liderazgo mundial. Por ahora no se insiste con inminencia del laudo presidencial sobre Portezuelo del Viento, ni con la aviesa intensión de derivar recursos a otras obras públicas sin pagar los costos que implica el doble discurso oficial y el no hacerse cargo de las decisiones que es el clásico comportamiento de su gobierno. Su regreso está previsto para unas horas antes del esperado discurso del 1 de mayo con que todos los años se da inicio a las sesiones ordinarias de la Legislatura.

Las penas son de nosotros las obras son nacionales: Las obras públicas que se encuentran en ejecución en Mendoza, lo venimos sosteniendo, son casi completamente justificadas en el presupuesto nacional. Durante la semana visitó la provincia el ministro del área, Gabriel Katopodis para supervisar la marcha de la Variante Palmira en la Autopista Ruta Nacional 7, que se ejecuta a lo largo de 36,5 km, la reparación del Túnel Internacional Cristo Redentor en alta montaña y la doble vía Mendoza-San Juan de la Ruta 40, entre las más importantes. “Las obras viales que estamos ejecutando en Mendoza son una señal de lo que ocurre en cada provincia con la obra pública como palanca del crecimiento y generación de empleo” reafirmó el ministro, mostrando la impronta que desde el gobierno de Alberto Fernández se busca fortalecer.

Los números son contundentes. La Nación está realizado una Mendoza una inversión de $61.693 millones para la ejecución de 109 obras y proyectos de conectividad e infraestructura vial; gestión integral del recurso hídrico; infraestructura urbana y rural e Infraestructura del Cuidado; que tiene impacto en más de 2 millones de argentinos y argentinas. Es de hacer notar en este sentido que, pese a lo mayores costos por inflación, el presupuesto 2021 destinado a la provincia aumentó un 114,7% con respecto a 2019.

Inseguridad y elusión de responsabilidades: La ola de inseguridad y violencia desatada en Mendoza no contó esta vez con alfombra roja ni presencia del ministro Raúl Levrino como maestro de ceremonias. Además de los múltiples hechos que se registran a lo largo y ancho de la provincia, particularmente causó un fuerte impacto en la sociedad el asesinato de un fletero de Guaymallén, en ocasión del robo de su camioneta. Aquí no hubo show mediático. Por el contrario, por todos los medios se intentó invisibilizar la movilización de familiares y vecinos que sienten, con razón, que no existe una política consistente en materia de prevención del delito y de generación de condiciones mínimas de seguridad para desarrollar sus vidas. De la usina de los evasivos Levrino y Calipo seguramente se estarán pergeñando estadísticas de dudoso origen que tratarán de probar lo injustificable.

Elefantas y Dinosaurios: Un viejo tema de Almendra decía “Los elefantes saben olvidar, míralos como están, mira sus largas trompas sin razón; como huelen todo lo que está”. Lo que seguramente no olviden Pocha y su hija Guillermina, las elefantas del devastado zoológico mendocino, es que en 2016 anunciaron con bombos y platillos desde la Secretaría de Ambiente, su traslado a un “santuario” en Brasil para disfrutar de mejores condiciones de vida. Luego de 6 años de la exitosa gestión del funcionario que realizó aquella rimbombante “noticia”, ahora el mismo Secretario denuncia cancheramente por twitter que la Nación le impide concretar el traslado. Mingorance asegura que esto es una cuestión política por ser una "provincia opositora". Nada dice de que el cuestionamiento que recibió por parte del ministerio de Ambiente de la Nación se fundamenta en que el lugar del traslado no tendría las condiciones correspondientes por no tener habilitación como santuario y sí como criadero de elefantes. Una diferencia sustancial respecto de las condiciones acordadas. Para ello, desde la Secretaría nacional se pidió a las autoridades ambientales brasileñas mayores precisiones que aclaren la situación planteada. Como se comprueba día a día, la caradurez y falta de responsabilidad de los funcionarios del gobierno de Mendoza no reconoce límites.  “Los elefantes saben descansar, van a morir de paz”.

Horacio Rosatti, un juez que traspasa todos los límites.  Juntos por el Cambio (macrista y radicales) aliados a la Corte Suprema de Justicia de la Nación intentan tomar por asalto el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de designar  y remover jueces federales. Un botín que los “republicanos” intentan mantener domesticado para garantizarles impunidad a los funcionarios investigados por hechos de corrupción y, si la condiciones políticas lo permiten, usarlo como instrumento de persecución política, contra quienes  se crucen en el camino de sus negociados.

Estos son los hechos, como ya lo hemos señalado en otras columnas, que avergüenzan a  los argentinos y que hace que una enorme mayoría de ellos,   no crean  en los jueces  ni en sus instituciones.  Los miembros de la Corte Suprema son  funcionarios públicos que encabezan uno de los poderes del Estado pero que el pueblo no los elige;  tampoco  rinden cuenta por sus decisiones; cobran salarios y jubilaciones de privilegio y son vitalicios en sus cargos  entre  otras características de casta, lo que  se traducen en un comportamiento  corporativo, poco transparente,  donde prolifera  la impunidad y la discrecionalidad.

