El Pan C de Portezuelo del Viento: La estrategia del gobernador Suarez para disimular la pobreza de su gestión es culpar al gobierno nacional por todo aquello que no sabe, no puede o no quiere hacer. Mientras que un ejército de socios políticos del gobernador se dedican a demonizar la gestión de Alberto Fernández, Mendoza sigue deslizándose por una pendiente que la aleja cada día más de la otrora líder y pujante tierra del sol y del buen vino. El gobierno provincial parece un espectador pasivo que nada tiene que ver con este retroceso que sufre Mendoza. Mientras los dirigentes del radicalismo y el PRO mendocino se dedican a su deporte favorito, que es pelearse por la sucesión de Suarez, un aceitado cordón sanitario de medios y empresarios amigos del poder, sostiene el relato de que los villanos están en la Casa Rosada. Estas teorías conspirativas no pasarían de una simple picardía criolla si no fuera que detrás de este juego descalificatorio se juega el bienestar de miles de mendocinos que ven esfumarse día a día las posibilidades de una vida mejor.

La persistente desaceleración de la economía provincial, según el relato autocomplaciente de los inquilinos de la calle Peltier 351 se debe, entre otras cosas, a que la provincia es muy dependiente del contexto macroeconómico nacional y, que Mendoza está entre los distritos más desfavorecidas en el reparto recursos nacionales. Traducido al lenguaje corriente, la culpa de una Mendoza en declive, es del gobierno nacional. Pensar que no hace mucho tiempo atrás el senador Alfredo Cornejo afirmaba que Mendoza “tiene todo para vivir como un país independiente”. Sin embargo el “modelo para pocos” que gestiona el radicalismo provincial, basado en el endeudamiento, bajos salarios, pobreza y desocupación, tiende a consolidarse y a perpetuar una Mendoza socialmente desigual, regionalmente marginal y aislada en el plano nacional.

Como ahora Rody Suarez no puede culpar “al gobierno anterior”, traslada sus frustraciones a las políticas nacionales, sobreactuando un mendocinismo ineficaz y contraproducente para los intereses de la provincia. Lo paradójico de la gestión radical es que ni siquiera contando con los recursos económicos, parece capaz de tomar las decisiones que pongan en marcha la economía local. El caso de Portezuelo del Viento, que este Panorama viene desgranando cada fin de semana, es un claro ejemplo de esta vacilación crónica.

Lo primero que hay que señalar es que Mendoza recibe trimestralmente de la Nación alrededor de 50 millones de dólares, que le corresponden como compensación por los perjuicios que sufrió la provincia por la promoción industrial. Este acuerdo extrajudicial se concretó en el año 2007 entre el presidente Néstor Kirchner y el ex gobernador Julio Cleto Cobos, con el fin de destinar estos recursos a la ejecución de la llamada la “obra del siglo”. A cambio, Mendoza desistiría de iniciar un juicio contra la Nación por el régimen de promoción industrial que afectó sus ingresos fiscales. El monto estimado para la construcción de Portezuelo del Viento fue fijado, por Ley

27.467, en 1023 millones de dólares. Nuevamente hay que señalar que el gobierno de Alberto Fernández viene cumpliendo rigurosamente con la trasferencia de los recursos estipuladas en el Convenio Marco firmado oportunamente. Por ese concepto Mendoza ya recibió alrededor de 400 millones de dólares, debiéndose completar la última cuota de amortización en octubre de 2024.

Tampoco la oposición política ha sido un obstáculo para avanzar con este proyecto. El Frente de Todos en Mendoza se manifestó públicamente a favor de la obra. Lo hicieron sus principales dirigentes así como los legisladores de ese conglomerado cuando dieron su voto favorable a la iniciativa, en circunstancias en que se ratificaba por ley, en junio de 2019, el convenio que la provincia suscribió con el gobierno nacional.

Sin embargo, con los recursos totalmente paralizados el gobernador, apelando a una chicana política, comenzó a poner en dudas la ejecución de la obra, luego de haberla anunciada con bombos y platillos y haber convocado a todos los sectores políticos, sociales, económicos y científicos para comprometerlos con el emprendimiento.

