En la ventosa mañana de este miércoles, mamás del jardín Evita, que cerró sus puertas este mismo día, se convocaron en Casa de Gobierno para reclamar por el SEOS que contiene a 48 niños y niñas y permite que la mayoría de ellas, sostenes de familia, puedan salir a trabajar.

Roxana, abrigada y con su hijo Ulises en brazos, faltó al trabajo, porque no tiene donde dejarlo y se le hace insostenible mantener su fuente laboral sin el jardín Evita, donde su bebé pasa las siete horas que ella dedica a su empleo.

“Hoy falté, mañana también voy a tener que faltar. No sé cuánto voy a poder aguantar esta situación”, contó preocupada. El panorama que se le plantea a Roxana es el mismo que deberán afrontar muchas otras mujeres, madres y trabajadoras.

Porque el cierre del jardín maternal no sólo representa un problema en la trayectoria educativa de los niños y niñas de 1 a 3 años que a él asisten, sino que reviste una gravedad social enorme para las familias de una de las zonas más vulnerables y postergadas de la Ciudad.

Desde hace semanas las mujeres se organizan y movilizan contra el cierre del jardincito que encara la DGE, sin contemplaciones. En la manifestación de hoy, en Casa de Gobierno, las acompañó SADOP, el sindicato de docentes privados, que representa a las ocho maestras del SEOS que perderían su fuente de trabajo, también.

Luego de un par de horas a la intemperie, entre el frío, los changuitos en fila y sus bebés en brazos porque no tenían donde dejarlos, bajó una representante de la DGE que les informó que la Directora de Educación Privada, Beatriz Della Savia, recibiría a dos de ellas.

Dos mujeres, Marina y Eva, subieron. Trascendió, horas después, que la titular de la Dirección que tiene en su órbita a los SEOS, les informó de los incumplimientos de la Fundación Cachypum, a cargo hasta hace pocas semanas del comodato y gestión del jardín.

El resultado del encuentro fue casi nulo. Pasaron en limpio que, prácticamente, no hay marcha atrás con el cierre del jardín. Hubo quien planteó a la DGE que sea otra organización intermedia la que se haga cargo del SEOS, a lo que las autoridades se mostraron reacias, según comentaron.

Hoy, la DGE apunta a la Fundación Cachypum y a su responsable, Marcelo Jury, como absolutos responsables del cierre del jardín. Oportunamente, le achacaron irregularidades administrativas que motivaron el avance de la DGE sobre el SEOS.

Con eso, desde el 1 de marzo, el gobierno provincial dejó de subsidiar el sostenimiento del jardincito. Los salarios de las docentes de ese mes los desembolsó Cachypum, que anticipó en su momento que no contaban con espalda para aguantar el espacio educativo por mucho tiempo más.

Efectivamente, por estos días, se hizo saber a las docentes que ya no podrían solventar sus sueldos. Por otro lado, este mismo miércoles, la directora del jardín Evita, Belén Cabrera, se encontró con que fue borrado del GEM, la plataforma de gestión educativa de la DGE.

El titular de Cachypum estuvo en la marcha de esta mañana, a la espera de ser recibido por alguna de las autoridades del gobierno escolar, ante los reiterados reclamos que ha realizado desde la fundación por las acusaciones que se le hacen y contra el cierre del jardín.

Jury comentó que hace 53 días presentó un recurso administrativo a la DGE y al propio Thomas para que desestimen el argumento con el que cierran el jardín, pero a la fecha no ha tenido respuestas. “No he podido ver lo tuyo”, dice un mensaje del abogado del gobierno escolar que muestra Jury.

El representante de la fundación adelantó que ha planteado a funcionarios nacionales de la cartera educativa la situación que atraviesa el jardín ante el atropello de la DGE a ese espacio educativo y espera novedades en torno a ello, en pocos días.

Sin muchas expectativas, y con el jardín cerrado, las fichas de las mamás del SEOS están puestas en la justicia. El abogado Marcelo Venier, representante de las familias que integran la comunidad educativa, presentó tres recursos de amparo, la semana pasada, que la justicia tendrá que resolver durante esta semana.

Los amparos se apoyan en tres pilares: el derecho a la educación de los niños y niñas, el servicio fundamental que el jardín presta a la comunidad y la necesaria perspectiva de género cuando de políticas de cuidado se trata y en lo que respecta al acceso al trabajo de las madres de los niños y niñas que asisten al jardincito.

El Tercer Juzgado Civil, el Segundo de Gestión Asociada Civil y el Tercero de Gestión Asociada Civil, con la jueza Beatriz Salvini y los jueces Alfredo Dantiacq y Juan Pablo Civit, son los que tiene ahora la pelota para definir la situación del jardín.

Las esperanzas de las madres del jardín Evita penden de la decisión judicial. En el calvario de las mujeres, fueron recibidas esta semana por legisladoras del Frente de Todos, que plantearon la necesidad de avanzar con normas locales en materia del cuidado de la primera infancia.

Al margen de lo positivo del encuentro, se trata de un proyecto a largo plazo. Las legisladoras del peronismo propusieron un pedido de informes o, acaso, la visita de los responsables de la DGE para que den explicaciones por el cierre del jardín Evita.

¿Asistirán? Las y los funcionarios del Ejecutivo provincial tienen cabal experiencia en dilaciones y faltazos a la hora de ir a la Legislatura a dar explicaciones. Nada hace pensar que este caso sea la excepción.

En la misma línea cabe preguntarse: ¿qué hará la DGE si la justicia falla a favor de las madres del jardín maternal Evita? ¿Acatará y sostendrá económicamente el espacio educativo y social que contiene a 48 niños y niñas, hoy devenido en terreno de disputa y resistencia política, ideológica y simbólica?

Hoy, con resoluciones de difícil acceso para las y los involucrados, el gobierno escolar defiende el cierre (del Evita y de once SEOS más, como denuncia SADOP). Mientras, las madres y docentes cruzan los dedos para que ocurra un milagro: un “milagro” judicial, o apenas justicia social.