A pesar del repetido sonsonete propalado por los grandes medios de comunicación, sobre la tan mentada independencia de los jueces y la autonomía  del poder judicial,  la mayoría de los  magistrados están  embanderados políticamente,  así como también lo están sus decisiones y los  dictámenes que formulan.  Los escándalos permanentes de lawfare, mesas judiciales, promiscuidad con otros poderes del estado, fallos contaminados de parcialidad   son moneda corriente en el opaco mundo de la justicia argentina.

El caso de  Horacio Rosatti, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sintetiza como pocos,  la situación en la que se encuentra ese poder del estado.  Su llegada a la Corte  fue en medio de un escándalo,  ya que su designación fue realizada a dedo por Mauricio Macri,  en el 2015,  a instancia de Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín,   un miembro conspicuo de la “mesa judicial” y hoy  prófugo de la justicia por sus andanzas poco claras por  los pasillos de los tribunales federales.

También  Rosatti  fue protagonista de otro papelón, esta vez relacionado con uno fallo, cuando votó a favor de llamado 2X1,  un mecanismo jurídico  que favorecía a los represores de la última dictadura al reducir el tiempo de la condena. A fuerza de movilizaciones y rechazos multitudinarios, el Congreso Nacional terminó dictando una nueva ley  que prohibió definitivamente  la aplicación de ese beneficio a los condenados por delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra.  

  Este mismo magistrado hizo estallar otra crisis en la Corte cuando el año pasado, entre gallos y medianoche, se votó a sí mismo para ocupar la presidencia de ese alto tribunal que conducía Carlos Rosenkrantz,  aprovechando una sesión en que los números lo favorecían.    “Yo nunca me hubiera votado a mí mismo por más que fuéramos tres”, se lamentó en aquel momento Ricardo Lorenzetti, quien se había ausentado en esa ocasión.  

En uno de los últimos hechos bochornosos la Suprema Corte de Justicia, que ahora preside el ex intendente de la ciudad de Santa Fe,   declaró inconstitucional  la ley 26.080 del año 2006,  que redujo  de 20 a 13 la composición del Consejo de la Magistratura. La razón, contradiciendo su propia jurisprudencia es que los Supremos descubrieron, después de 15 años, que esa ley transgrede el equilibrio que exige el artículo 114 de la Constitución Nacional.  Más grave aún es que el dictamen de la Corte ordenó que el Consejo de la Magistratura disponga su integración en los términos de los arts. 2 y 10 de la ley 24.937. Esta ley ya había sido derogada en el año 2006 pero ahora sus Señorías dispusieron asumir facultades legislativas de diputados y senadores y restituír su vigencia

La verdadera razón es que,  al reestablecer la norma ya derogada, y tal como sucedió esta semana, el Consejo de la Magistratura pasó a ser encabezado por el presidente de la Corte, que no es otro que el insaciable y ahora súper poderoso juez Horacio Rosatti.  Se acaba de consumar un nuevo golpe institucional pero los defensores de la república y la prensa “independiente” festejan esta gravísima situación. Los efectos de tamaño bochorno se verán muy pronto.

Tractores PRO en Plaza de Mayo: Los dirigentes de Juntos por el Cambio armaron una protesta  contra el gobierno, movilizando a sus opulentos socios del campo.  El documento repartido en el tractorazo impulsado  por los sectores más privilegiados del país decía textualmente "Argentina nos pertenece", una síntesis perfecta de un sector minoritario de la sociedad que está convencido que, por la riqueza que acumulan, creen tener el privilegio de imponer su voluntad a la mayoría de los argentinos.  Mientras la inflación de los alimentos pone al 10% de la población en una grave inseguridad alimentaria, los agroexportadores que se movilizaron esta semana han multiplicado sus  ganancias de manera exponencial gracias a la guerra entre Rusia y Ucrania. Solo en la primer semana de este conflicto bélico, lo dueños de los soja, trigo y maíz y otros commodities agropecuarios, obtuvieron ingresos adicionales por más de 2000 millones de dólares debido al incremento de los precios internacionales.  Sin embargo, esto sectores, ciego a las necesidades del resto de sus compatriotas, solo los guía un insaciable interés de lucro. La gente PRO del campo tuvo su movilización y sueñan un segundo tiempo del macrismo en el gobierno: "queremos nuestro país de vuelta. Nos lo van a devolver, por las buenas o por las malas", decían sus panfletos en un tono amenazante no solo para el gobierno,  sino para el resto de los millones de argentinos que ven como estos sectores se quedan, cada día, con una porción cada vez más grande de la torta.