El jardincito Locos Bajitos es un SEOS que funcionó hasta este miércoles en Dorrego, Guaymallén. Atiende la demanda de 47 niños y niñas menores de 3 años, cuyas mamás y papás dependen de ese espacio educativo y de contención social para poder salir a trabajar.

El jardincito, que es un Servicio Educativo de Origen Social, estaba en manos de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, como entidad intermedia, y funcionaba en un inmueble alquilado. a principios de marzo, las familias se enteraron de la intención de venta de la vivienda que hacía las veces de establecimiento.

Las directivas del jardincito Locos Bajitos pidieron colaboración a madres y padres para buscar una nueva vivienda donde montar el jardín. Las familias colaboraron, se movieron, aportaron datos e información a ATE, para dar con un nuevo espacio donde instalarse.

Pasó el tiempo, sin mayores precisiones para las familias y trabajadoras de la institución. Hasta este martes, cuando se le comunicó informalmente, por mensaje de Whatsapp, que debían desalojar la casa esta misma semana.

Según cuenta Florencia Cardozo, mamá de un nene que asiste al jardín Locos Bajitos, “ATE decidió disolver la institución, que las docentes pasen a manos de la Municipalidad de Guaymallén y que los niños y niñas sean reubicados”.

Con ello, los niños y niñas han tenido clases solo hasta este miércoles, “quedando a la deriva, a disposición del municipio sobre donde reubicarlos, con el trastorno que representa para las familias y para los niños que están en su periodo de adaptación”, enumera Florencia.

“Es un abuso al derecho de los niños y niñas, es una invasión a su espacio, nos enteramos que ATE desde febrero está pidiéndole al municipio que se haga cargo porque ya no quieren ser más la asociación intermedia al frente del jardín. Y a nosotros nos avisan 48 horas antes”, denuncia la mamá.

A lo que agrega: “Están arrebatándonos la institución, informalmente. Ni siquiera nos han dado un comunicado oficial. Han tenido que poner la cara las maestras y nosotros estamos intentado conservar la institución”.

La propuesta de las madres y padres es “conseguir otro inmueble, con otro alquiler, y trasladar la institución tal cual está a otro lugar”. “Todos los padres y madres nos ofrecemos a colaborar con eso”, pide Florencia Cardozo en su desesperación.

Desde la DGE, comenta Florencia, desconocieron la situación, indicaron que no fueron notificados de estos cambios por la entidad intermedia e indicaron, a las familias, que el reclamo deben dirigirlo a ATE, ya que tenían a cargo la gestión del jardincito.

Las autoridades de ATE, prácticamente, evadieron dar explicaciones o referirse a los motivos por los que se desprenden y, con ello, se cierra el jardín Locos Bajitos. Básicamente, manifestaron a través de su encargado de prensa: “No vamos a hacer declaraciones sobre ese tema puntual”.

El caso del jardín Locos Bajitos se suma a la serie de SEOS cerrados y algunos, con suerte, municipalizados, desde 2016. SADOP, el Sindicato de Docentes Privados, ha relevado los 18 casos de jardincitos que, mayoritariamente, han desaparecido del mapa educativo y social de la provincia.

Eugenia Álvarez, Secretaria de Educación de Gestión Social y Cooperativa del sindicato precisa los jardines cerrados y municipalizados desde la gestión de gobierno de Alfredo Cornejo: 18 en total, 12 cerrados definitivamente y 6 municipalizados.

Los cerrados son: Chaquira, Sol y Sierra, María Madre, Estrellas de Esperanza, San Isidro, Luis Alberto Spinetta, Tribu Inquieta, Arrumacos, Kerubines, Gotitas de Amor, Ayúm y el Evita, caso resonante y aún en disputa por madres y docentes en la escuela hogar Eva Perón.

Los municipalizados, es decir, donde las docentes pasaron al ámbito de distintas comunas y los niños y niñas fueron reubicados, en el mejor de los casos, son: Tupaqueritos, Pequeños Gigantes, Angélica Jofré, Obrerito, Casa de los Ángeles, y, aparentemente, Locos Bajitos.

“Hasta 2016 había 381 SEOS en total. Desde ese año a la fecha, cerraron 12 y municipalizaron 6. Hoy tenemos 293 SEOS municipales y 76 privados”, detallan desde SADOP. Pero, principalmente, subrayan la vulneración que el gobierno ejerce sobre el principio de universalidad.

El principio de universalidad, por su rango constitucional, obliga al Estado a que sus políticas en las diversas áreas aseguren el efectivo goce de los derechos de todas las personas y todos los habitantes. De esta forma, se está avasallando el derecho de familias y niños y niñas de un servicio educativo y social que el gobierno debería garantizar, explica Eugenia Álvarez.

Misma situación y misma demanda se vive por estos días en el jardincito Evita, de la escuela hogar Eva Perón, cuyas mamás, docentes y pequeños alumnos y alumnas se encuentran movilizadas, avanzando con acciones legales que se sostienen en estos mismos derechos.

Por un lado, desde los derechos de niños, niñas y adolescentes, garantizados en convenciones internacionales; por otro, en el acceso a un servicio que “caprichosamente” les es arrebatado; y finalmente, desde la perspectiva de género, “ante la nula política de cuidado que este gobierno omite”, refiere el abogado Marcelo Venier, representante del grupo de manás del jardín Evita.