Datos de Empleo: En esta semana el INDEC dio a conocer datos sobre empleo del último trimestre del año 2021, que son complementarios de los ya analizados. En ellos se confirma lo que se venía afirmando en ediciones anteriores de esta misma columna, una sostenida recuperación del empleo, producto de la mejora experimentada por la actividad económica, pese a la alta tasa de inflación que se refleja sobretodo en la suba de alimentos.

También hay que decir que estos nuevos puestos son de menor calidad respecto a los perdidos desde la crisis de 2018 en adelante, reflejado en el aumento de monotributistas y de  empleo en negro. De todas maneras, representa una tendencia favorable que se viene manteniendo durante al menos los últimos siete trimestres. Por aquí, la tasa de desempleo en el Gran Mendoza se situó en el 6,8 % lo que implica una baja de 4,2% con respecto al cuarto trimestre de 2020. Esta tasa de desempleo implica que, para el Gran Mendoza, la desocupación alcanza a unas 35 mil personas. La tasa de actividad se ubicó en el 49,7 %, y la tasa de empleo, en el 46,3%.

Pero los problemas de empleo no sólo se miden como desocupación. En Mendoza los bajos ingresos son una característica de la mayoría de los ingresos, por lo cual no extraña que más de un cuarto de la población empleada (26,2 %) esté buscando un segundo empleo o uno mejor remunerado. Este porcentaje es más elevado que el promedio nacional, que llega al 17,4 %.

Esta endemia de bajos salarios y precariedad que muestra el mercado laboral mendocino y al que nos referimos ampliamente hace dos semanas, también es practicado sistemáticamente hasta por el propio Estado, quien debería luchar para erradicarlo. Un ejemplo ilustrativo: por estos días, profesionales de la salud hicieron una multitudinaria asamblea en la puerta del Hospital Humberto Notti y manifestando su intención de renunciar ya que son médicas y médicos que ejercen en guardias con contratos de locación o facturando por montos muy bajos, una modalidad que viene de años y que se perpetúa porque en el sector privado también se recurren a estas prácticas de precarización de manera indignante.

Es de imaginar que la situación de las y los contratados del sector que no son profesionales es mucho peor.  Son cerca de 100 los prestadores dispuestos a renunciar. "Los profesionales han dicho basta. Necesitan blanquear esta situación para regularizarla", expresaron desde Ampros, un gremio proclive a arreglar siempre con el gobierno.

 Siguiendo con el tema de los menguados ingresos estatales y los cierres extorsivos de paritarias, Suárez anunció con cinismo una suba del 20% en las asignaciones familiares. "Luego de analizar los pedidos realizados por los distintos representantes, el Gobierno de Mendoza ha decidido incrementar prioritariamente las asignaciones familiares a aquellos agentes estatales que perciban ayuda escolar por tener hijos menores en el sistema educativo". Desde ANSES, pusieron blanco sobre negro lo que se percibe en la órbita nacional y provincial. "El aumento de las Asignaciones Familiares para empleados estatales de Mendoza lleva su valor a $1.901, mientras que la Anses paga al resto de los y las mendocinas $6.375". Lo cierto es que las AA.FF. provinciales deberían aumentar progresivamente hasta alcanzar los valores nacionales y actualizarlos periódicamente “para evitar la discrecionalidad, retraso y pérdida de poder adquisitivo de una prestación elemental que tiene carácter alimentario". A esto obviamente no respondieron los voceros habituales de la gestión radical.

Entre gansos macartistas y macristas negadores: En la previa a la conmemoración del Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia, el exabrupto recurrente de JxC estuvo esta vez a cargo Marcelino Iglesias. El intendente de Guaymallén, refiriéndose a la fecha en una escuela de este departamento, hizo gala de todo el repertorio de la añeja teoría de los dos demonios. Sostuvo que el golpe cívico-militar estuvo originado en el descontento de la sociedad civil, lo que habría dado lugar a la aceptación social de la asonada. Para él, "la mayoría del medio" quedó sometida a la lucha entre dos facciones igualmente criminales. Con argumentos maniqueos, terminó justificando la irrupción del terrorismo de Estado, como si éste último no tuviera la obligación ética, moral y constitucional de sostener la legalidad a toda costa. Paradójicamente, cerró la “clase magistral” instando a “tener memoria para exigir justicia”. Para que el derrape fuera completo, luego terminó afirmando que “sólo” fueron 8.000 las víctimas y no 30 mil, con la misma liviandad con que lo había dicho Macri cuando era presidente. Sin palabras.

De la misma matriz gorila fue el pretencioso “llamado a la reflexión” que le hizo el referente local del Pro, el diputado Omar De Marchi, a través de una carta al presidente de Chile Gabriel Boric, solicitando que no sea nombrada como embajadora en Argentina a Bárbara Figueroa, una dirigente histórica del Partido Comunista que integra la coalición gobernante en el vecino país.

El improcedente pedido del ex ganso está en sintonía con otras voces ultraconservadoras de los dos lados de la cordillera, como la del propio ex candidato presidencial chileno derrotado, José Antonio Kast, quien calificó el posible nombramiento de Figueroa como “absurdo".