"Con esa plata puede haber una distribución en toda la provincia de obras de optimización del uso de agua" declaró sorpresivamente el gobernador en el mes de enero , poniendo en marcha el Plan B de la saga sobre Portezuelo. Para apuntalar los dichos de Suarez, sobre una posible reasignación de recursos, sus funcionarios en Irrigación y Aysam acercaron 23 proyectos que tienen en carpeta, 8 de los cuales ya pueden ser licitados por un monto que ronda los 230 millones de dólares, dinero que saldría de las remesas comprometidas para “la obra del siglo”. Esta “alternativa” quedó llamativamente abierta en el convenio que firmó en 2019 Alfredo Cornejo con el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, donde se modificó la finalidad del dinero y, si bien se dejó como destino principal de los recursos para Portezuelo del Viento, se agregó "u otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial”. Especular por las razones de este cambio de criterio requiere de una columna especial.

Esta última semana fue el turno de productores y organismos que integran la Unidad Mixta para el Desarrollo y la Sustentabilidad del Sistema Agroalimentario quienes le acercaron al gobernador un plan C, “si es que no se hace Portezuelo del Viento”. El Diario Uno recogió los dichos Nicolás Vicchi, subgerente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas, (Acovi) sobre el sentido de la reunión. “De no hacerse Portezuelo, tenemos la oportunidad histórica de destinar esos fondos a mejorar la infraestructura hídrica de la provincia, modificar el sistema de riego, de un sistema de oferta que tenemos hoy a uno de riego por demanda y otra posibilidad es la del trasvase del río Grande al Atuel que nos permitiría hacer un mejor uso del Río Colorado", afirmó el dirigente. La plataforma institucional de esta Unidad Mixta la integran el INTA, la Universidad Nacional de Cuyo, y por los Institutos Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales y el Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas del CCT Conicet Mendoza.

De los repetidos cambios de rumbo y de la incertidumbre que generan las confusas señales del gobierno provincial, se puede deducir que la ejecución de Portezuelo del Viento está más cerca de frustrase nuevamente que de realizarse. Y tal vez toda la saga de acusaciones, conflictos, marchas y retrocesos de este proyecto, se trate solo de una pantalla que agita el gobierno para no pagar el costo político de una obra que ya ha decidido archivar. En breve se verá cuál es el desenlace.

Los desafíos del peronismo mendocino: Si bien es cierto que la gestión radical de la provincia es pobre, no deja de ganar elecciones. El peronismo local no es competitivo y eso explica, en parte al menos, la paradoja que aún con malos gobiernos, Juntos por el Cambio continúe en el poder. Si bien es cierto que la mayoría de los medios trabajan abiertamente para el oficialismo, este blindaje no lo explica todo, como tampoco lo hace el caudal de recursos económicos del que dispone o el nivel de clientelismo político, que de distintas maneras, practica el radicalismo. Es claro que, para la mayoría de los mendocinos, el peronismo no es percibido aún como una alternativa política. Como lo demuestran las últimas elecciones, tampoco le alcanza para crecer el oponerse cerradamente al gobierno, o confundirse con él aplaudiendo ingenuamente todo lo que hace. El justicialismo mendocino necesita rediseñar su inserción en el escenario político provincial, no solo reforzando y renovando su conducción, sino trabajando con generosidad en la elaboración de un programa de gobierno de mediano y largo plazo que dé respuesta a la disparidad de intereses y necesidades existentes, y que también sintonice con las expectativas que hoy tiene la ciudadanía. Preparándose para lidiar en la arena electoral el año próximo, el peronismo mendocino ya comenzó los aprontes en un contexto nacional donde las tensiones entre Alberto Fernández por un lado y Cristina Fernández de Kirchner y la Cámpora por otro, pautan el andar del Frente de Todos. Con este trasfondo, resulta aún prematuro pronosticar cuál será la estrategia del peronismo y el kirchnerismo mendocino para resolver la elección y el posicionamiento de sus futuros candidatos. El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, de creciente gravitación en el gobierno nacional y referente de la Corriente Nacional de la Militancia en la provincia, anticipó que la estrategia de su sector apunta a fortalecer al gobierno nacional y sostener la unidad de la coalición de gobierno. Habiendo participado recientemente de un encuentro nacional de este sector en la ciudad de Rosario, el ex presidente del Partido Justicialista de Mendoza cree que no es aún el momento de hablar de candidaturas sino de propuestas programáticas para recién luego abordar la movilización electoral.