El Secretario de Malvinas de Cancillería, Guillermo Carmona, no dejó pasar esta pretensiosa injerencia en los asuntos internos de un país hermano, una desubicación política inexplicable, calificando acertadamente a De Marchi  como un "macartista del siglo XXI". “Disculpe presidente Boric, no todos en Mendoza pensamos así”, cerró el mensaje twittero del dirigente de la Corriente Nacional de la Militancia.

Mientras, los importantes debates por los que transitan los caminos de la política nacional, quedan parcialmente solapadas en Mendoza por la falta de gestión de políticas públicas de un gobierno que prefiere enfocarse en el marketing y en la cosmética.  Existen situaciones gravísimas como la inseguridad, donde el ministro del área, Raúl Levrino, es prácticamente un fantasma que desaparece en los momentos más críticos dejando a las claras la inoperancia y torpeza de la policía provincial en casi todos los casos. El último de los hechos fue el asesinato de un trabajador de Cuyo Placas en plena Costanera Norte y que hoy es materia de movilizaciones sociales exigiendo no sólo justicia, sino políticas integrales articuladas para la prevención del delito y la protección de las y los ciudadanos.

Crisis en Frente de Todos:  El gobierno de Alberto Fernández atraviesa un momento decisivo de cara al 2023.  Concluida la negociación con el FMI, y  más aliviado de  las urgencias que imponían los tiempos de la negociación ,  el gobierno reinicia ahora el difícil camino de remontar una situación política, económica y social  cuyo resultado es, por su complejidad, incierto. Pandemia, deuda, inestabilidad internacional  son alguno de  los obstáculos que debió enfrentar hasta aquí la gestión del Frente de Todos, factores que agudizaron aún más la dificultades  heredadas del gobierno de Juntos por el Cambio.  

El más apremiante de los problemas es la crisis política que atraviesa el espacio político que llevó a Alberto Fernández al poder  y de cuyo desenlace depende en gran medida el futuro del gobierno del FdT.  El debate parlamentario sobre el acuerdo con el FMI marcó el punto más alto de la interna que disputa el cristinismo con el sector alineado con el presidente. Con acusaciones cruzadas, la embestida públicas de la vicepresidente Cristina Fernández y de Máximo Kirchner contra el gobierno, del cual forman parte,  ha puesto en crisis la coalición y, en consecuencia, la unidad del FdT. La salida de este laberinto es complejo y, de existir una,  dejará heridos políticos y desconfianzas que difícilmente podrán suturarse. Es el momento de aplicar lo que acertadamente definió Cristina Fernández de Kirchner cuando en el 2019   anunció que sería candidata a vicepresidenta de una fórmula con Alberto Fernández:   “La expectativa o la ambición personal tienen que estar subordinada al interés general”.   

Hay quienes, como el mismo Alberto Fernández siguen apostando a la unidad.  “No podemos darnos el lujo, por la causa que sea, narcisismo, egoísmo, política, de desunirnos” afirmó públicamente.  Pero  también  dejó en claro que,   “No existe la presidencia colegiada, puedo escuchar a todos pero las decisiones las tengo que tomar yo”, señalando a quienes buscan imponer, condicionar o subordinar la decisión  presidencial a sus propios puntos de vista. También, como ya lo ha dicho antes, es consciente que la sola unidad no es suficiente  si lo que  se quiere evitar es la vuelta del neoliberalismo al poder. Para darle fortaleza a esa unidad de los sectores que representan a los intereses de la mayoría, es requisito indispensable acordar políticas,  consensuar decisiones, asumir riesgos, prescindir de  especulaciones sectoriales y acompañar  las decisiones de gobierno, sin por ello dejar de expresar las diferencias y los matices en los ámbitos apropiados.  

Cercanos a esta posición,  están quienes confían en volver a tender puentes entre los sectores en disputa.  Imaginan que aún hay margen para reconstruir el tejido dañado. El diputado y sindicalista Hugo Yasky  señaló que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "tienen la obligación de reconstruir la unidad del Frente de Todos”.   O el mismo Germán Martínez, presidente del bloque del FdT en diputados quien declaró  que,   "Todos nos tenemos que transformar en constructores de unidad y de puentes desde el lugar que nos toque".  Este es un camino deseable pero, en algún punto improbable,  si quienes patean el tablero de la unidad utilizan el desgaste del gobierno y la ruptura del frente como base de acumulación política o electoral. 

Pero los deseos presidenciales chocan también frontalmente con quienes han decidido, desde el interior del FdT, atacar abiertamente tanto a los funcionarios alineados detrás del AF así como el rumbo de la política oficial.  Abundan los gestos y declaraciones de quienes han blanqueado su enfrentamiento  al gobierno siendo muchos de ellos, paradójicamente, parte sustantiva de la gestión. Sin dudas una contradicción con la que no podrán convivir por mucho tiempo. Es notorio también que, al interior de estos sectores, muchos apuntan a terminar con la precaria unidad existente por sentirse a sí mismo como  portadores de una mirada y una práctica superadora y para quienes, aquellos parlamentarios del bloque oficialista que votaron en contra del acuerdo,  no significan un retroceso del FdT sino por el contrario,  debe leerse como  la aparición  una nueva alternativa en proceso de gestación. Tampoco faltan  quienes detonan  esta crisis o siembran la confusión solo para sacar ventajas,  a partir del más descarnado cálculo político.  Si bien son los menos, su incidencia suele ser en muchos casos, determinante.

Los beneficiarios directos de este desgaste del gobierno es la oposición de Juntos por el Cambio y sus encumbrados socios de negocios, quienes aprovechan la coyuntura para condicionar al gobierno desde los medios de comunicación y el Congreso, mientras ganan tiempo y evaden su responsabilidad por el  desquicio que dejó su gestión.  Mauricio Macri entre tanto juega al bridge y elogia las políticas del extinto  Carlos Menem.

  Queda un año y ocho meses de gobierno del FdT. La reconfiguración de la coalición es una de las posibilidades. Por ahora son los gobernadores justicialistas, la CGT, el massismo, los principales aliados que tiene  AF para avanzar en la gestión. Es una incógnita lo qué hará de aquí en más Cristina Fernández y La Cámpora. De su decisión dependerá el futuro de la alianza que llevó al poder en esta etapa.

Inflación: El gobierno de Alberto Fernández se ha embarcado en una campaña contra la inflación buscando atacar todas sus causas. El presidente es muy consciente que la  inflación tiene un poder destructivo sobre los ingresos de los sectores populares. La experiencia de sufrir el incremento constante de los precios y la impotencia de no poder acceder a un conjunto creciente de artículos de primera necesidad,  quiebra toda expectativa y confianza sobre el gobierno y sus promesas de un mejor futuro para todos. El proceso es sencillo. El aumento de los precios se convierte  en una pérdida del poder adquisitivo de los salarios. El mismo  ministro de Economía, Martín Guzmán,  ha dicho también  en reiteradas oportunidades que atacar la el problema de la inflación es una de sus prioridades. 

La causa, según los economistas liberales, es que el gobierno  gasta más de lo que debería. Sin embargo, solo para señalar un caso, el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, terminó con una inflación del 53%, la más alta en los últimos 20 años, sin contar que tomó la deuda más grande la historia argentina. Sin embargo persisten en culpar  a la emisión monetaria asociada al déficit fiscal como la fuente de este mal endémico en Argentina.

Si bien hay razones multicausales asociadas a la inflación, entre ellos el déficit fiscal, en Argentina este fenómeno está relacionado en gran medida a la concentración monopólica que existe  en el mercado interno; sectores concentrados de la economía con la capacidad suficiente de fijar los precios y así aumentar sus márgenes de ganancia , en especial en el rubro de los alimentos. Como lo vienen repitiendo hace décadas,  estos formadores de precios culpan al  aumento de los costos, su compulsiva conducta a remarcar casi semanalmente la  mercadería.  Para Roberto Feletti, “la inflación de góndola es una inflación monopólica”, y afirmó que “no puede pensarse que 50 empresas van a abastecer el consumo de 50 millones de habitantes” Llamativamente  el Jefe del gobierno Horacio Rodríguez  Larreta coincidió en su oportunidad con este diagnóstico "Hay que ir contra los monopolios, los monopolios no ayudan a bajar la inflación. En general, sin hablar de una industria en particular", diagnosticó el alcalde porteño.

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, sostiene que el gobierno enfrenta un ataque especulativo al que piensa atacar con nuevas medidas.  La novedad es que esta vez, va a ser monitoreada también la conducta comercial de los negocios de cercanía, donde se estima que se compra el 60 por ciento de los productos de primera necesidad. Denunció a su vez que 10 grande empresas  no cumplieron con  80 al 90 por ciento de lo pactado con el gobierno y las  intimó a retrotraer, en tres días, esos últimos aumentos.

También el escenario internacional atenta contra esta política. El  aumento de los precios, como  alimenticios y energía, a raíz de la guerra  están siendo trasladado al mercado doméstico.   Allí radica otros de los desafíos: desenganchar los precios internacionales de los locales. En medio del pataleo de los grandes exportadores, el gobierno creo, por ejemplo, un fideicomiso triguero para moderar el aumento de las harinas y derivados. Se verá si da el resultado esperado.

No quedan dudas que la inflación es el principal factor que afecta la vida de los argentinos.  Si bien hay que ponderar favorablemente la recuperación económica, el crecimiento del empleo, el aumento de la recaudación tributaria, y una leve tonificación de los salarios, la presión inflacionaria no cede. En este sentido, la estrategia debe ser integral, tanto en lo macro como en lo microeconómico; debe apuntar a todos los sectores llegando tanto a las grandes superficies como a los negocios de cercanía. Pero si además de los controles y sanciones,   no  se aumenta la inversión y no se combate la concentración monopólica,  muy difícilmente llegue el alivio a los consumidores