También la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti junto a la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, recorrieron los departamentos de General Alvear y Malargüe para acompañar la asunción de Néstor Otero y Daniela Favari, dirigentes que asumieron la conducción partidaria en sus distritos. Este raid por el sur provincial no solo les sirvió a las dirigentes para mostrase públicamente sino para enviar señales sobre cuáles podrían ser sus pretensiones políticas para el año próximo. También movieron sus piezas algunos referentes justicialistas en un acto realizado en Guaymallén, convocatoria que encabezó el senador provincial Rafael Moyano, y al que concurrieron el intendente de Lavalle Roberto Righi y otros dirigentes y legisladores. Con distintas improntas políticas pero con el mismo objetivo, estas expresiones comienzan a configurar vagamente un escenario posible. Se verá cuál será su derrotero.

La Inflación de Marzo: La pérdida del valor del dinero a causa de la inflación es la más importante preocupación de los argentinos y combatirla, la responsabilidad más urgente que tiene el gobierno. La inflación de marzo fue de 6,7%, la más alta de la gestión de Alberto Fernández, acumulándose un total de 16,1% sólo en los tres primeros meses de este año.

Sin embargo, un mirada más minuciosa revela que lo rubros que más subieron fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, educación, indumentaria, vivienda, servicios y combustibles. Y dentro del rubro de los alimentos, que registró un aumento promedio del 7,2%, los productos que más se encarecieron fueron el pan, la leche, los huevos, la carne y el azúcar, alimentos básicos

indispensables en una dieta básica. De esta manera el incremento promedio de los alimentos en el primer trimestre del año subió el 20,9 %. Un verdadero flagelo en la vida diaria de millones de argentinos, que se traducirá en un alto político, de no atacarse rápidamente sus múltiples causas. Como dice Mario Wainfeld en este tema “el rol del Gobierno luce desdibujado, casi como maestro de ceremonias de la puja distributiva”.

La inflación es un fenómeno multicausal, en consecuencia la respuesta estatal debe ser también variada, coordinada y categórica. Es allí donde el gobierno debe poner toda la energía y poder político ya que lo que se disputa es la distribución de los ingresos entre los distintos sectores de la economía. En las actuales circunstancias no es el salario ni el consumo la causa de la escalada inflacionaria. Su origen está en otras variables, entre ellos en los beneficios que obtienen algunos sectores dominantes de la economía. Entre el menú de alternativas para dar batalla a este flagelo, es prioritario combatir la inflación importada desenganchando el incremento de los precios internacionales de los internos vía suba de las retenciones. También debe combatir los monopolios y oligopolios, controlando con mayor rigor a los formadores de precios, ya que este es otro de los compromisos asumidos por el gobierno. Debe, a su vez, disuadir o sancionar a quienes remarcan “por las dudas”, sin ningún tipo de fundamento o lo hacen con la excusa de mantener la rentabilidad. También es necesario seguir alentando una mayor inversión en la economía, que sea capaz de atender una demanda creciente, sin que este incremento del consumo se traslade a los precios.

Intentar estabilizar los precios con recetas monetaristas agudizarían aún más los problemas. Esto llevaría inevitablemente a una contracción del gasto público, reducción de la inversión en obra pública y de los salarios de los trabajadores en general y de los estatales en particular; también achicaría el gasto social ajustando las jubilaciones o los programas sociales, profundizando así la desigualdad y la exclusión. Por el contrario, lo más urgente es sin dudas ir en auxilio de los sectores más desprotegidos económicamente, transfiriendo ingresos a través de todos los instrumentos de ayuda social con los que cuenta el gobierno, incluyendo salarios y jubilaciones mínimas, para compensar al menos en parte, la pérdida de ingresos sufrida por este casi 40% sector de la población.

Bajar la inflación a niveles aceptables es urgente, pero su tratamiento es primero un problema político y luego económico y social. La coalición del Frente de Todos, que hoy tiene el control de los resortes de la economía, debe primero consensuar estrategias, acordar políticas y respaldar las decisiones mancomunadamente. Si las disputas internas están por encima de las necesidades de la gente, el gobierno no solo perderá la guerra contra la inflación sino también el apoyo mayoritario de la ciudadanía.